Tal y como lo publicó EL NUEVO DÍA, mediante resolución 233 del 15 de marzo la gerente de Infibagué, Yolanda Corzo, decretó la urgencia manifiesta para contratar por dos meses el servicio de vigilancia en los inmuebles a cargo de la entidad.

De acuerdo con Yolanda Corzo, el contrato no podía ser adicionado ni en valor ni en tiempo toda vez que este contrato, suscrito con la empresa Aguialarmas, que venía prestando el servicio en 2016 y vencía el 16 de marzo, ya había sido adicionado en dos oportunidades.

Sin embargo, el 13 de febrero fueron publicados en el Secop los pliegos de condiciones con el fin de contratar el servicio a través de licitación pública y que sería adjudicada el 14 de marzo. Pero el 2 de marzo se declaró revocatoria del proceso.

Por esta razón el abogado Wilson Leal cuestionó que se haya hecho válido el recurso para “contratar a dedo” y en desconocimiento de la normatividad legal.

Leal expuso una serie de irregularidades en el proceso de licitación, y así mismo resaltó que, “como hubo solicitudes de aclaración y errores a corregir, Infibagué emitió adendas, violando el plazo legal de inmodificación del pliego; luego se da cuenta de que violó el plazo legal, patea la mesa y revoca la licitación”.

Por todo lo expuesto y a fin de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la Personería indicó que en cumplimiento del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, procederá a dar apertura de Indagación Preliminar, en aras de tener certeza sobre la ocurrencia de los hechos y en el mismo orden verificar la existencia de la conducta y el autor o autores de las mismas.