El Consejo de Estado notificó el pasado 6 de septiembre a la Procuraduría Regional sobre su competencia para resolver la recusación impetrada por la Unión Temporal Parque Deportivo a la gerente del Imdri, Diana Ximena Cepeda, en el proceso de sanción que se adelanta con motivo de los incumplimientos en la ejecución de las obras de los escenarios para los Juegos Nacionales.

Según el abogado y asesor legal del Imdri, Rodolfo Salas Figueroa, como lo señala el artículo 12 de la ley 1437 ya corrieron los 10 días para que la Procuraduría Regional emitiera el concepto que permita al instituto continuar con la declaración del siniestro de las pólizas a la Unión Temporal y la aseguradora.

Recordó que en marzo la Procuraduría se tomó cinco días para devolver el expediente al Instituto, argumentando que el competente para resolver la recusación era el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. A partir de ahí el proceso se dilató hasta que el Consejo de Estado resolviera las competencias.

“Se tomaron cinco días para remitir el proceso y decir que no eran competentes de decidir la recusación (...) Ahora ya les corrieron los 10 días de ley entonces no se que está pasando allá, me parece delicado el tema”, precisó el funcionario.

Salas reiteró que por “leguleyadas” de la defensa del contratista no se ha podido entrar a declarar la siniestralidad de las pólizas que comprometen recursos cercanos a los 16 mil millones que pueden ser reinvertidos en la terminación de los escenarios deportivos.

Así mismo, por la decisión tomada en primera instancia por la Procuraduría, que ha impedido tomar una medida administrativa ya que el proceso está suspendido y cualquier decisión que se tome sería ilegal.

“En el Parque Deportivo se van a siniestrar todas las pólizas. Hay que siniestrar la de cumplimiento, la del anticipo, la de la cláusula penal, que tienen un valor aproximado de 16 mil millones de pesos, todos esos recursos se pueden utilizar de nuevo para reinvertirlos en las obras, pero no hemos podido por una leguleyada de unos abogados”, indicó.

Y concluyó: “El Consejo de Estado nos da la razón y aún así la Procuraduría Regional nos sigue tomando del pelo cuando ellos también son los perjudicados, porque viven en Ibagué”.

Sanciones disciplinarias

Según Salas, a los funcionarios del Ministerio Público también les es aplicable el código disciplinario, porque responden por omisión o extralimitación de sus funciones que están determinadas en la ley.

El funcionario explicó que hay que ejercer presión social, en especial en todo lo relacionado con el Parque Deportivo, donde el daño es inminente.

“No entendemos si puede haber algo detrás de eso, usted sabe que puede haber poder detrás de eso; no sabemos, pero tienen que pronunciarse así no quieran”, precisó.

El abogado mencionó que posiblemente radique mañana una petición a la Procuradura Regional del Tolima, para que emita su concepto con respecto a la recusación.