Los desaguisados que dejó Luis H., según Jaramillo

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Según el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, no le soprende nada de lo que puede seguir hallando en la ejecución de los cuatros años de Luis H. Rodríguez.

La auditoría exprés

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo pide a los órganos de control supervisar el contrato 2946 de 2015, adjudicado el 23 de octubre a la empresa Alianza Empresarial de Servicios S.A.S., cuya representante legal es Margarita María Mesa Salamanca, pues la firma no cumple con los estándares para llevar a cabo auditoría a las EPS del régimen subsidiado.

“Nosotros tenemos que controlar el régimen subsidiado, estamos hablando del monto más grande el cual se gasta del Sistema General de Participaciones, son casi 200 mil millones de pesos y se encontró que la información producto del contrato 2946 no cumple con los estándares de auditoría. No se puede determinar si los cobros hechos por las EPS corresponden a la realidad con un posible detrimento del erario. Al no habrse hecho un trabajo adecuado lo que le pagamos a las EPS no sabemos si es acorde a la realidad, porque las personas que contrataron no era idóneas”, puntualizó el Mandatario. 

Cabe resaltar que el monto del contrato es por 105 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 60 días. El acta de inicio fue suscrita el 3 de noviembre de 2015. 

El software inutilizable 

A través del contrato 3052 de 2014 la Secretaría de Salud compró a Yamid Leonardo Vargas Fernández un sotfware por 40 millones de pesos para mejorar la prestación del servicio de a la población pobre. El contrato tenía una ejecución de 10 días. 

Según el contrato, se debía crear una plataforma web  para relacionar la capacidad instalada de las instituciones prestadoras de servicio de salud, monitoreo y control de ejecución de los contratos de ambulancias suscritos con la Administración y módulos para el reporte de estadísticas e indicadores. El software nunca se utilizó. 

“Compramos los equipos y las herramientas, y además caro, pero nunca lo usamos”, dijo Jaramillo. 

El engaño de San Gabriel

El Municipio entregó en 2015 un lote para la construcción del proyecto de apartamentos para periodistas del Departamento. La edificación de las torres fue adjudicada por la Gestora Urbana a la constructora Ávila. Por recursos entregados por la Gobernación, se entregaría a cada beneficiario un subsidio por siete millones 702 mil pesos. 

Según Jaramillo, “acá engañaron a los periodistas y a todo mundo. Se le permitió a la constructor hacer todas las modificaciones a los diseños y producto del proceso pretenden adueñarse de la mitad del lote construyendo nuevas viviendas exclusivas del contratista”.

Según el Alcalde, la constructora pretende que el Municipio asuma las cesiones”. Con el proyecto, existe el riesgo de demandas de la constructora y de los adjudicatarios hacia el Municipio.

Favorecimiento a bancos 

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo aseveró que se le está siguiendo la pista a un posible detrimento en la adquisición de préstamos con ciertos bancos entre ellos Banco Popular y Banco de Occidente.

Según el Mandatario, se pudo evidenciar que habiendo un cupo de 50 mil millones de pesos con un DTF de 1.95 por ciento anual con el Banco Agrario, el Municipio optó por solicitar créditos con las mencionadas entidades financieras a intereses más altos, generando un detrimento de alrededor de $400 millones durante la amortiguación de los empréstitos.

“Si usted tiene unas ofertas de un banco como el Banco Agrario, con un crédito mucho más barato, por qué busca al Banco Popular y al Banco de Occidente para contratar mucho más caro, al DTF +2.75 trimestre anticipado, que da un DTF +3 puntos. Esa es una denuncia que tenemos formal para que se mire ese detrimento patrimonial”, explicó Jaramillo. Además, evidenció la existencia un contrato firmado entre la Secretaría de Hacienda, a cargo de Oswaldo Mestre, e Infibagué (banco de segundo piso) con una tasa de DTF de 2.2, pero se optó por suscirbirlo con el Banco Popular a un DTF del 2.75 por ciento, generarando un posible detrimento de 200 millones de pesos.

Es de resaltar que tanto Mestre, antes de su arribo a la Alcaldía de Ibagué al igual que Luis H. Rodríguez, hicieron parte de la nómina del Banco Popular en la gerencia de José Héctor Marín Páez.

Con el exgerente se efectuó la compra de una finca en Toche y se le asignaron a través de la fundación Funimedes los contratos para la prestación del servicio escolar en la zona rural.

Por otra parte, Jaramillo aseguró haber detectado nueve mil 200 millones de pesos de préstamos sin usar en cuentas de la Administración, pagando tasas de interés más altas que los rendimientos financieros dejados.

Liquidación de contrato para encuestas 

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo puso la lupa en el contrato interadministrativo 123, suscrito el 2 de diciembre de 2015 entre la Secretaría de Salud y la Fundación Vida y Salud Solidaria IPS (Fundasalud), por 578 millones 489 mil pesos.

El objeto del contrato era caracterizar las condiciones socioeconómicas de 30 mil familias para mejorar la atención primaria en salud en los estratos Uno y Dos.

El plazo de ejecución era de 25 días. La entonces secretaria de Salud, Gilma Lucía Peña, adjudicó el contrato a Andrea Carolina Ramírez Varón representante legal de la fundación.

Según el contrato, Fundasalud se comprometía a contratar en cuatro días 130 caracterizadores para llevar a cabo las encuestas e instalar en tabletas el software DATAPS, propio de la Administración.   

Además, debería garantizar el diseño, la impresión y la entrega de 30 mil plegables full color promoviendo hábitos de vida saludable, autocuidado y protección de la vida.

El contrato pactaba el desembolso del 40 por ciento de los recursos a Fundasalud para que pudiera el contratistas poner a disposición toda la logística y el 60 por ciento una vez culminadas las labores. 

Para Jaramillo, era imposible realizar 30 mil encuestas en tan solo 25 días con el personal de la propuesta. Además, el producto carece de cualquier fiabilidad, contratándose con una entidad que no era idónea para la formulación de las mismas.

Es de resaltar que dentro de su objeto social, Fundasalud presta de servicios de ambulancia, entrega de medicamentos de alto costo, medicina general y laboratorio clínico.

La representante legal, Andrea Carolina Ramírez Varón, como lo evidencia el RUES, es propietaria de Droguerías Nacho, establecimiento cuya sede se ubica en el barrio Topacio de la capital, aunque al preguntar por la misma, empleados dicen desconocerla. 

El Alcalde indicó que todos los recursos invertidos en la ejecución del contrato se perdieron y tuvo que ser liquidado.  

Contrato con Fundes

Mediante resolución 3881 el secretario de Educación, Diego Guzmán, adjudicó el 29 de diciembre a la fundación universitaria, Fundes de Espinal el contrato para prestar el servicio de educación a los niños y niñas del sector rural de la ciudad por dos mil 325 millones de pesos.

No obstante, pese a estar Jaramillo tramitando ante el Ministerio de Educación la consecución de 95 plazas docentes. Además, Fundes fue ubicada por el Ministerio de Educación entre las 10 peores universidades del país.

Según Jaramillo, el contrato fue entregado a esta fundación sin registro presupuestal y aparente favorecimiento. El caso fue enviado a la Procuraduría.

Calidad en desayunos escolares

Según el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en los contratos suscritos por la anterior administración con Construyamos Colombia no existe documento legalmente firmado que soporte el cambio de la minuta y que bajó la calidad de las raciones entregadas a los menores. Cada contrato superó los cinco mil millones de pesos para proveer comida a 41 mil estudiantes en 159 instituciones educativas. 

La representante legal de Construyamos Colombia es Victoria Eugenia González Zuluaga, quien reconoció su cercanía al político Luis Humberto Gómez Gallo.

Capital semilla embolatado 

La Secretaría de Apoyo a la Gestión suscribió el convenio 04 del 23 de junio de 2015, con la Corporación San Carlos, para efectuar una caracterización e identificar a las familias que serían objeto de capital semilla para el desarrollo de unidades productivas. El contrato alcanzó los 300 millones de pesos. En la carpeta del mismo no registra la caracterización e información de 200 beneficiarios. El contratista solicitó una adición de 15 millones de pesos aunque el convenio está suspendido. La supervisora del contrato fue la misma secretaria, Elsa Victoria Riaño. 

“Se detectó que la caracterización no es confiable, se hicieron gastos a los autorizados y la información no es fidedigna. Este contrato ya está demandado en la Fiscalía por la imposibilidad de entregar los apoyos. Muchas de las personas que figuraban aquí para darles auxilio no son víctimas de la violencia”, puntualizó el Alcalde.

De las exenciones a Camargo 

Por cinco años el exsenador Gabriel Camargo fue beneficiado por exenciones a través del uso del Estadio al Deportes Tolima y que no estaban contempladas dentro de la ley.

“No estamos en contra de Gabriel Camargo, pero no podemos aceptar que las cosas se hagan contra la ley. Tenemos un problema, el Concejo fijó unas tarifas para el Estadio, pero resulta que antes el Deportes Tolima era un club sin ánimo de lucro pero como cambió su razón social y ahora es con ánimo de lucro; y como estaba acostumbrado a no pagar y ahora tiene que hacerlo para poder jugar, entonces Camargo dice que no lo queremos. No, el Concejo decidirá la tarifa que debo cobrarle”, aseguró Jaramillo.

Según él, no hay con certeza el valor del detrimento porque no existe un reporte de la boletería vendida por el cual el Municipio debe recibir el 10 por ciento de lo recaudado.

La denuncia contra Barberi

Posible daño patrimonial por denuncia interpuesta por Rodolfo Cabrera, liniero de Infibagué y quien reveló la instalación de postes de energía y lámparas en favor de un predio registrado a nombre de Lucy Salazar de Barberi, esposa del abogado Germán Barberi Perdomo. 

“Acá hay una persona que con su señora que se han vuelto los dueños de la ética y la moral cuando uno va y mira son a quienes les llevan y les alumbran la finca. Creo que es bueno que miremos quiénes son los que permanentemente nos están criticando y no miran lo que ellos verdaderamente están haciendo”, criticó Jaramillo.

Constrico y línea de conducción

Según el Alcalde, el contrato para la construcción de la línea de conducción desde Cataimita hasta la planta de tratamiento de Acuaboquerón, inversión superior a los dos mil 200 millones de pesos, es de mala calidad y estaría en riesgo de perderse la inversión por las múltiples fugas que presenta.“Se revienta por todas partes y la calidad de la obra, un maestro de obra lo hubiera hecho mejor”, concluyó.

Bienes fiscales

“Hay una halaraca terrible sobre este tema, porque se le pagó una monstruosa suma de dinero a la hermana de un prestigioso político, la gente sabe quién es”, dijo Jaramillo en relación con el contrato adjudicado a Aida Rodríguez, hermana del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez por mil 529 millones de pesos, y quien al parecer no entregó el estudio y no efectuó la titulación de bienes fiscales.

Luminaria led en la lupa

El gerente de Infibagué, Jario Robayo, y el secretario General, Juan Carlos Guzmán, el 30 de julio de 2015 adjudicaron un contrato por tres mil 715 millones a a la Unión Temporal Electroled para la renovación de cerca de dos mil 200 bombillas desde la calle 60 hasta Éxito y desde la carrera Primera hasta la Sexta. 

El representante legal es Didier Portela Torres, hermano de la exsecretaría de Apoyo a la Gestión en la Alcaldía y exasesora de la Contraloría departamental María Norby Portela Torres. Según Jaramillo, “ya encontramos cantidades de fallas. Las led debe durar 20 años, pero estamos viendo que no es de la intensidad de la que se contrató. 

En este momento tenemos claras evidencias de que ese contrato tiene muchos problemas. Admeás, se entregó el antincipo sin contar con la póliza que lo cobijara, lo que es una violación a la ley de contratación”.

Planeación 

La Secretaría de Planeación entregó mil 811 millones de pesos a la empresa Administración Pública Cooperativa de Colombia (Colmucoop) y al ingeniero Carlos Arturo Arango Salazar, oriundo de Espinal, por el contrato para la remodelación de los salones comunales. 

Según Jaramillo, el contrato no se ha podido ejecutar “porque hay salones que no son propiedad del Municipio, que están en zona de riesgo y nunca se hizo un estudio previo de lo que necesitaban los salones, tenían que entregar rápido el contrato y decir a la gente ‘vamos a arreglar su problema’, no hubo algún tipo de planeación”. 

Los onerosos libros de Cultura

El secretario Administrativo, José Adrián Monroy, adjudicó el 23 de junio de 2015 un contrato por 250 millones de pesos a Germán Agusto Ballesteros Viña para la entrega de mil ejemplares. 

Los libros comprados a través del programa Apoyo a Eventos e iniciativas culturales y programas de fortalecimiento de la Secretaría de Cultura serían pagados una vez se hiciera la completa entrega de los mismos y su ingreso al Almacén de la Alcaldía municipal.

Un sueño llamado Ibagué es el título del libro por el cual el Municipio pagó 250 mil pesos. Para el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, existe un alto sobrecosto y no hay informe de ejecución y prueba de entrega de los mismos.

“Libros que valen más de 250 mil pesos... Me pregunto qué libro puede haber en el mercado que valga más de 250 mil pesos”, cuestionó el Mandatario.

Fenalco

Por otra parte, está el convenio suscrito con Fenalco seccional - Tolima por 935 millones de pesos, que tenía como objeto la celebración del Reinado Municipal del Folclor y los tablados populares, entre otras actividades. 

Para Jaramillo, fue un contrato oneroso para las actividades ejecutadas, del cual se evalúan posibles daños patrimoniales a la entidad. 

Los cuestionados muñecos navideños 

La Secretaría de Cultura suscribió el contrato 2997 de 2014 con la firma Codensa, para compra/alquiler de elementos para la iluminación navideña.

El Municipio pagó a la firma 680 millones de pesos. Según Jaramillo, no se tiene prueba sobre la adquisición de los elementos.

Panóptico

La Secretaría de Cultura hizo entrega del contrato por dos mil 700 millones de pesos para la adecuación y finalización de las obras nuevas del Panóptico. El contrato fue ejecutado por Hugo Miguel Ferro. 

Según Jaramillo, “no podemos entregar esas obras que se hicieron alrededor, porque están supremante mal hechas”. 

Credito
REDACCIÓN EL NUEVO DÍA

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