La sanción impuesta al alcalde es de dos días de arresto y el pago de un salario mínimo legal mensual vigente, mientas que Hernández deberá cancelar la suma de cuatro salarios mínimos legales vigentes y cumplir de manera inmediata el fallo de tutela proferido el pasado 11 de marzo por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito.

“El problema es grave porque en el sector del kilómetro 16 existen más de 30 familias ubicadas que han estado pagando predial, tienen servicios públicos y vienen desde hace más de 30 años ocupando estos bienes y, que incluso algunos de ellos otorgaron el permiso para que Progasur pudiera pasar la red de gasoducto. Este tema va de la mano con el de la franja izquierda de Rancho Largo, en donde son cerca de 58 familias y de la vía a Coca Cola que son por lo menos 65, que en un promedio total serían 280 familias que deberían ser reubicadas por estar en alto riesgo por estar ocupando la zona de aislamiento de la tubería de gas”, dijo el concejal Humberto Quintero.

El cabildante indicó que espera que la decisión se mantenga en segunda instancia para que la Administración inicie el censo de las familias y gestione subsidios de vivienda a los afectados “pero que no se queden en arrendar casas porque se ve evidenciado que el director de Gpad, Félix Salgado, no ha legalizado los contratos y las familias propietarias de los inmuebles han iniciado procesos de restitución porque el municipio no paga cumplidamente el arriendo demorándose entre tres y seis meses”, puntualizó.