El juzgado Primero penal municipal con funciones de conocimiento negó el pasado jueves la tutela impetrada por la exgerente de la USI, Diana Gaitán para ser reintegrada al cargo.

El juez Jhon Sergio Alonso Vega declaró improcedentes las peticiones de la exfuncionaria al aclarar que “no fue desvinculada ni por capricho, ni por su condición de embarazo, sino porque había vencido el periodo constitucional para el cual fue elegida”.

Según Gaitán, a pesar que el 2 de febrero puso en conocimiento al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo sobre su estado de gravidez, “desconociendo los mínimos de humanidad”, expidió el decreto 0366 del primero de abril por el cual se nombró en la gerencia de la USI a Elsa Graciela Martínez en calidad de encargada.

Sin embargo, el Juzgado aclaró que “la accionante no tiene derecho a la estabilidad laboral que pretende, porque, si bien es una servidora pública, fue elegida para desempeñar un cargo en un periodo institucional” que “está sujeto a unas pautas especiales de acceso y retiro que buscan facilitar el correcto ejercicio de la función pública antes de garantizar el empleo de sus servidores”, refiere el Juez con base en la sentencia T-834 de la Corte Constitucional.

De acuerdo con la exfuncionaria se le transgredieron sus derechos, pues ejercería como madre cabeza de familia y depende de los ingresos laborales para su manutención.

“Manifiesta que debido a su estado de embarazo ninguna empresa y/o entidad contrataría sus servicios profesionales, considerando con esto que su derecho al mínimo vital se vería afectado, pues en la actualidad no cuenta con ningún ingreso para solventar o cubrir sus necesidades y las de su hijo que está por nacer”, refiere el documento.

Pero Alonso Vega refirió que según la declaración de bienes allegada al despacho por Gaitán, esta acredita un patrimonio cercano a los 100 millones de pesos, posee activos superiores a los 300 millones y recibió 195 millones por pago de salarios y rentas durante su estadía en la gerencia de la USI, por lo que no se da ninguna violación al mínimo vital.

“Encuentra el despacho que el mínimo vital de la gestora como el de su menor hijo que está por nacer, no se encuentra amenazado, pues si bien es cierto se encuentra cesante, también lo es que cuenta con bienes de fortuna que le permitirán dado el caso ser utilizados para garantizar su existencia, los cuales vale enfatizar, superan los 200 millones de pesos de activos, así mismo cuenta con la liquidación por valor superior a los 14 millones de pesos (reconocidos por la Alcaldía municipal) que le permiten sobrevivir de manera digna mientras se pronuncia la jurisdicción competente o se vincula nuevamente al mercado profesional productivo como trabajadora dependiente o independiente”, anotó el Juez.

Lo que no dijo

Según refiere el texto del fallo, Diana Gaitán indicó que Jaramillo procedió a retirarla de su cargo sin que mediara solución de continuidad alguna dentro de la Administración a fin de que se le garantizaran sus derechos fundamentales como se había divulgado en medios de comunicación y en redes sociales.

Sin embargo, la Administración allegó prueba de los trámites adelantados para que Gaitán desempeñara labores como especialista en el programa Fortalecimiento y atención integral al adulto mayor en situación de vulnerabilidad”.

La secretaria de Bienestar Social, Claudia Cerón, en oficio remitido a Gaitán le hizo la invitación para que indicara si se encontraba interesada en desarrollar las obligaciones “elaborar y ejecutar un plan de capacitación de tres horas por mes para las personas mayores con el fin de sensibilizar y dar a conocer la política pública del Municipio, programar y ejecutar dos encuentros mensuales: uno intergeneracional y otro generacional en espacio diferentes”, entre otras tareas.

Según la documentación, Gaitán recibiría como pago seis millones de pesos mensuales durante cinco meses.

El alcalde Guillermo Jaramillo extendió la oferta al esposo de Gaitán para que se vinculara a la Administración mediante OPS, acción que se llevaría a cabo en la Secretaría de Salud.

La voz 

La abogada Constanza Aguja, indicó que si bien es cierto se adelantaron los papeles tendientes a la firma del contrato, Gaitán no ha formalizado la suscripción del mismo. 

“Nosotros la seguimos esperando para que culmine su proceso de legalización del contrato, la documentación está totalmente lista, solo falta que ella firme una carta de intención y elaborar la minuta”, recalcó Aguja. 

Con respecto al cónyuge informó que se evalúa su hoja de Vida en la Secretaría de Salud.