El funcionario dijo que durante una reciente visita técnica al terreno donde se desarrolla el proyecto descubrieron serios daños en las redes y aunque el proyecto no ha terminado ni se ha entregado, la empresa de servicio públicos estaría recibiendo el sistema de redes.

Por otra lado y, según explicó Hurtado, antes de que queden a cargo del Ibal, las redes deben haber pasado por el control de la Gestora Urbana, entidad municipal supervisora del proyecto. “A la gerente de la Gestora le solicitamos el lavado de todas las redes y la inspección para determinar el estado, una labor que ya está haciendo el Ibal. Ahora, ellos tienen afán de recibir esas redes que además no están operando, porque los apartamentos no están construidos”, indicó.

El vertimiento de aguas negras de varias viviendas y restaurantes aledaños es un problema que derivó de las obras inconclusas que dejó el Constructora Ávila. Al respecto dijo: “Nosotros debemos recibir también un informe al Ibal sobre los metros lineales, cuál era el diámetro, cuál era el estado hidráulico, entre otras cosas, pero aún no ha pasado porque el afán de ellos es recibir las redes”, agregó el funcionario.

En noviembre del año pasado, Hurtado remitió solicitud a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investigue la utilización de los mil 830 millones de pesos que giró la Gobernación del Tolima en el marco del convenio suscrito con la Gestora Urbana en 2014 para la entrega de 300 subsidios de vivienda.

Fuentes allegadas a la constructora han sostenido que los dineros de los subsidios se encuentran en la Alianza Fiduciaria y otros en poder del banco de tierras.