Cuatro hallazgos administrativos y uno más de carácter fiscal por 10 millones 763 mil pesos fue el resultado que dejó la auditoría desarrollada a la Secretaría de Educación municipal en la vigencia 2016.

La Contraloría local detectó deficiencias en el desarrollo de la ejecución de los programas de alimentación y transporte escolar, y concluyó la falta de efectividad frente al manejo y el uso de los recursos asignados.

Precisa el ente de control que en los convenios 0812 y 0850, suscritos con las cajas de compensación Comfenalco y Comfatolima, hubo falta de planeación y gestión de los recursos, pues no se ejecutaron al 100%, aun cuando no se cuenta con una cobertura total.

Según la Contraloría, se dejó de ejecutar recursos por el orden de los $2 mil 141 millones: $428 millones en la ejecución del convenio con Comfenalco y $1.712 millones con respecto a Comfatolima. Ninguno ha sido liquidado.

No obstante, según el ente de control, no se acepta el argumento de la administración, que bajo el acta de adición y modificación número 1 del 4 de noviembre de 2016, justifica la ampliación de cobertura de titulares del programa.

La Contraloría precisa también que “el trámite fue ejecutado justo ad portas de la culminación del calendario escolar, cuando solo asistían quienes debían nivelar y el total de beneficiarios se vería notablemente reducido, lo que deja ver la falta de planeación e improvisación en el manejo del programa”.

Así mismo, deja salvedad que bajo el convenio suscrito con la Caja de Compensación Comfatolima, se cubrió los primeros meses del programa este año, situación que debe tenerse en cuenta para efectuar la revisión exhaustiva a los recursos ejecutados.

Inadecuada modalidad

De otra parte, la entidad llama la atención acerca de la inadecuada escogencia de la modalidad de contratación e incumplimiento de las obligaciones inmersas en el contrato 761 de 2017, por medio del cual la Secretaría de Educación, a través de Correagro, contrató la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

“Es preciso indicar y de acuerdo con las situaciones evidenciadas por el órgano de control y las señaladas en el contrato de comisión celebrado entre la Alcaldía y Correagro S.A., el órgano de control concluye que existe un evidente incumplimiento de dicho contrato en virtud de una inadecuada administración e inversión y planeación del recurso público”, señala el informe.

En este, plantea que lo plasmado en el análisis del sector como en los estudios previos, y que hacen parte integral de la etapa precontractual, no se adelantó con la debida fundamentación técnica y estudios económicos, que permitieran hacer la escogencia de una modalidad más favorable para llevar a cabo la ejecución del contrato y que, por su complejidad, requería de un procedimiento que supliera la necesidad del Municipio, lo que se vio reflejado en las fallas que registró el operador a los pocos días de ejecución del contrato.

La Contraloría municipal cuestiona, a su vez, a la Secretaría de Educación, pues el hecho de haber recibido una recomendación del Ministerio de Educación para adelantar la contratación del PAE a través de la Bolsa Mercantil “no se considera una camisa de fuerza o un análisis objetivo para la escogencia de esta modalidad y adjudicación, aún cuando en el mismo decreto 1082 de 2015 se exige a la entidad estatal hacer el estudio comparativo y la identificación de las ventajas para llevar a cabo esta modalidad de contratación”.

Es de resaltar también que la Contraloría establece como hallazgo fiscal el valor de 10 millones 763 mil pesos, debido a que la comisionista Correagro no habría cumplido con el objeto contractual.

En el ojo de la Fiscalía

La Contraloría municipal llevó a cabo la auditoría a la Secretaría de Educación entre agosto y septiembre. La entidad señala que para ese momento se recibió visita de la Fiscalía General de la Nación, en la que el investigador del CTI, Néstor Alfonso Torres, llevó a cabo una serie de preguntas frente al Programa de Alimentación Escolar de Ibagué (PAE) relacionado con la vigencia 2017.

El órgano de control fiscal entregó, en la diligencia, todo el material recaudado, como también las irregularidades encontradas en la ejecución del contrato por la Asociación de Bachilleres de la comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino.

Hallazgo administrativo por falta de diligencia

En cuanto a transporte escolar, la Contraloría estableció ciertas anomalías administrativas en cuanto al giro oportuno de los recursos y el proceso de bancarización adoptado por la Administración, y que, según varios padres de familia, no fue un proceso ágil y eficiente.

El ente de control refiere que para la fecha, la Administración no había desembolsado el pago a los beneficiarios de noviembre de 2016, entendiendo que de ser llevado a cabo en esta vigencia, la administración estaría presuntamente ante un hecho cumplido en virtud de que no existe una reserva de apropiación o de caja.

Así mismo, que la dependencia registra retrasos de hasta seis meses para efectuar el desembolso de los dineros a los menores de la zona rural.

“El órgano de control se sostiene en su posición frente a dicha observación, aún más cuando considera que el tema de transporte escolar es tan importante para la ciudad, pues de allí se desprende que los niños, niñas y jóvenes del municipio no deserten de sus actividades escolares al no recibir de manera oportuna, eficiente y eficaz dicho subsidio”, concluye.

Cifra

8 OPS suscribió la Secretaría de Educación y cuyo objeto estuvo ligado a la implementación y ejecución del PAE, sin que se cumplieran los objetos contractuales, lo que refleja la falta de supervisión de los mismos.