EL NUEVO DÍA conoció que la delegada de la Procuraduría Provincial, Ligia Aguilar Gómez, evaluará si la decisión de la Administración de adicionar el ítem a la Unión Temporal 2015 y que ejecuta el contrato por 73 mil millones de pesos en el Parque Deportivo, no es contraria de la ley al haber sido licitada en un proceso distinto o licitada por selección abreviada.

Sobre esta última, se evaluará si estaría acorde al decreto 1510 que reglamenta el sistema de compras y contratación pública debido a la cuantía del proceso.

No obstante, Aguilar Gómez envió desde el pasado 28 de marzo, dos días antes de declararse desierta la licitación, observaciones en las cuales no se encontró justificación en los estudios previos para que en el pliego de condiciones se estableciera, que cada propuesta conjunta en consorcio o unión temporal, pudieran participar dos o máximo tres personas. Así mismo que esta limitación para asociarse no está prevista en la Ley 80 de 1993 y no se evidencia cómo tal requerimiento o aporte a la selección objetiva del contratista o en su calificación técnica, operativa o de experiencia, mientras que se podría estar induciendo la forma de asociarse de los futuros oferentes.

En cuanto al contenido económico objeto de evaluación, la procuradora provincial manifestó que tampoco se evidenció justificación para determinar tanto el porcentaje de imprevistos (3%) como el techo y piso para cada uno de los ítems previstos en el costo directo, ni el soporte para establecer en el 24% el máximo porcentaje por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), lo que posiblemente implique inducir los costos de administración del proyecto.

Con base en el análisis técnico científico de ingenieros y economistas de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, este organismo de control recomendó definir un índice razonable de liquidez y un índice de rentabilidad del patrimonio y del activo conforme a la realidad y dinámica actual del sector de la construcción y la infraestructura, sin que se afecte el desarrollo normal de la ejecución contractual y sin que se limite la participación de potenciales oferentes.

En términos generales, la Procuraduría Provincial de Ibagué sugirió revisar todo el proceso precontractual de la licitación Pública 05 de 2015. Estas observaciones se deberán tener en cuenta de convocar nuevamente el proceso y la selección de oferentes.