La Contraloría General de la República, en auditoría practicada a los recursos del SGP vigencia 2016, determinó 21 hallazgos administrativos, 14 con alcance disciplinario y cuatro de carácter fiscal por 212 millones 476 mil pesos.

El mayor hallazgo lo contempla el contrato interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Educación municipal y la empresa Emtel de Popayán, en julio de 2016, para brindar acceso a internet con diferentes anchos de banda en 121 sedes de instituciones educativas rurales y urbanas.

El contrato tenía un plazo de ejecución de cinco meses y con el acta de inicio del 1 de agosto.

La Contraloría General estableció que “se realizaron pagos por servicios no prestados a favor de la empresa por $152 millones, puesto que se cancelaron los servicios desde la fecha de inicio para la totalidad de las instituciones, cuando para 64 de ellas se ejecutó la instalación entre 11 y 52 días después”.

El órgano de control argumenta lo anterior, por la falta de seguimiento y control del contrato por parte de la supervisión y de la administración y la incorrecta decisión al pagar, así como del contratista al cobrar por servicios no prestados.

Es de resaltar que la supervisión había sido delegada en el entonces director Administrativo y Financierio de la Secretaría de Educación, Luis Alejandro Ángel Tarquino.

En su defensa, la supervisión informa que no hubo detrimento, ya que después de finalizado el plazo de los cinco meses, hubo un periodo adicional de dos meses, con el fin de compensar la prestación del servicio, y hasta el 30 de abril de esta vigencia.

Además, resalta que en la cláusula cuarta del contrato se dejó explícito que durante los dos primeros meses de ejecución del contrato, la empresa desarrollaría las acciones de instalación y adecuación de elementos y aparatos necesarios para dotar de conectividad a aquellas sedes en las que no se había prestado el servicio con anterioridad.

Sin embargo, para el órgano de control fiscal, esta respuesta llama la atención “en el sentido de que afirma que lo pactado contractualmente es la cancelación de cinco meses de servicio aunque sólo prestara por lo menos tres, lo cual se configuraría en una gestión antieconómica en beneficio del contratista y en detrimento de los recursos dispuestos para Educación, dejando de beneficiar a la comunidad educativa”.

Y cuestiona “¿cuál sería la ‘logística de avanzada’ del contratista, que requería de hasta dos meses para instalar el servicio en 29 sedes que no tenían el servicio instalado?”.

Además, precisa que de las 64 instituciones que registraron retrasos en sus conectividad, sólo 11 demandaban instalación de elementos necesarios para poner el servicio y fueron estas en las que se instaló primero los elementos. No obstante, las demoras oscilan entre 10 y 18 días.

Por último, con respecto a la compensación del servicio, la Contraloría concluye que no la hubo, pues del 16 de diciembre de 2016 al 6 de febrero de 2017 no se prestó el servicio al terminarse el periodo escolar y el reinicio del mismo.

Dato

La Secretaría de Eduación otorgó en mayo el certificado final de cumplimiento a Emtel.