El personero Delegado para los Derechos Humanos, Darío Rodríguez, criticó a la Administración municipal al apelar el fallo del Tribunal Administrativo que ordenaba al Ministerio de Educación y a la Alcaldía a proveer de sicorientadores a las instituciones públicas y que el Consejo de Estado revocó el pasado 23 de abril.

Aunque la Personería no fue notificada de la decisión del alto tribunal, en respuesta al derecho de petición interpuesto por el Ministerio Público para que se informara de las acciones adelantadas por la Administración para el cumplimiento del fallo, la jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Sandra Maritza Gómez, informó que conforme al concepto del Consejo mediante resolución 367 del 10 de agosto se dejó sin efectos la resolución a través de la cual el Municipio tomó la decisión de primera instancia.

“Se observa con la actitud de la Alcaldía de Ibagué cómo no tiene ningún interés en que se mejore la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, cómo no tiene interés en vincular profesionales para que ejecuten labores de prevención en las instituciones educativas, de profesionales para hacer seguimiento a las problemáticas no solo en convivencia escolar, sino también a nivel familiar y encontrándose claramente cómo se dejan expuestos a los menores a violación clara de sus derechos fundamentales”, dijo Rodríguez.

EL NUEVO DÍA consultó con Gómez sobre los motivos por los que la Alcaldía apeló el fallo y que dejó sin efecto la resolución 1001, con la que se acataba el fallo del Tribunal Administrativo.

La funcionaria aclaró que todo se argumentó con base en que las modificaciones a la planta docente y al personal administrativo de las instituciones públicas debe ser aprobada por el Ministerio de Educación.

“No es competencia del nivel territorial sino de la Nación. Para que el Municipio pueda crear esos cargos, la Nación tiene que autorizarlos dentro del sistema, entonces con ese fundamento se revocó la sentencia. Todas las modificaciones que se tengan que hacer a la planta docente y de los directivos docentes de las entidades territoriales tienen que ser avaladas por el Ministerio porque ellos son pagos por el Sistema General de Participaciones”, explicó.

Petición anterior

El Tribunal Administrativo habría ordenado al Municipio que en el término de seis meses siguientes al fallo del 2 de febrero del presente año iniciara en los próximos 12 meses siguientes la efectiva prestación del servicio de orientación en todas las instituciones educativas.

La Personería solicitó que se ordenara llevar a cabo un estudio técnico para determinar el número de vacantes necesarias de psicólogos con el fin de ser vinculados mediante concurso de méritos. Además, de contratar al personal mediante cualquier modalidad mientras se llevaba a cabo el concurso.

Según Rodríguez, un ejemplo de la problemática lo refleja el colegio Nacional de San Simón, donde en la actualidad hay cuatro mil 237 alumnos y serían necesarios cinco psicorientadores.

“Los alumnos están expuestos continuamente a acoso escolar, consumo de sustancias psicoactivas y embarazos adolescentes, sin embargo la Administración municipal presentó la impugnación del fallo de tutela”, añadió Rodríguez.

Para Sandra Maritza Gómez, la Personería, que impetró la acción de tutela, podría interpelar al Ministerio de Educación para que designe o gire recursos al Municipio para la vinculación de este personal a los colegios públicos, pero, en su defecto, la responsabilidad recae en la Secretaría de Educación, la que debe asumir la vocería en este proceso.

El personero Delegado, Darío Rodríguez, concluyó solicitando a la Administración local vincular a este personal a través de sus planes de acción.

“Hacemos un llamado a la Alcaldía de Ibagué para que dentro de los programas que tiene la Secretaría de Educación se garantice estos profesionales, para dar garantías en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes”, cerró.