El Imdri tiene previsto llevar a cabo mañana la audiencia por posible incumplimiento al Consorcio Juegos Nacionales, que lo integran la consultora colombo - española LKS y como persona natural Diego Fernando Fonseca Chávez, y quienes se adjudicaron el 17 de abril de 2015 la interventoría de las obras del Parque Deportivo, cuyo monto fue de tres mil 575 millones 800 mil pesos.

El asesor legal del Instituto, Rodolfo Salas, argumentó que el Imdri cuenta con elementos suficientes que indican que posiblemente el fracaso de las obras del Parque Deportivo, contrato que ascendió a los 77 mil millones de pesos, se debe también a “la mala interventoría que hubo desde el Consorcio Juegos Nacionales”.

El Imdri espera demostrar que la interventoría avaló actividades a la Unión Temporal Parque Deportivo que no estaban ejecutadas ni aprobadas de forma previa. Entre estas, el pago de 120 toneladas de estructura metálica que no se instaló y de personal que no estuvo en obra.

EL NUEVO DÍA conoció un informe de auditoría elaborado por el nuevo supervisor del contrato, Edwin Andrés Niño, quien para marzo de este año referenció que “el Imdri (administración anterior) y la interventoría reconocieron y autorizaron el pago de actividades de la estructura metálica sin estar ejecutadas, puntualmente en los escenarios del Coliseo Mayor, Complejo de Tenis y Pista de BMX”.

Este cambio fue oficiado por el contratista al Imdri el pasado 25 de junio de 2015, y solo hasta el 4 de septiembre la Curaduría Urbana Dos expidió la modificación de la licencia para el cambio de concreto reforzado a estructura metálica.

El 15 de septiembre, el instituto lo aprobó mediante resolución 223 y por ello la interventoría procedió a hacer el reconocimiento de las actividades correspondientes a este proceso mediante las actas parciales Cinco, Seis y Siete, por valor de nueve mil 830 millones de pesos.

“Entre el 30 de noviembre de 2015 y el 8 de enero de 2016 prácticamente no hubo avance de obra alguno en lo que respecta a la estructura metálica. Para los edificios de los escenarios del Coliseo Mayor y pista de BMX, no se había instalado algún elemento correspondiente a la estructura metálica y en el complejo de Tenis, que comprende los edificos de tenis y de squash, había un avance no mayor al 10 por ciento. Pero en el acta número siete que se suscribió y canceló en diciembre y el acumulado por escenario fue así: Coliseo Mayor, 57,76 por ciento; Estadio de Atletismo, 107,51 por ciento; Patinódromo, y Complejo de Tenis y Pista de BMX, 100 por ciento”, advierte Niño.

Según las cuentas, el Municipio pagó por estructura metálica en el Coliseo Mayor tres mil 750 millones 600 mil pesos, en el complejo de Tenis mil 129 millones, y para la pista de BMX mil 384 millones de pesos.

De acuerdo con el informe, no bastaba con hacer el reconocimiento y pago por el suministro del material, sino su instalación, como describían las actas parciales “estructura metálica para columnas, vigas, correas, pórticos, cerchas (incluye, suministro, colocación, montaje, plomeo y soldado)”, pero que no correspondieron a la realidad.

Además, el contratista incluyó el cambio de estructura en los escenarios del Coliseo Mayor y el Complejo Acuático en la modificación de la licencia, pese a conocer que los dos escenarios no estaban dentro de la programación de los XX Juegos Nacionales. No era necesario ejecutar el cambio estructural.

“Una pérdida total”

Aunque la Contraloría General para el Tolima aún no ha dado a conocer los hallazgos de la auditoría practicada a los contratos de las obras nacionales, según Salas una de las observaciones efectuadas por el órgano colegiado con respecto al contrato de interventoría es que “fue una pérdida total”.

El Imdri prevé declarar el incumplimiento y así hacer efectiva la cláusula penal del contrato al Consorcio Juegos Nacionales, que equivaldría a recuperar cerca del 20 por ciento del valor del mismo.

El abogado Rodolfo Salas explicó que la Administración anterior procedió el 21 de diciembre a adicionar en costo y tiempo el contrato por 831 millones 23 mil pesos y un plazo de cuatro meses más, por lo que el valor total del mismo se cifró en cuatro mil 826 millones 188 mil pesos.

Y pese a esta adición, el Consorcio pretendía que esta administración procediera a autorizar otra prórroga para hacer la liquidación del contrato y que le representaría al Municipio haber desembolsado la suma de 900 millones de pesos, maxíme cuando el contratista abandonó los trabajos el 7 de abril.

“La administración de Luis H. habría cometido una ilegalidad, porque el contrato de obra vencía el 31 de mayo y la interventoría el 4 de mayo, entonces en principio le correspondía a esta administración haber prorrogado el contrato igual al tiempo de la obra e inclusive, cuando ellos estaban hablando de la adición y prórroga, pidieron unos meses más para la liquidación y querían que les reconocieramos 900 o mil millones de pesos más cuando el contratista abandonó la obra el 7 de abril y el contrato se les vencía el 31 de mayo, entonces decidimos no prorrogar ni adicionar la interventoría, teniendo en cuenta que el contratista dejó la obra abandonada, eso sería un detrimento”, puntualizó el funcionario.

Aunque Salas reconoce que fue una decisión riesgosa el no prorrogar la interventoría, la realidad es que el Municipio logró ahorrarse los dinero por los reiterados incumplimientos de la Unión Temporal en la entrega de los escenarios.

“Fue una decisión que requería de mucho carácter, pero salvamos esa plata y en efecto no hubo necesidad de prorrogar la interventoría, porque el contratista no volvió”, concluyó el abogado.

Anecdótico

Como lo registró Caracol Radio el 18 de junio de 2010, el concejal de Bogotá Wilson Duarte dijo que existía “un verdadero ‘monopolio’ en la contratación de Bogotá y que funcionaría desde la administración del exalcalde Enrique Peñalosa”.

Duarte argumentó que eran “empresas que tenían, desde el año 1998 hasta la fecha, contratos que sumaban cerca de dos billones de pesos, no sólo con el IDU, sino con el Acueducto y otras entidades. El cabildante, quien efectuó el listado de las firmas que tenían un holding que dominaba la contratación en el Distrito, mencionó a Diego Fernando Fonseca Chávez.

Duarte añadió que “los pequeños y medianos contratistas se convirtieron en subcontratistas de las grandes firmas que tienen cómo acreditar capacidad económica y advirtió que este mecanismo genera mala calidad en la ejecución de las obras”.

Participación en la 42

Por otra parte, tanto Fonseca como la firma LKS se hicieron al contrato de interventoría de las obras ejecutadas en la Unidad Deportiva de la calle 42 y que ascendió a 37 mil millones de pesos.

La interventoría fue contratada por mil 805 millones de pesos, pero el 18 de diciembre el entonces gerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, procedió a porrogar el contrato por cinco meses con una adición de 423 millones 789 mil pesos.

La argumentación dada por el contratista se basó en los retrasos ocasionados por la demolición y construcción de la pisicina olímpica, las fuertes lluvias registradas en octubre, la entrega tardía de los diseños eléctricos por Typsa y aprobados por Enertolima y la instalación de los mismos.