La ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, decidió no acceder a las pretensiones de la Pía Comunidad Salesiana y sus coadyuvantes Arquidiócesis de Ibagué y las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento que solicitaron la revocatoria parcial de la resolución 799 de 31 julio de 1998 que declaró como Bien de Interés Cultural Nacional el edificio de la Granja San Jorge y sus 130 hectáreas.

Según la resolución 1545 del primero de junio del presente año, el Ministerio de Cultura establece que no hay elementos de juicio que permitan resolver a fondo la solicitud de nulidad del acto administrativo y conmina a las partes propietarias a adelantar las gestiones necesarias para la formulación del Plan y Manejo Protección (Pemp) del bien.

La comunidad salesiana argumentaba reducir el área afectada como ‘BIC NAL’ al edificio principal donde funciona el centro educativo Amina Melendro y las 37 hectáreas propiedad del municipio en la cual se encuentra la construcción, dejando liberado de la afectación de la declaratoria las áreas restantes de la Granja.

Según lo expuesto en la demanda, la Granja San Jorge habría perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria, lo que causaría un agravio injustificado a los propietarios.

Además, la Pía aseveró que con las subdivisiones realizadas y por el transcurso del tiempo, el entorno del edificio ya no es de un centro agropecuario, sino que en parte del mismo funciona el Jardín Botánico San Jorge, que constituye una reserva forestal que no resulta apta para la agricultura.

E insiste en la inexistencia de estudios que den fundamento técnico, valorización ambiental o análisis en términos de paisaje que expliquen o motiven el haber incluido dentro de la declaratoria las 130 hectáreas alrededor de la edificación.

Para la Pía el hecho de mantener la declaratoria sobre la totalidad de los predios que conforma la granja constituye una carga enorme para los propietarios, sin que exista fundamento legal para ello, como tampoco una contraprestación o compensación que la equilibre.

Según la solicitud la intención del Ministerio era proteger únicamente el edificio sin incluir sus alrededores.

La formulación del Pemp es clave

No obstante, la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba le resulta inaceptable la interpretación sugerida por la Pía Salesiana en el sentido que la misma se refería únicamente al edificio ya que la declaratoria es integral de la totalidad de la granja, resaltando sus valores estéticos, tecnológicos y ambientales.

Y aclara que el Ministerio no conoce de la existencia de estudios actualizados sobre el predio que puedan aportar elementos de convicción sobre el estado en que se encuentra el mismo, su utilización, reglamentación urbana que lo afecta y que permitan realizar una afirmación tan contundente, según la cual el bien ha perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria.

La Ministra resuelve solicitar a los peticionarios para que procedan a elaborar el Plan de Manejo y Protección de manera que se pueda tener un pleno conocimiento del estado actual de la totalidad del predio, esto es, que comprenda no solo la construcción del edificio principal, sino las 130 hectáreas señaladas en la resolución 799 del 31 de julio de 1998.

Es válido recordar que la Pía Comunidad Salesiana se encontraba en negociaciones para la venta del predio con la multinacional Inacar de la que es parte la concejal Luz Nelly Arbeláez en Ibagué para desarrollar un proyecto de apartamentos en áreas circundantes al edificio.

La voz

El jefe de la oficina Jurídica de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas Ayala, reiteró que cualquier tipo de intervención de desarrollo urbano que se pretenda hacer sobre la Granja debe contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura.

De acuerdo con el vocero para adelantar un desarrollo urbanístico no es indispensable el Pemp pero sí el concepto y aprobación del Gobierno nacional.

Sin embargo, Vargas señaló que para el caso del proyecto urbanístico Inacar si se encuentra contemplado en predios de la Granja se requiere la formulación del Pemp.

Es de destacar que la Pía Comunidad Salesiana es propietaria de 116 hectáreas, la Arquidiócesis de Ibagué ocho hectáreas, Hermanas Mercedarias 1.5 hectáreas y el municipio 4.7 hectáreas.