El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo anunció que el municipio entró a entablar ante la Fiscalía cuatro demandas, entre ellas, una por la compra de la finca El Cedral al exgerente del Banco Popular, José Héctor Marín Páez, la construcción del tanque de almacenamiento en el barrio La Florida por la constructora BYH, la edificación de la torre de apartamentos Vista Hermosa del Vergel en área rural y el proceso que se sigue por el lote de la Terminal de Transportes. 

El Alcalde dijo en entrevista ayer que “he instaurado cuatro denuncias: una por situaciones totalmente irregulares como construir en propiedad del municipio y que le quiten el agua a la gente, personas que construyen por fuera del sector urbano y construyen en el sector rural, señores que nos han perjudicado a nosotros y en donde Infibagué es partícipe con más del 15 por ciento y en el que se ha perdido de acuerdo con la Contraloría más de cuatro mil millones de pesos en el tema del Terminal”.

Y añadió “fincas que se compraban a ciertas personas que entraban aquí y saqueaban este Municipio, compraban una finca en 160 millones y terminaron vendiéndola en mil 880 millones de pesos. El Municipio está siendo partícipe y acá vamos a seguir denunciando esto”, manifestó Jaramillo. 

Según la jefe Jurídica del Municipio, Gladys Gutiérrez, en el caso de la compra de la finca El Cedral, ya hay una investigación en curso, la demanda del Municipio entra a sumarse al proceso adelantado, pero impulsa al ente investigador a dar celeridad al proceso. 

Sobrecostos 

El proceso se remonta al 2013 cuando el alcalde Luis H. Rodríguez autorizó a través de la Secretaría de Desarrollo Rural la compra de una finca en el corregimiento de Toche por mil 880 millones de pesos en favor de su exjefe el gerente del Banco Popular, José Héctor Marín, quien a su vez la adquirió de su amigo Faber Chavarro por 40 millones de pesos y que figuraba como contratista del Municipio.

Es de resaltar que para la fecha, la Alcaldía tenía recursos en cuentas de la entidad financiera y adquirió créditos con tasas de interés superiores a la ofrecidas por otros bancos y que habrían podido generar un detrimento, hoy objeto de control por parte de la Personería.

Al hecho se suma que el Municipio pagó por la compra de 825 hectáreas, pero que solamente alcanzaría las 591 hectáreas con siete mil 380 metros cuadrados y de las cuales José Rubén Ocampo, por ser poseedor de hecho, reclamaba una extensión de 189 hectáreas, es decir, habría una pérdida de terreno 235 hectáreas.

También que, según las resoluciones 4356 de octubre de 2011 y 4965 de noviembre del mismo año, emitidas por Cortolima, se establecieron los predios que debían ser adquiridos con recursos públicos para la recuperación de la cuenca del río Combeima y la quebrada El Guamal.

De las disposiciones, de los cerca de 27 predios con amenaza muy alta, medio alta y media del área del Cañón, no aparecen registros de las fincas El Vergel, San Isidro, La Bella y El Cedral, hoy propiedades del Municipio.

El fiscal General (e) Jorge Perdomo en su visita a Ibagué, el 29 de abril de 2015, mencionó que el interés era que los casos de posible corrupción más emblemáticos del Tolima salieran adelante y mencionó que El Cedral   entró en el radar del ente acusador a finales de 2014.

Tanque de Aguaflorida

La Junta Administradora de Aguaflorida dirigida en ese entonces por el exconcejal Eutimio Ballesteros, firmó una disponibilidad de agua en favor de la empresa Construservicios ByH para suministrar el servicio a 320 unidades de apartamentos en el denominado proyecto Altos de Miramar, ubicado en el sector del Ricaurte y donde el Ibal no tiene cobertura.

En contraprestación, la constructora debía construir un tanque de almacenamiento que finalmente se ejecutó pero en un área de cesión del Municipio.

Terminal de Transporte 

La Contraloría General inició investigaciones en 2011 por la compra efectuada por la Junta Directiva del Terminal de Transporte a Escobar y Arias por el lote Portelandia donde se construirá la nueva sede. 

Según el órgano de control fiscal, la Junta directiva y de la que hace parte el Municipio pagó cinco mil 940 millones 658 mil pesos por el predio, 972 millones 166 mil 807 pesos en efectivo y entregando cuatro predios y las mejoras sobre un terreno ejidal cuando el lote permutado por el empresario estaba avaluado en dos mil 150 millones 377 mil pesos. 

La Contraloría en informe de auditoría determinó hallazgos fiscales por cerca de tres mil millones que fueron trasladados a responsabilidad fiscal.