en reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas el 26 de marzo y mediante la cual se aprobó modificar su objeto social de sociedad anónima de naturaleza comercial de carácter oficial, a una sociedad por acciones.

Dice la misiva “la falta de profesionalismo del señor Arroyo ha llegado a tal extremo que pido que se investigue todo lo actuado por el susodicho funcionario público, que procediendo a espaldas de la asamblea de accionistas y de la junta directiva del Ibal, montó toda una telaraña de irregularidades para vender por pedazos la empresa al mejor postor y desintegrarla pieza por pieza en un afán oscuro y soterrado de privatizar la única empresa de los ibaguereños, extralimitando sus funciones y obrando con todo tipo de irregularidades, haciendo caso omiso a la junta y asamblea de accionistas, al modificar los estatutos incurriendo en las prohibiciones establecidas en el código disciplinario único y quedando incurso en sanción disciplinaria, pues su conducta es a sabiendas, a título de dolo y se trata de faltas gravísimas, que ameritan su destitución e inhabilidad máxima para ejercer funciones públicas”, advierte el escrito presentado en forma anónima, pero en el que se advierte que sería un empleado de la misma administración municipal.

De la misma forma, se solicita indagar y establecer la presunta participación en política del funcionario que al parecer coaccionaría a personal de la empresa en favor del candidato a la Alcaldía, Rubén Darío Rodríguez, y del concejal Emiro Murillo.