Una nueva alerta formula la Red de Veedurías del Tolima (Revisar) con respecto a las obras de remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro. Según Revisar, respuestas de los curadores Urbanos Uno y Dos, Manuel Medina y Greisman Cifuentes dejan en duda si fue tramitada y otorgada la licencia de construcción para las obras de remodelación del estadio, obra cuyo valor inicial era de 13 mil 308 millones 743 mil pesos, pero se adicionó en mil 203 millones de pesos.

Revisar advierte que el contrato 1354 adjudicado en junio de 2013 a Rigoberto Rugeles Bernal para adelantar la elaboración de los estudios y diseños del ‘coloso de la 37’, establecía que el contratista debía solicitar y tramitar la licencia de construcción ante las respectivas curadurías.

“El Consultor deberá realizar las consultas a que haya lugar ante la autoridad correspondiente para cada edificación incluida dentro del objeto contractual, con el fin de tener la claridad y documentación necesaria para adelantar la solicitud de licencia, en las modalidades que las autoridades competentes consideren aplicables. Igualmente realizará las gestiones ante las empresas de servicios públicos (Ibal, Enertolima, Alcanos y Telefónica, Movistar entre otros), la Curaduría Urbana y demás entes que se requieran para aprobación de diseños”, refiere la cláusula novena del contrato en su numeral E.

Más adelante se deja de forma textual “los gastos en los que incurra el Consultor en el trámite de estas licencias serán asumidas por él, en sus gastos administrativos. La Alcaldía no tendrá ningún costo adicional a lo pactado inicialmente en el contrato y el Consultor no objetará ninguna reclamación por el mismo”.

Revisar ofició al curador Urbano Uno, Manuel Medina, el pasado 12 de enero y quien en respuesta precisó “que una vez revisada la base de datos, conforme a la información Estadio Manuel Murillo Toro no existe trámite de solicitud en curso, ni licencia de construcción en alguna de las modalidades otorgadas por esta curaduría, para el desarrollo de obras sobre el Estadio”.

La veeduría también conoció la respuesta del Curador Urbano Dos, Greisman Cifuentes, investigado por la aprobación de los estudios y diseños del Parque Deportivo y la calle 42 y la expedición de licencia a Typsa, al Secretario de Transparencia de la República, Camilo Enciso, donde refiere “le aclaro que en los temas relacionados con los diseños del Estadio Manuel Murillo Toro, esta curaduría no emitió pronunciamiento o concepto alguno, ni impartió autorización a través de la licencia urbanística para su desarrollo o modificación constructiva”.

Para la veeduría no es comprensible, “cómo se liquidó el contrato si no se cumplió con la obligación de entregar la licencia de Construcción expedida por la autoridad competente, siendo que este documento fue contemplado como entregable dentro del objeto contractual, sobra considerar la idoneidad de estos estudios y diseños y si lo que se obligó el contratista a cumplir, verdaderamente lo hizo”, cuestiona Revisar.

Pero hay más. Revisar concluye que fue tal la falta de planeación del contrato de consultoría que era “completamente desproporcionado” endilgar las costas de licenciamiento ante la curaduría a Rugeles, cuando las mismas desbordaban el valor del contrato por 568 millones 982 mil pesos.

De acuerdo con un cálculo hecho por Revisar, si se estimara el valor sobre 30 mil metros cuadrados como área construida, el valor a cancelar por concepto de costas sería de $610 millones de pesos.

“Obligar al contratista a sufragar estos costos, generaría pérdida económica, que a la luz de la legalidad daría pie para reclamación, ya que el Estado no puede enriquecerse en detrimento de un tercero, esto denota la falta de experiencia de la parte contratante y del contratista”, critica Revisar.

El papel de Pérez

Para Revisar hay una marcada similitud entre el concurso de méritos para los estudios y diseños del Estadio como el contrato adjudicado a Typsa y que hoy tiene detenidas a siete personas.

La veeduría precisa que el contrato 1354 careció de interventoría como ocurrió en el contrato 237 para la elaboración de los estudios y diseños de la Unidad Deportiva de la calle 42 y el Parque Deportivo. Sin embargo, la figura del interventor aparece a lo largo del contrato advirtiendo, por ejemplo, que cada ítem de los APU que presentaría el contratista serían verificados por el interventor y supervisor.

De igual manera, en ambos contratos fue designado un supervisor cuya función era velar por la correcta ejecución del contrato. En el caso de los diseños de la calle 42 y el Parque Deportivo fue nombrado el ingeniero Mauricio Campos del Cairo y para el Estadio el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y exsecretario de Planeación del Espinal, Juan Guillermo Cardozo Rodríguez, como consta en el contrato.  

No obstante, el exsecretario de Infraestructura, Jorge Alberto Pérez Díaz registra en algunos documentos fungiendo como supervisor. Para la veeduría, que el contrato de consultoría no tuviera interventoría, dada la complejidad de los objetos contratados, “es inaceptable, puesto que un supervisor con todo su conocimiento, quedaría corto por las especialidades técnicas en diseños”. 

Es de resaltar, que la veeduría se pregunta “cómo hizo la administración anterior para licitar un proceso de construcción sin el aval de una autoridad competente, cuáles fueron los lineamientos que acataron el contratista y la interventoría de la obra, dónde quedó el criterio y la ética profesional de los mismos profesionales al no exigir la respectiva licencia, los planos debidamente firmados y sellados, las memorias de cálculo, todo esto visado por la Curaduría Urbana”.

Pero ante estos hechos que denotan graves irregularidades, la ONG precisa cuál fue el papel que desempeñó el exdirector de Espacio Público y Control Urbano, Mario Fernando Díaz y  el Director de la Oficina de Control Interno que dentro de sus facultades podría haber emitido controles de advertencia a la Secretaría de Infraestructura.  

“Señores ibaguereños, lamentablemente este es un episodio más, donde la vida e integridad de la comunidad tiene sin cuidado a los gobernantes de turno, o cómo se imaginan que un escenario que alberga a más de 30 mil personas no cuente con el cumplimiento de todos. Exigimos a los entes de control sanciones ejemplarizantes para todos los actores de estos vergonzosos hechos que tiñen de oprobios a los tolimenses”. 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1354

Fecha: Julio 25 de 2013

Contratista: Rigoberto Rugeles Bernal

Representante Legal: Rigoberto Rugeles Bernal

Valor inicial del Contrato: $ 568.982.668,00

Valor adición N° 1 del Contrato: $ 242.701.500,00

Valor final del Contrato: $ 811.684.168,00

Plazo inicial de ejecución: 90 días

Plazo adicional N° 1: 45 días

Plazo adicional N° 2: 45 días

Plazo total de ejecución: 180 días