De esta manera, si el juez de conocimiento avala la legalidad del procedimiento procederá a emitir sentencia y ser el segundo condenado por la firma del contrato 237 de estudios y diseños de los escenarios deportivos y adjudicado a Typsa, del cual recibió dádivas.

La Fiscalía comprobó que el exfuncionario se apropió ilegalmente de 300 millones de pesos producto del anticipo de dicho contrato.

Según lo expuesto en la audiencia de legalización de captura se contempla una pena de 144 a 405 meses de prisión, que podrían ser degradados por el juez entre el 45 y el 50 por ciento del total de la pena.

El abogado Luis Alberto Viana precisó que existen dos circunstancias de apelación punitiva y es el hecho que su defendido no registra antecedentes penales y se entregó de forma voluntaria después de haber sido librada la orden de captura el pasado 6 de octubre.

Sin embargo, le sobrevive una causal de agravación por la coparticipación criminal que describió la Fiscalía al permitir que con su acción se direccionara el proceso de convocatoria y que recursos públicos beneficiaran a terceros.

Sin embargo al exgerente del Imdri le quedaría pendiente la sanción por los delitos de celebración indebida de contratos y sin cumplimiento de los requisitos legales que oscila entre los 64 y 216 meses de prisión, pero que están sujetos a la aprobación por parte de un Juez por el preacuerdo al que intenta llegar con la Fiscalía Seccional 22.