Medidas cautelares por más de $112 mil millones de pesos ha decretado la Contraloría General de la República, dentro de los 13 procesos de responsabilidad fiscal que adelanta por las irregularidades presentadas con las obras que debieron servir de escenario a los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué.

Entre estas medidas, se destaca el embargo preventivo de 104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades, como Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar.

Así mismo, entre las medidas que se han hecho efectivas, se encuentra el embargo preventivo de saldos bancarios de las cuentas de algunos contratistas, logrando el recaudo en títulos de depósito judicial de más de $20 mil millones de pesos.

El exalcalde de esta ciudad, Luis H. Rodríguez, se encuentra llamado a responder por más de $56.700 millones de pesos, dentro de los 7 procesos de responsabilidad fiscal en los que se encuentra vinculado en calidad de presunto responsable, y el organismo de control ha logrado embargarle 4 bienes inmuebles, 2 en el área rural y 2 en el área urbana.

La Contraloría General de la República estableció en $66 mil 346 millones de pesos el daño patrimonial causado al Estado, por las irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las obras contratadas para la construcción y remodelación de los escenarios deportivos en Ibagué, con ocasión de los pasados 20° Juegos Deportivos Nacionales y 4° Paranacionales.

El detrimento se estableció dentro de la totalidad de procesos de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría, con ocasión de los mencionados hechos.

A estos procesos se encuentran vinculados un total de 56 personas, entre ex servidores públicos del orden municipal, contratistas, asesores, interventores y supervisores, tales como el Alcalde municipal para el período 2012-2015 ya mencionado, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, y el Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de la época.

Requerimiento a Coldeportes

 El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le solicitó a la Directora Nacional de Coldeportes, Clara Luz Roldán González, evaluar las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2018 de esta entidad, relacionadas con los escenarios deportivos de la ciudad de Ibagué.

En reciente oficio que le envió, del que se le remitió copia al actual Alcalde municipal de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, el Contralor Maya Villazón informó a Coldeportes sobre el estado de estos procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan, así como de la celeridad que se le ha imprimido a los mismos, con el fin de que las importantes obras que debían “ser dispuestas en el marco de los pasados 20º Juegos Deportivos Nacionales y 4º Paranacionales 2015, no queden inconclusas o inservibles.”

¿No es completa la información sobre manejo de recursos del SGP?

Según lo evidenciado por la Contraloría General de la República, dentro de los recursos destinados para los pasados Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, se detectó la presencia de recursos del orden nacional como los provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP, correspondientes al componente de Propósito General.

Con estos recursos se habría estructurado una parte del que se convirtió en el mayor desfalco que haya vivido el país en materia de infraestructura deportiva.

Si bien es cierto que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha establecido guías para “la ejecución, monitoreo, seguimiento y control de los recursos del Sistema General de Participaciones”, según ha podido determinar la Contraloría, mucha de la información que suministran las entidades territoriales corresponde a un mero formalismo en términos de coberturas, como ya se ha visto no sólo en el rubro de Propósitos Generales, sino igualmente en los de Salud y Educación.

Dato

Existen 13 procesos de responsabilidad fiscal donde se encuentran inmersas irregularidades por cuantía superior a los $66 mil millones de pesos, y que involucran a 56 personas, entre ex servidores públicos del orden municipal, contratistas, asesores, interventores y supervisores.