Alumbrado público en propiedad privada

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
La denuncia formulada por Rodolfo Cabrera da cuenta de que personal y material de Infibagué fueron puestos a disposición de los abogados Lucy Salazar y Germán Barberi en presunta anuencia del secretario General de la entidad, Juan Carlos Guzmán.

Rodolfo Cabrera Peña, quien fuera liniero supernumerario hasta diciembre en Infibagué y después de estar vinculado nueve años al instituto, denunció un manejo irregular de los recursos de la entidad.

Cabrera, en una carta manuscrita fechada el 28 de agosto de 2015, puso en conocimiento de la Dirección de Control Interno el traslado de postes, cableado trenzado y lámparas a un predio propiedad del abogado Germán Barberi Perdomo.

El predio al que hace mención Cabrera en su denuncia está ubicado en la vereda La Montaña, corregimiento El Totumo, finca Pontevedra, y es propiedad de Lucy Salazar López, esposa del abogado Barberi.

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En su queja, Cabrera afirma que “en meses anteriores por orden del coordinador Elkin Monroy Díaz fuimos enviadas varias cuadrillas a la finca del abogado Germán Barberi Perdomo a instalar cuatro postes en concreto de ocho metros, lámparas y cable trenzado, por lo cual tengo entendido que estos recursos no son para la propiedad privada”.

Aunque sostiene ser “consciente de lo delicado de este asunto”, el liniero argumenta que no denunció antes por “miedo a perder mi trabajo” y dice que “como (el asunto) es tan delicado por las personas que autorizaron, temo por mi vida”.

Según Rodolfo, la comunicación fue trasladada por Claudia Guerrero, jefe de Control Interno, con copia adjunta al gerente en ese momento, Jairo Robayo, quien según su relato, rompió la copia y al parecer, lo persuadió de no remitir ante la Fiscalía los hechos ya relatados.

“El doctor Robayo me dijo: ‘Rodolfo, esto es sumamente delicado’. Como estaba el contratico de los casi cuatro mil millones de la led (luminaria) no quería tocar ese tema, entonces me persuadió y me dijo: ‘Rodolfo, yo no le voy a decir que no denuncie, pero si usted denuncia de inmediato la Fiscalía interviene la empresa y se acaba’”, narró Rodolfo.

Según su testimonio, quien entregaba las órdenes para ejecutar los trabajos era el secretario General, Juan Carlos Guzmán, quien fue alumno y trabajó con Barberi en su oficina de abogados antes de su llegada a Infibagué. Sin embargo, el liniero sostiene que junto a él ha estado Monroy, quien como coordinador de cuadrillas les delegaba las tareas a ejecutarse.

“Me han perseguido laboralmente el doctor Juan Carlos y Elkin Monroy, me hicieron un memorando y la orden eran hacerme tres memorandos para sacarme”, indicó.

Cabrera dice que el jefe de Alumbrado Público, Luis Enrique Ascencio Camacho, finalmente autorizaba la salida del material.

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“A Ascencio yo le pedía 10 metros de cable para trabajar a diario y él me lo negaba aduciendo que me lo iba a llevar para la casa y fue cuando empecé a hablar. Los ladrones no somos nosotros; son ellos, que hacen fiestas con la empresa”, señaló.

De acuerdo con Cabrera, él estuvo en la finca “cuando fui a llevar los postes y después fuimos con grúas y todo, unas seis cuadrillas”.

“Cuando nosotros fuimos a meter esa postería ellos tenían puros postecitos de madera viejos que estaban que se caían, pero allá siempre el ingeniero (Luis Enrique Ascencio) nos mandaba a hacer el mantenimiento, pero le decía a uno: ‘Anote el PQR en la parte de afuera, en el exterior’”, contó.

Rodolfo asegura que los postes empezaron a ser retirados una vez interpuso la queja. “Cuando escucharon el alboroto porque se filtró la información ‘volaron’ a pintar los postes. Después volvieron a mandar cuadrillas de Infibagué a sacar la postería y llevarla a otro sitio. Estos estaban sin marcar, pero sí decían Infibagué, por eso fue que los pintaron, pero los sacaron de ahí y los trasladaron a otra vereda pero de El Totumo. Están en la parte exterior, en la carretera”.

EL NUEVO DÍA consultó a Luis Enrique Ascencio, quien aceptó que efectivamente autorizó el traslado de unas bombillas en favor de la señora Lucy Salazar y del abogado Germán Barberi. Sin embargo, sostuvo que fue a petición de Guzmán que en repetidas ocasiones insistió en la entrega.

“Sí, en algún momento a través de doctor Juan Carlos me solicitaron unas lámparas, y pues que son tres lámparas de segunda, que son para dar de baja, ese es todo el material que he autorizado porque no he autorizado postes ni cable, nada de eso. Solo autoricé tres lámparas que son de segunda. Así como las pide uno u otro, porque ya son para dar de baja, no son nuevas, no son lámparas que tienen precios”, sostuvo.

Y agregó: “Le mamé gallo, como dice el cuento, no me gusta comprometerme en esos casos, le mamé gallo como dos o tres meses, pero el doctor (Juan Carlos Guzmán) me insistió que porque ya iban a empezar el trabajo y le dije: ‘Hermano, voy a buscar a ver’”.

Las afirmaciones hechas por Rodolfo Cabrera y Luis Enrique Ascencio Camacho (aunque el ingeniero trata de menguar la gravedad diciendo que son material de segunda) son corroboradas por otros linieros, entre ellos Ómar Cárdenas, Jair Sánchez y Miguel Ospina.

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Cárdenas, operario electricista, fue enviado a la finca Pontevedra a organizar las lámparas.

Además, Cabrera y Ascencio concuerdan en que el servicio de energía lo prestó Infibagué a la finca Pontevedra. Según el liniero, los postes permanecieron alrededor de nueve meses en la finca, pero desde su vinculación a Infibagué se impartieron órdenes para hacer mantenimiento a la red interna del predio.

El ingeniero Ascencio mencionó que una vez tuvo conocimiento de la queja radicada por Rodolfo envió personal a indagar qué ocurría en el lugar: “Me dijeron que estaba conectada, la orden mía fue desconectarla”.

“Cuando pasó eso, hace unos meses, mandé a revisar y efectivamente estaban conectados a las redes de alumbrado público, pero esa energía no la pagamos nosotros. Enertolima es la que está perdiendo esa energía. Eso no está aforado a nosotros. Ellos estaban pegados y yo los mandé a desconectar al alumbrado público, no se quién haría ese trabajo y no podría decirlo”, puntualizó el Jefe Operativo.

Tendrá que probarlo: Secretario General

EL NUEVO DÍA también dialogó con el secretario General de Infibagué, quien según dijo llegó a la entidad de la mano de la exgerente del instituto Tania Sierra Pineda como abogado externo.

El funcionario aseveró que la declaraciones de Rodolfo Cabrera son una retaliación a su desvinculación de la nómina de Infibagué.

“A raíz de que hubo la terminación de la vinculación de supernumerarios y que no fue tenido en cuenta por el instituto para ser liniero,  a todo pulmón dijo que se iba a vengar porque era yo quien lo había sacado”, sostuvo Guzman.

Con respecto a las declaraciones del ingeniero Luis Enrique Ascencio, Guzmán aseveró que deberá probar que él dio la orden.

“No he dado alguna orden, escritamente no hay nada en contra mía, oficialmente no hay nada; son testimonios de oída de que el ingeniero puede decir que le di la orden y tendrá que probarlo, es la palabra de él contra la mía”.

Así mismo, Guzmán negó haber conocido del proceso con respecto a la solicitud formulada el 25 de mayo de 2015 y dirigida por Lucy Salazar en la que le pide rendir un informe técnico con el fin de dar solución a los continuos problemas de alumbrado público que aqueja el sector, “con gravísimos perjuicios, como le consta a su señoría y a los técnicos que en forma semanal deben desplazarse para poner en funcionamiento, arreglar, cambiar cables y demás de dicho sistema”.  

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Guzmán alegó: “Si el doctor Barberi me pedía un favor entre comillas de que hiciera alguna averiguación con respecto a que había algunas lámparas apagadas en la vía que conduce a su finca, qué hacía yo, darle el conducto regular, que es trasladarla al ingeniero Ascencio, así como al doctor Julio y a Elkin, como en su defecto lo hacía. Pero que yo daba una orden y menos por escrito, pues no la puedo dar, porque no es mi competencia. Si se está hablando de que debido a mi influencia se llevaron allá unos postes, ya no es de mi resorte. Porque para eso aquí hay unos funcionarios competentes”, comentó.

Y puntualizó: “Creo que ni el doctor Barberi ni la doctora Lucy sean personas que hayan sido condenadas penalmente o tengan alguna   tacha para uno no tener un  vínculo con ellos”.

Esto dijo el exgerente de Infibagué: Jairo Robayo

EL NUEVO DÍA conoció la situación el 26 de agosto de 2015, cuando a través de llamadas, se alertó de que personal de Infibagué estaba en la finca Pontevedra instalando un transformador.

Después de ir hasta el lugar y corroborar que aún permanecían postes con las características mencionadas por Rodolfo Cabrera, en entrevista telefónica Robayo confirmó que efectivamente personal de Infibagué se había trasladado al lugar, pero no al predio de Salazar y Barberi.

Sin embargo, en un primer intento Robayo manifestó que hablaría con Guzmán para aclarar la situación. Posteriormente dijo: “Sí es cierto que estaban en La Montaña, pero estaban en espacio público, porque allá hay un PQR y allá se mandó la cuadrilla a atender el sector y no la finca del doctor; estaban arreglando el alumbrado público del sector, poniendo un transformador atendiendo una PQR que llegó acá”. Y en tono airado amenazó: “Haga la denuncia y yo la demando a usted, porque eso es mentira, no estaban en la finca de él (Barberi), sino en el espacio público. Me da pena con usted, acá tengo todo el equipo técnico. No estaban instalando transformadores, sino restableciendo el alumbrado público y en el espacio público”, replicó en su momento el funcionario.

Amenazas a EL NUEVO DÍA

EL NUEVO DÍA intentó dialogar con Lucy Salazar en la finca Pontevendra para conocer su respuesta a la denuncia de Cabrera. Después de hablar con el administrador del predio quien argumentó que la propietaria no estaba en el lugar, nos comunicamos telefónicamente con ella al número que el empleado nos suministró.

Salazar indicó: “Tengo mi finca hace más de 27 años, he sido funcionaria pública y hasta ahora no he tenido alguna investigación porque haya utilizado recursos públicos para mi finca, todo lo que tenemos allá lo hemos conseguido con el sudor de nuestra frente, de manera que si una autoridad judicial me solicita documentos, con mucho gusto los presento, con ustedes no”, increpó.

Y agregó desafiante: “Me gustaría que se dedicaran a cosas más importantes, no a perseguir gente de bien y a molestar la vida a mis empleados. Tengo un contrato con un ingeniero que me hizo esa instalación allá, de manera que si una autoridad judicial me cita a mí, presento mis documentos; mientras tanto, no presento nada y no autorizo a mis empleados a absolutamente nada y les ruego el favor de que los dejen tranquilos y los dejen trabajar en paz”.

Después y a última hora el sábado, Salazar y Barberi radicaron una carta a las instalaciones de EL NUEVO DÍA, en la que aseguraron que de ser publicada esta información emprenderían acciones legales.  

Advierten al intentar frenar la publicación y con base en inventos y supuestos, que el trabajo periodístico hecho está basado en “acoso e ilegalidades”, amenazando con denunciar al equipo de periodistas por tentativa de extorsión, chantaje y soborno, puesto que según Salazar López, se habría ofrecido dinero al administrador para que los dejara tomar unas fotografías y que si no los dejaba entrar iba a perjudicar a sus patrones.

Las falsas imputaciones quedan desvirtuadas con base en las grabaciones efectuadas durante el trabajo de reportería para constatar las denuncias en la vereda La Montaña, material que será puesto a disposición de las autoridades cuando sea requerido.

De denunciante a investigado

EL NUEVO DÍA dialogó con Claudia Guerrero, quien afirmó que después de la indagación y la revisión de las bases de datos la denuncia no prosperó. Sin embargo, fue abierta una investigación disciplinaria, pues se corroboró que existían diferencias entre Monroy y el quejoso.

“Hay un proceso por incumplimiento de jornada laboral por roces con el jefe inmediato (Elkin Monroy); se adujo que eran coletazos de lo mismo porque igual en ese oficio no allegó fotos, fechas, nada, por eso procedimos hacer la revisión de lo que estaba pasando. Ese otro proceso pasó a la instancia que es a Control Interno Disciplinario para los descargos de Rodolfo”, explicó Guerrero.

Credito
EL NUEVO DÍA

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