El director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Jorge Enrique Cardoso, dio a conocer la resolución 1814 del 13 de agosto de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente que declara como zona de reserva temporal a los Cerros Noroccidentales en la ejecución de actividades de explotación minera y agropecuaria o distintas a las ejercidas en el área.

El anunció se dio en el marco de la audiencia de seguimiento al fallo judicial del Juzgado Segundo Administrativo que obligó a las entidades públicas y descentralizadas la protección de los cerros tutelares y a la cual asistió la Procuraduría Ambiental, Personería, Planeación Municipal, Gestión del Riesgo y Gestora Urbana.

“Por injerencia de la Corporación Autónoma fuimos dos días a donde el Ministro de Ambiente y se acaba de declarar en reserva temporal para actividades mineras y agropecuarias la zona de los Cerros Noroccidentales. La resolución la presentó el Presidente de la República el viernes anterior y ahí está configurada el área para conformar el Distrito de Manejo Integrado (DIM) de los cerros Noroccidentales”, mencionó Cardoso.

Según el directivo, esta decisión es el primer paso requerido para establecer las zonas de reserva del distrito, estudio que se espera dar a conocer en noviembre.

“Los cerros Noroccidentales están protegidos en el papel, en la estructura normativa del ordenamiento del territorio. Pero ya se tiene unas determinantes ambientales que se fijaron en el Pomca de la cuenca del río Totare, no es sino que Planeación municipal, curadores urbanos e inspector de Policía se apeguen para que se preserven los determinantes ambientales. Pudimos pulir el polígono y las márgenes de los cerros de Ibagué”, indicó Cardoso.

Añadió que el documento declara como zona de reserva las áreas de Anaime, Barragán y Chilí y los cerros del Sur del Tolima.

“Quiero notificarle por estrado a Planeación municipal que aquí ya se establece unas áreas de reserva de los Cerros Noroccidentales a fin de que se abstengan de expedir licencias de subdivisión o de otras figuras en torno a los cerros. Ya es una norma de orden nacional y el Cpaca refiere que las normas de orden nacional no se deben remitir, se deben asumir a través de los conductos regulares”, recalcó Cardoso al secretario de Planeación, Camilo Clavijo.

El DMI que prevé estar listo en noviembre permitirá delimitar el área de los cerros Noroccidentales, definir la condición del uso y permitir adelantar algunas actividades del sector productivo como la minería a pequeña escala y evitar que se llene de viviendas campestres o urbanizaciones, explicó Cardoso.

Por otra parte, refirió que la formulación de este estudio que se lleva a cabo con la Universidad del Tolima ha estado interrumpido porque el Municipio no ha girado los aportes correspondientes de 2014 y la presente vigencia para el finiquito del mismo.

“Desde el año 2013 la Corporación está impulsando la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de los Cerros Noroccidentales, pero debemos advertir que no hemos hallado la respuesta adecuada de la administración aportando los recursos. Tengo dos oficios que le he dirigido al alcalde para que nos atienda con esos recursos para completar el esquema del DMI pero la respuesta ha sido nula”, puntualizó.

Función de advertencia

Entre tanto, el personero Isaac Vargas y el procurador Ambiental y Agrario, Ernesto Cardoso, emitieron función de advertencia contra la Administración ya que solo restan 10 meses para que se dé cumplimiento a las cuatro etapas que contemplaba la acción popular para la protección y manejo de los cerros, y los avances han sido pocos.

“Estamos advirtiéndoles a las entidades que el plazo se les está agotando y que en el avance y cumplimiento de las etapas están muy colgados, anotó el vocero del Ministerio Público.

A su vez Vargas replicó “el problema es que el alcalde contó con 70 meses y en esta revisión no hay nada. Ese el primer llamado de atención”, dijo.

Pero Cardoso reconoció que aunque el tema de la reubicación de las familias que habitan en zona de riesgo es de mayor prioridad, aseveró que es un tema muy complejo que seguramente el Municipio deberá asumir debido a que no existe una política a nivel nacional que permita a estas personas acceder a proyectos de vivienda y subsidios.

“Hay una maraña muy complicada de resolver porque interviene el Ministerio de Vivienda, el Sistema General del Riesgo y la Alcaldía y como está la estructura legal y administrativa para poder garantizarle a esos censados que están validados el poder obtener los subsidios, en consecuencia poderlos realmente reubicar va a ser francamente muy difícil”.

No obstante, el Procurador argumentó que las dificultades no eximen de responsabilidad a la rama Ejecutiva de cumplir con la decisión judicial.

“No se les puede obligar en un principio a las entidades a reubicar a las más de 600 familias, pero el Municipio tendría a su costa que hacerlo”, subrayó.

Desarrollo desproporcionado vs. servicios públicos

Cardoso y Vargas estuvieron de acuerdo con que el decreto 3050 expedido por el Gobierno nacional es contrario a la realidad de las regiones ya que obliga a las empresas de servicios públicos a entregar disponibilidad de servicios a proyectos urbanísticos cuando no se puede.

“Es absurdo que el Gobierno nacional a través de su competencia reglamentaria le diga a las empresas de servicios públicos que otorguen disponibilidad sin que realmente la tengan y eso es contribuir y estimular la contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos, es inaudito. Mientras el Consejo de Estado estudia la nulidad de ese decreto nos toca en función preventiva no permitir que haya desarrollo en esas condiciones. No vamos a permitir como Ministerio Público que siga habiendo proyectos de urbanización en Ibagué que no garanticen la real oferta de acueducto y alcantarillado. Las cifras de alcantarillado son muy dramáticas. Las tres Plantas de Tratamiento que existen en la ciudad están generando alrededor de mil 100 litros/segundo de aguas residuales, de los cuales solo está tratando un 33 por ciento, es decir, que hay un 70 por ciento de aguas residuales que se están vertiendo directamente a las fuente hídricas, lo cual desde el punto de vista sanitario y ambiental es absolutamente intolerable”, concluyó el Procurador Ambiental y Agrario.

Compromiso de aspirantes a la Alcaldía

El procurador Ambiental, Ernesto Cardoso explicó que se está frente a una situación muy compleja, ya que se está a 10 meses de cumplir el plazo otorgado de la sentencia y la administración que llegue tendrá que asumir este compromiso.

“Por desgracia el que llega no quiere responder y en ese sentido hay no menos de 10 acciones populares en las que el Municipio está obligado a cumplir. Me parece que hace parte de una iniciativa del Ministerio Público hacia quienes hoy son candidatos a la Alcaldía municipal el decirles miren que el que llegue tiene que asumir esto. Sería una función preventiva por parte del órgano de control el decir que aquel que ocupe esta posición va a tener que asumir esto. Me parece que sería una oportunidad para decirles: soldado avisado no muere en guerra”, puntualizó.

Y explicó que para esto se requiere que los compromisos sean incluidos dentro del Plan de Desarrollo y el presupuesto de 2016.

“Si esto no se articula y planifica todo va a quedar como ha estado hasta ahora, en el papel, y para nosotros como Ministerio Público es vergonzoso que siendo una de nuestras principales funciones constitucionales el hacer cumplir las decisiones judiciales y administrativas estamos concurriendo por omisión a que los derechos de la gente que están protegidos queden en el aire y eso francamente es el acabose”, dijo.