Según el contralor, Diego Mauricio Visash, los usuarios cansados de los malos manejos y las malas administraciones de los acueductos comunitarios, son los que interponen las denuncias, y en este momento 15 de los 32 acueductos comunitarios de la ciudad son investigados.

Mal servicio, tarifas injustas, agua no potable, y un deplorable servicio son las denuncias más recurrentes; una de las situaciones más delicadas, según el Contralor, es la que presenta Acuaricaurte, que ofrece el servicio en el sector sur de la ciudad.

“En este momento nos llegó una denuncia delicada frente a Acuaricaurte, donde tengo entendido perdieron la personería jurídica, y en este momento la facturación se hace a nombre de la JAC del barrio, y dentro de la denuncia manifiestan que esto ocurre cundo ni siquiera existe Junta de Acción Comunal”, manifestó el funcionario.

Al parecer, las irregularidades se vienen presentando desde hace 10 años y, según el Contralor, es un tema que se ha vuelto político, “se ha vuelto hasta el fortín político de dos o tres líderes de barrio, donde el premio por ganar elecciones es darles Acuaricaurte; están acabando con el recuso vital del agua para la comunidad del sur de Ibagué” señaló el Contralor.

Todo parece indicar, según las denuncias, que el acueducto comunitario se ha convertido en la caja menor de algunas personas, tanto así, que en el sitio donde queda la bocatoma le pusieron un letrero de propiedad privada impidiendo de esta manera que los funcionarios públicos ingresen para sacar las muestras de potabilidad del agua.

Para intervenir de manera urgente

Según Visash, la Contraloría ya ofició a la Superintendencia de Servicios Públicos, acerca de estas irregularidades, para que sea uno de los acueductos a intervenir de manera urgente.

“Es un tema en el cual hay que entrar a investigar, obviamente vamos a pedir el acompañamiento de la Personería municipal y su Personero delegado de servicios públicos”, indicó el funcionario.

“Eso no puede seguir siendo la caja menor de dos o tres personas de una comunidad favoreciendo, como se dice vulgarmente, a quienes están dentro de la rosca, y que por el contrario personas que pagan sus facturas en este momento no gozan del servicio”, aseveró el funcionario.

Finalmente, el funcionario indicó que aunque las irregularidades se vienen presentando desde hace más de 10 años, es un tema complicado ya que los dineros que perciben, no son entregados por el municipio en su totalidad.

“El tema siempre ha tenido una limitante y es que como no son recursos manejados por el municipio, en este momento la interventoría lo que va hacer es determinar cuáles recursos se han dado y que sobre esos recursos nos entreguen cuentas, porque la información que se tiene es que le han dado más de 600 millones de pesos en los últimos cinco años a este acueducto”, argumentó el Contralor.

“Son temas muy delicados, por eso vamos a pedir el acompañamiento de todos los entes de control, Superintendencia de Servicios Públicos, Personería, Secretaría de Gobierno, y sobre todo la Contraloría dentro de su gestión social empresarial”, finalizó el funcionario.

Rendir cuentas

El Contralor indicó que así sea un ente privado, debe rendir cuentas e informes sobre los dineros que le ha entregado el municipio en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Rural.

“Le vamos a oficiar para que nos den cuentas desde el año 2012 hasta la fecha, y con un plazo perentorio de cinco días, de lo contrario entraremos a hacer las sanciones disciplinarias y pecuniarias del caso, porque así ellos sean un ente privado y se ufanen de decir que ellos no tienen porque rendir cuentas, sí deben hacerlo, porque ellos manejan recursos que han sido suministrados por el municipio y aparte brindan un servicio público”, indicó el Contralor.