Desde el año 2010 hasta el 2015 se logró cancelar la suma de 123 millones 559 mil pesos, al señor Rafael Enrique Laverde por permitir tener la tubería en un lote baldío ubicado en Coello - Cocora, vía al corregimiento de Laureles, y que ha estado al sol y al agua por años, a lo que el Ibal responde no haber tenido un deterioro significativo.

Según el contralor de Ibagué, Edwin Riaño, ante la responsabilidad fiscal que podría tener el Secretario de Planeación del Ibal, quien habría autorizado el proceder para mantener el pago a particulares, sería ese funcionario quien deberá reembolsar a la empresa de acueducto y alcantarillado los recursos.

La entidad de control ha considerado que fue innecesario el arrendamiento y, por ende, solicitó el retiro de la tubería a terrenos que correspondan al Ibal y de esa manera impedir que se siga con el gasto.

El concejal Camilo Delgado asegura que ha sido un poco tardía la reacción de la Contraloría, ya que en diferentes ocasiones se ha hecho diferentes denuncias en el cabildo ante los errores de planeación que tendría el Ibal y en especial para este caso.

Recordemos que en marzo del presente año, la Junta Directiva del Ibal aseguró que sería trasladada la tubería a un predio cerca a La Florida, sector de Boquerón, pero que al parecer hasta la fecha no se han transportado.

En su momento, el secretario general del Ibal, Ricardo Arroyo afirmó que podría costar más la movilización de la tubería que el arrendamiento, lo que fue cuestionado; de otro lado, el cabildante Delgado aseguró que debería de mencionarse con claridad los costos, ya que importaría más tener el material en una bodega almacenada en mejores condiciones.

Según la Contraloría, estas auditorías harían parte de los constantes requerimientos al Ibal ante denuncias por presuntas irregularidades, ya que la empresa de servicios públicos, al igual que la Secretaría de Infraestructura y el Imdri, son las dependencias que más son denunciadas ante el ente de control.

A la fecha la Contraloría ha recibido 272 denuncias por presuntas irregularidades en procesos de la Administración municipal y las entidades descentralizadas, siendo la mayoría por supuestas inconsistencias en trabajos contratados para acueducto y alcantarillado y vías.