Lo que determinó la Contraloría de Ibagué en seguimiento a la denuncia allegada por el convenio 1501 de 2016, suscrito por la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y la Corporación Arco, podría servir de insumo a la Fiscalía General a quien se le solicitó investigar el fallido proceso.

El órgano de control estableció que “se encontraron irregularidades en la realización del convenio, debido a que la Administración desconoció el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica que es un órgano asesor, consultivo de veeduría y de apoyo a la Alcaldía municipal para la realización de la estratificación”.

El contrato tenía como objeto llevar a cabo la revisión, la actualización y la asignación de los estratos en 40 mil predios residenciales de la ciudad.

El organismo de control precisó que el Comité para el 2016 tenía un estudio de 20 mil atipicidades de predios, y donde ellos con presupuesto propio contrataría dicha estratificación.

El Comité de Estratificación ejecutaría esta labor con un presupuesto de 137 millones 500 mil pesos, no entendiendo la Contraloría de dónde se obtuvo el análisis de costos para la realización del convenio.

Pero aunado a ello, no se halló dentro del estudio previo, los estudios técnicos y de mercado para estratificar los 40 mil predios descritos.

Sin embargo, la Alcaldía de Ibagué entregó a la Corporación Arco 232 millones de pesos que equivalían al 50 por ciento del total del convenio, sin que se haya desarrollado ninguna actividad.

“La Administración central entregó dineros sin la legalización técnica, financiera, administrativa y jurídica de los dineros públicos, incumpliendo con las obligaciones pactadas, evidenciando una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, menoscabando el principio de economía y responsabilidad de la ley 80”.

Según se estableció por parte del grupo auditor, el convenio se desarrolló a través de la Secretaría de Planeación municipal y no existió una supervisión adecuada para la vigilancia y control de manera permanente del desarrollo del objeto contractual ya que no se exigieron informes completos e idóneos que evidencien el cumplimiento del mismo y que alcanzó un 35 por ciento de ejecución, ya que el 27 de octubre fue suspendido y terminado bilateralmente el 28 noviembre.

Beneficio económico

El convenio establecía que la Alcaldía de Ibagué realizará un aporte de $464 millones y la Corporación Arco $40 millones.

La Contraloría estableció que presuntamente se vulneraron las normas reglamentarias del artículo 355 de la Constitución Política, ya que no se trataba de una verdadera unión de esfuerzos o recursos entre el Municipio y la Corporación para el desarrollo conjunto de actividades, ya que la entidad tendría un beneficio económico por la prestación de las actividades convenidas.

El organismo de control precisó que Arco “actuó solamente como un intermediario en la adquisición de los bienes y servicios que necesitaba el Municipio, pues la ley no permite las utilidades en los convenios”.

Presunto Detrimento

La Alcaldía de Ibagué en respuesta al informe auditor argumentó que el convenio fue suscrito ya que la entidad logró acreditar la experiencia necesaria e idoneidad en estudios económicos y sociales con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Medio Ambiente; así mismo con el Municipio en la estructuración técnica, jurídica, financiera y administrativa de la contribución por valorización; levantamientos topográficos, elaboración de planos; en la construcción de política pública, todos relevantes para el proceso de estratificación socio económica.

Sin embargo, la Contraloría de Ibagué dejó como hallazgo fiscal y presunto detrimento patrimonial por 232 millones de pesos en razón a la entrega de dineros sin la legalización técnica, financiera, administrativa y Jurídica de los dineros públicos entregados al cooperante, incumpliendo con esto las obligaciones pactadas, dándose una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, menoscabando el principio de economía y responsabilidad del artículo 25 de la ley 80 de 1993.

La Alcaldía de Ibagué desestimó el detrimento, ya que el representante Legal de Arco, Álvaro Montoya, remitió un oficio al alcalde el 8 de marzo de 2017 en donde solicitó que se le indicara a nombre de quién se haría la consignación de los recursos que fueron desembolsados, el número de cuenta y la entidad bancaria correspondiente.

Así mismo, las instrucciones y contenido del acta final de liquidación.

Dato

El asesor del alcalde y abogado, Gonzalo Parra, indicó que la corporación ya devolvió el dinero que le fue entregado por la Administración junto con los intereses y lo que procede a la Alcaldía de Ibagué es demostrar al órgano de control fiscal que no hubo ningún detrimento para el Municipio.