La Alcaldía declaró a favor del consorcio Constrico el haber cumplido a satisfacción la construcción de las estructuras de captación y línea de conducción desde Cataima y Cataimita hasta la planta de tratamiento del acueducto Acuaboquerón.

El contrato fue suscrito el 13 de diciembre de 2013 por valor de mil 863 millones de pesos, con el propósito de brindar una solución rápida al suministro de agua a los apartamentos de El Tejar, proyecto del Ministerio de Vivienda y en los que el Municipio se comprometió a garantizar los servicios públicos.

Para la Veeduría Agua para Ibagué (V.a.p.i.) “resulta absolutamente imperdonable la afirmación” del supervisor del contrato, ingeniero Arnoby Callejas Leonel (adscrito a la Secretaría de Infraestructura) y compartida por el interventor, Manuel Ignacio Zárate Rojas, quienes avalaron el recibo de los trabajos.

Como lo denunció la veeduría y de la que hizo parte el actual gerente del Ibal, José Alberto Girón, las obras presentaban regular factura.

En escrito con fecha del 23 de noviembre de 2016, Callejas expide certificación a satisfacción del contratista y autoriza el último pago correspondiente al 10 por ciento del valor del contrato, por casi 198 millones de pesos.

Sin embargo, el 21 de octubre de 2015 el ingeniero Zárate suscribió el acta de recibo final con el consorcio Constrico.

Para V.a.p.i. el concepto de los dos profesionales evidencia una “absoluta falta de criterio” al recibir y avalar obras que quedaron “mal ejecutadas”.

“Como quedó consignado en múltiples comunicados de nuestra organización V.a.p.i. (Veeduría Agua Para Ibagué), dirigidos oportunamente, las obras fueron mal ejecutadas” y aunque “el objeto era que la inversión de los recursos prestara utilidad a la comunidad lo que sucedió fue el hecho de beneficiar a unos terceros, en detrimento de toda una comunidad, que a la fecha adolece del preciado líquido”.

Se volaron los topes

Pero a la irregular situación, V.a.p.i precisa que el contrato tuvo una primera adición por valor de 931 millones 658 mil que equivaldría al 49.9 por ciento del valor original.

De forma posterior, la Alcaldía de Ibagué realizó una segunda adición por 693 millones 474 mil pesos para un total de mil 625 millones 133 mil pesos.

V.a.p.i. expone que, estas adiciones “desafían abiertamente las leyes de contratación estatal, las cuales establecen de forma clara que un contrato no puede ser adicionado en más de un 50 por ciento del valor original”. Según V.a.p.i. el contrato fue adicionado en un 87 por ciento de su valor inicial.

La veeduría advierte que “estos hechos deben ser debidamente investigados por los organismos de control, en el entendido que los actores responsables den cuenta de este despropósito contractual y los responsables, principalmente la interventoría, a cargo del Consorcio Interventoría Boquerón, dada la investidura que esta figura representa para el Estado”.

Así mismo, que “es injustificable la débil, por no decir nula actuación de la interventoría, la cual se debe desempeñar en asesoría y acompañamiento técnico, legal y administrativo, que por lo menos en el aspecto legal ya se aprecia que la asesoría permitió ir en contravía del ordenamiento jurídico establecido”.

Críticas

No menos insólito, resalta V.a.p.i., es la actuación del representante Legal de Acuaboquerón, Juan Bautista, quien debidamente fue advertido, a través del acompañamiento técnico que adelantó la veeduría en diferentes comunicados, conversaciones en sitio de obra, donde se resaltaron detalladamente que los trabajos no se podían recibir, dada la evidente falta de técnica y profesionalismo al momento de desarrollar las actividades contratadas, derivando en la problemática que hoy constriñe a los pobladores del barrio Boquerón y los inquilinos de El Tejar.

“No queremos imaginar la diversidad de problemas y posibles demandas por el mal uso dado al líquido, ya que la tubería ha presentado estallidos múltiples y los ajustes técnicos hechos a estos eventos, se evidencian como remiendos mal hechos, pero esto no es lo más grave, acordémonos que si bien es cierto que el agua es el líquido vital para el ser humano, el agua es el agente erosivo más agresivo; por ende al presentarse fugas por estallidos o malas conexiones, es previsible que se presenten desestabilizaciones del terreno que se reflejaran en continuos deslizamientos de tierra, poniendo en riesgo la integridad humana”.

La veeduría y la comunidad de las veredas de Cataima y Cataimita han acudido a la Personería, enviado escritos a Presidencia de la República y a la Administración municipal, exponiendo el riesgo al cual pusieron a los habitantes de la zona con la instalación de la tubería en la falla geológica de El Salón, que podría llevarse la banca y dejarlos incomunicados y a la merced de algún evento catastrófico por el volcán cerro Machín.

“Sobra el llamado de atención a los entes de control, dado que este proceso denunciado oportunamente desde hace más de 24 meses, no tuvo eco en los actores principales, por eso hoy hacemos un nuevo llamado a la Contraloría, Procuraduría, Personería Municipal y Oficina de Control Interno, para que en un sano ejercicio de sus obligaciones llamen a los responsables para que rindan cuentas ante las autoridades de las actuaciones y, estas a su vez, determinen si se dio un detrimento patrimonial, por qué monto y quién responderá por ello, aplicando la rigurosidad, aplaudida en el caso del abogado Orlando Arciniegas Lagos, que debe servir de ejemplo para que los delincuentes de cuello blanco, lo piensen bien antes de defraudar al estado”, refiere la Veeduría Agua para Ibagué.