El órgano de control fiscal auditó 225 contratos, 111 cuya sumatoria ascendió a los 118 mil 154 millones 227 mil pesos y que representaron el 93.68 por ciento del valor total de la contratación celebrada por el exalcalde Luis H. Rodríguez.

De igual manera, fueron evaluados 95 contratos correspondientes a denuncias y 19 que se requirieron con el objeto de profundizar en su ejecución.

La Contraloría estableció que en términos generales en los diferentes programas implementados, no se realizó una correcta planeación del presupuesto, esto debido a que los valores proyectados para la ejecución, casi siempre eran modificados y se tenían que hacer las respectivas adiciones a las asignaciones iniciales para poder desarrollar correctamente los mismos.

Así mismo que en la mayor parte de la contratación no existe la supervisión adecuada para la vigilancia y control de manera permanente del desarrollo del objeto contractual, dado que no se exigen informes completos e idóneos que evidencien la ejecución de los contratos.

Un ejemplo es el convenio 114 suscrito por la Secretaría de Tránsito con la Corporación Mi Ciudad por 600 millones de pesos, cuyo objeto era la realización de campañas de conciencia vial para las festividades decembrinas. La Contraloría señala “no se encontró en la carpeta los documentos que permitan comprobar el cumplimiento del objeto y obligaciones de la minuta”.

Además de no aportar los estudios de costos que permitiera identificar si las actividades realizadas por los precios incluidos en el convenio, permitieron mantener los principios de eficiencia, eficacia y economía. Sin embargo, la dependencia procedió a celebrar el convenio y el pago de las actividades al valor acordado.

La Administración municipal en respuesta al hallazgo disciplinario advierte que la exsecretaria de Tránsito, Martha Pilonietta Rubio, quien ejercía la supervisión del contrato no allegó información con relación a informes.

De igual manera, la Contraloría incluye el contrato 118 de noviembre de 2015 y en los que el Municipio invirtió 360 millones 354 mil pesos para fortalecer la capacidad de los conductores de taxis en el manejo del estrés y en el que no se evidencia que exista justificación del monto asignado a cada una de las actividades, ni existe soporte alguno acerca de los motivos por los cuales se acuerdan los valores, “la mayoría de los soportes de pago que involucran esta actividad no son idóneos”

Sobrecostos

Por otra parte, el órgano de control fiscal cuestiona el contrato suscrito con la Fundación Orquesta Filarmónica de Ibagué con miras a los actos a realizarse en el marco de la inauguración de los Juegos Nacionales y en la que el Municipio invirtió 300 millones 110 mil pesos. La Contraloría alerta de posibles “sobre costos en la contratación del personal, porque aunque se presentó información de que se adelantaron algunas actividades, no se evidenció que existiera justificación del monto asignado a cada una de las actividades”.

Es resaltar que la Contraloría advierte cargos bajo la presunta responsabilidad del supervisor del contrato y que estuvo a cargo del exasesor y mano derecha de la exsecretaria de Cultura, Ángela Viviana Gómez y Édgar Augusto Bárcenas.

“Este ente de control ratifica la observación como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 300 millones 110 mil pesos, en vista de que en la justificación presentada no es allegado a este ente de control el material probatorio de la ejecución financiera y contable del objeto contractual”, refiere el informe.

Otro de los contratos en los que la Contraloría puso la lupa es el 123, suscrito en diciembre de 2015, para efectuar la caracterización socioeconómica y de salud de la comunidad para así generar una dinámica de salud pública más eficiente. El Municipio contrató con la Fundación Vida y Salud Solidaria por 578 millones de pesos y que se haría a través de tablets y un software. No reposa evidencia física y a la Secretaría de Salud no le consta que el número de caracterizaciones pactadas dentro del convenio se haya cumplido y con la calidad requerida para dar cumplimiento al objeto del mismo, ni se tiene certeza del seguimiento al cumplimiento de las actividades por el supervisor del convenio.

Los penales

Los hallazgos con alcance penal hacen referencia a la suscripción del contrato de prestación de servicios 2348 de 07 de julio de 2015 en la dirección de Talento Humano en favor de Carlos Alfredo Garzón León, quien dio soportes de pago a la seguridad social adulterados y falsos, engañando a la administración pública para cobrar el pago del salario. Así el de Suministros 3252 del 30 de diciembre de 2015 para contratar el suministro de dotación de mesas y sillas para los satélites del programa el adulto mayor, firmado acabándose la vigencia fiscal de 2015, y por contratar sin el respectivo certificado presupuestal.