Así lo estableció la Contraloría General de la República, que indicó que al encontrarse involucrados ambos contratistas en el escándalo de los XX Juegos Nacionales serán llamados a responder dentro del proceso de responsabilidad de mayor cuantía perpetrado en Ibagué, proceso que asciende a los 37 mil 130 millones de pesos.

Según el órgano de control fiscal, a través del contrato 812 del 12 de julio 2013, suscrito por la Gobernación del Cesar, se contrató con Vera Construcciones y Benjamín Tomás Herrera, entre otros, la construcción de la sede de la Universidad Nacional en La Paz con un plazo de ejecución de 18 meses.

En dicho contrato, Vera Construcciones tiene el 30% de participación y Herrera Amaya el 20%.

El valor inicial de la obra fue por 38 mil 388 millones de pesos y se adicionó posteriormente en $13 mil 318 millones para una cuantía total cercana a los $51 mil 706 millones de pesos.

Sin embargo, la CGR precisa que el incumplimiento negligente del cronograma de obra por parte de los contratistas y del objeto contractual conllevó a múltiples suspensiones y seis prórrogas, la última de las cuales está próxima a vencer.

La primera prórroga fue suscrita el 1 de abril de 2015 y no conformes durante ese mismo año solicitaron tres prórrogas adicionales. La cuarta se suscribió en julio de 2016 y el 29 de diciembre de ese mismo año fue autorizada la quinta, con lo que la obra debía terminar el 14 de mayo de 2017.

“Al vencer el plazo se concedió una sexta prórroga de cinco meses más, que se cumplirá el 8 de noviembre, con lo cual es poco probable que entreguen en la fecha prevista”, refirió la CGR.