Lo anterior con base en que el contrato suscrito con la empresa Aguialarmas que venía prestando el servicio en 2016 y vencía el 16 de marzo, ya había sido adicionado en dos oportunidades.

Sin embargo, el 13 de febrero fueron publicados en el Secop los pliegos de condiciones con el fin de contratar el servicio a través de licitación pública y que sería adjudicada el 14 de marzo. Pero el 2 de marzo se declaró revocatoria del proceso.

Corzo argumenta que debido a que el contrato no puede ser adicionado ni en valor ni en tiempo, y en aras de salvaguardar los bienes del Instituto, se procedió a contratar de forma directa a través de la declaratoria el servicio.

El abogado Wilson Leal cuestiona que se haya hecho válido el recurso para “contratar a dedo” y en desconocimiento de la normatividad legal.

Expone una serie de irregularidades en el proceso de licitación como la audiencia de asignación de riegos y aclaración del pliego que estaba prevista para un día antes del cierre lo que haría imposible hacer modificación alguna.

Así mismo, “como hubo solicitudes de aclaración y errores a corregir, Infibagué emitió adendas, violando el plazo legal de inmodificación del pliego; luego se da cuenta de que violó el plazo legal, patea la mesa y revoca la licitación”, resalta.

Hace responsable a la funcionaria de la crisis fomentada y pide a la Contraloría que hace el control material de la urgencia manifiesta investigar los hechos.

Corzo en diálogo con El Nuevo Día indicó que una vez se firmó la resolución de inmediato fue notificada a la Contraloría municipal.

Manifestó que no controvertirá las apreciaciones de Leal, pero todo el expediente está presto a revisión de los órganos de control.