Las respuestas recibidas por el secretario de Transparencia de la República, Camilo Enciso, de parte del curador Urbano Dos, Greisman Cifuentes Silva, con respecto a la aprobación de las licencias “exprés” de los escenarios del Parque Deportivo y la Unidad de la calle 42, dejan más dudas con respecto al personal que aprobó en casi dos semanas los 250 planos entregados por Typsa.

Enciso fue enfático en advertir que trasladará la documentación allegada por Cifuentes a la Fiscalía, para que peritos de la entidad evalúen la idoneidad y el ejercicio desarrollado por el Curador y su equipo profesional, que incluyó a una bachiller en la aprobación de los diseños de los escenarios deportivos.

Cifuentes registró los nombres de tres profesionales con especialización y que lo incluyen a él, el de dos dibujantes arquitectónicos, un tecnólogo, una bachiller y una abogada, para un total de ocho personas que aprobaron las licencias y las modificaciones tanto en la calle 42 como el cambio de estructura en concreto a metálica del Parque Deportivo.

“En la lista que nos entrega el Curador aparecen ocho personas incluyendo a Greisman y a una niña que es una bachiller, además otra que es una dibujante arquitectónica, un tecnólogo en gestión documental, un arquitecto, un ingeniero civil, pero lo que uno ve acá realmente no es un equipo que sea robusto, pero nosotros no somos ingenieros ni peritos y ese es un trabajo que tendrá que hacer la Fiscalía y a quien vamos a trasladar esta documentación”, señaló Enciso.

Y añadió que le solicitará a la Fiscalía General de la Nación investigar si los profesionales o personas allegadas a estas vieron su patrimonio incrementado de manera injustificada.

¿Respuesta acomodada?

Según el Secretario de Transparencia, Cifuentes se limitó a responder con respecto al tiempo en promedio en que se tardaría en aprobar las licencias y que se efectuaron en un término de entre 12 y 15 días en enero de 2015, que, de acuerdo con el decreto 1077 del mismo año, el tiempo máximo era de 45 días hábiles y que jurídicamente era posible expedirlas en un tiempo menor si cumplieran con todos los trámites administrativos.

No obstante, Cifuentes menciona que las licencias cumplieron con las normas urbanísticas, de sismorresistencia y demás aspectos aplicables en el POT y el mencionado decreto, y que los diseños fueron sujeto de estudio y verificación desde el 8 de julio de 2014 por quien sería su hermana, la arquitecta Claudia Johana Cifuentes Silva, como Curadora Urbana Dos en calidad de provisionalidad.

“Lo que dice el Curador es que los proyectos en cuestión eran de conocimiento de varios de los profesionales que estuvieron a cargo de su revisión y estudio con anterioridad, debido a que se había hecho la solicitud de las licencias urbanísticas previamente, y que estas personas estaban relacionadas con los proyectos. Soy franco, esa respuesta no me da plena tranquilidad, pero esa es una conclusión que debe ser verificada por un perito y experto en la materia que pueda darnos luces sobre si técnicamente era posible expedir esas licencias en el tiempo que fueron otorgadas”, concluyó Enciso.

QUIENES RECUSAN DE MALA FE DEBEN RECIBIR TODO EL PESO DE LA LEY

Con respecto a las recusaciones hechas tanto por la Unión Temporal Parque Deportivo como el Consorcio Juegos Nacionales, como interventoría en contra del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y la gerente del Imdri, Diana Cepeda, el Secretario de Transparencia señaló que deberán recibir todo el peso de la ley quienes empleen los términos legales para dilatar los procesos.

“Los particulares y contratistas del Estado tienen derecho a utilizar los recursos jurídicos que les brinda la ley cuando sean necesarios, pero cuando actúan de mala fe tiene que haber, así mismo, una dura respuesta del aparato estatal que le dé lecciones a esas empresas o particulares en el sentido de que no pueden abusar del derecho y esto es lo que esperaríamos que ocurra en esta oportunidad. Entendemos que se usan los recursos, pero tienen que ser utilizados de buena fe en caso contrario solo con la intención de dilatar las decisiones del Estado que vayan orientadas a proteger el patrimonio público; el contratista debe dar explicaciones a la ciudadanía, al país y podrán verse incursos en una responsabilidad patrimonial adicional”, indicó.