La cifra fue dada a conocer por el teniente coronel y director del Coiba, Jairo Enrique Páez, quien en reunión sostenida ayer con los secretarios de Gobierno y Hacienda municipal se comprometió a presentar antes de 72 horas el estudio de necesidades de esta población para que el Municipio asuma con base en la Ley 65 su atención.

Páez indicó que en 2016 la Alcaldía no destinó los recursos, por lo que el Inpec viene asumiendo este costo anual con los dineros que deben ser destinados a la población condenada.

“Nosotros vamos a presentar cuáles son las necesidades que se requieren para atención de estos internos, vamos a esperar cuál es la posición de la Alcaldía frente a estas necesidades tanto para la vigencia 2016 como para el 2017”, precisó Páez.

Añadió que se informó a la Procuraduría cuáles son los municipios que incumplieron lo establecido en la Ley 65 por lo que se está a la espera de la decisión que tome el Ministerio Público.