No solo genera preocupación que durante el primer semestre de 2015 en Ibagué se han registrado 90 casos de potenciales suicidas, sino que también las clínicas cada vez tienen mayor déficit económico, lo que las está obligando a cerrar sus servicios.

En debate en el Concejo, la Secretaría de Salud local informó que a mayo de 2015, un ocho por ciento de la población ibaguereña en condiciones de vulnerabilidad estuvo sin aseguramiento a una entidad prestadora de salud, esto ocurre en los niveles Uno y Dos del Sisbén.

De 254 mil 267 personas que harían parte del nivel Uno en dicho sistema, 15 mil 835 estarían sin afiliación al régimen de salud; en el caso del nivel Dos se cuenta a 43 mil 169 personas, de las cuales cuatro mil 89 tampoco contarían con el servicio de una EPS, y para el nivel más Dos, con 58 mil 971 personas, ocho mil 980 estarían sin ser afiliadas al servicio.

El concejal Pedro Mora aseguró que en Ibagué no se está garantizando el respaldo a la comunidad para los temas de Salud Pública.

Y esto, según el Ministerio de Salud, “es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida”, indicó.

El suicidio

Entre los problemas de salud pública estarían los ambientes depresivos que en muchos casos conducen al suicidio, y que cada vez van en aumento.

La población más vulnerable para tomar esta determinación es de adolescentes y los adultos mayores; en 2014 se registraron 273 potenciales suicidas en Ibagué.

Aunque la Administración municipal asegura que existe una linea de atención con personal capacitado para atender un caso depresivo, se estaría requiriendo de una mayor estructura para mejorar la red de servicios.

Clínicas

La crisis económica golpea tanto a las entidades prestadoras de salud como a la clínica que brinda sus servicios a pacientes de oncología en el barrio Cádiz, donde se le debería honorarios a varios empleados, tal como acaba de suceder con la clínica Minerva que está completamente vacía y a punto de cerrar para siempre sus puertas.

Hay otras entidades como la clínica Tolima y hasta el mismo hospital Federico Lleras Acosta, que requieren del pago de las EPS para fortalecer sus servicios.

En Ibagué se cuenta con cerca de 550 mil personas afiliadas al sistema de salud, a quienes el Gobierno nacional destina en el régimen subsidiado $563 mil 590, de manera anual lo cual pertenece al UPC, Unidad de Pago por Capitación, esto para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), y para el régimen contributivo corresponde el valor se de $629 mil 974, que se entregan a las EPS.

Es decir que estas entidades reciben el POS correspondiente a cada persona y son ellas las que deben pagar a los centros de salud por la atención que se brinde.

El concejal Jorge Bolívar indicó “que cómo son capaces de decir que no tienen plata para pagar, mientras les están girando dinero, y entre tanto aquí se cierran los centros asistenciales”.

Y complementó diciendo que “Caprecom es la consentida del Gobierno, porque la utilizan para pagar los favores políticos, además es la EPS más grande que tiene el país, y al Ministro pareciera que solo le interesa el dinero, y no la vida humana”.

Además, la secretaria de Salud, Gilma Lucía Peña, reveló a los cabildantes que ni siquiera a ella le contesta al teléfono el Gerente de Caprecom en Ibagué.

Acciones locales

A pesar de que se trata de una problemática nacional, aseguraron que la Capital Musical está en estas condiciones por adoptar una posición “pasiva” y sin acciones contundentes.

El cabildante Bolívar propuso que los líderes políticos que fueron elegidos para representar a la población como el Alcalde, el Gobernador, los concejales, los diputados, los tolimenses en la Cámara de Representantes y la Senadora electa deberían apersonarse y gestionar ante el Gobierno nacional.

“Recordemos que no solo se afecta la salud, sino también el bolsillo de muchas familias que quedan desempleadas, y pacientes que deben ser trasladados a otras ciudades para efectuar un procedimiento que se puede hacer en Ibagué pero que por la falta de camas se debe tomar la decisión”, indicaron.

Arresto a representante de Nueva EPS

 La representante legal de la Nueva EPS regional Centro Oriente, Ana Isabel Triana, sería sancionada con ci nco días de arresto en las instalaciones del comando del distrito de Policía en Bogotá, porque habría desacatado la orden del juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué para brindar unos servicios a un paciente.

La acción de tutela fue presentada por la Personería de Ibagué, en representación de la señora Rosa María Rojas, ya que la paciente presenta gangrena en estado avanzado, y ante la asignación de la enfermera y el suministro de cremas antiescaras, parches, pañitos húmedos, cremas para las curaciones y demás que el médico tratante prescribió, se habría faltado a esto.

De igual manera, se facultó a Nueva EPS, para que recobre ante el Fosyga por los cobros en que incurra en el cumplimiento del presente amparo de tutela, respecto de las prescripciones excluidas del POS pero que Nueva EPS no ha cumplido.

Además de la sanción, se le requiere a la entidad que cumpla de inmediato la orden judicial impartida en la sentencia de tutela de febrero 6 de 2015, disponiendo así una atención de manera inmediata y continua a la paciente, al igual que consultar esta decisión con el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala Civil Familia.