El Ejecutivo radicó en el Concejo, el proyecto de acuerdo que busca la compra del predio denominado Pista El Salado, que contempla un área de 70.7 hectáreas y cuyo valor asciende a los dos mil 860 millones de pesos.

La administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pretende desarrollar allí el proyecto Parque Ecológico de la Paz, inversión que estaría por encima de los $17 mil millones.

Sin embargo, hay varios aspectos que llaman la atención y ponen en alerta no solo a los órganos de control, sino a los concejales de la Comisión de Presupuesto, que el viernes darán primer debate al proyecto y decidirán si pasa a plenaria.

Uno de los aspectos es el hecho que el 50% del predio pertenece al Fondo para la Rehabilitación, Inversión, Social y Lucha contra el Crimen Organizado, y administrado por la sociedad de activos especiales (SAE).

El inmueble fue objeto del derecho de extinción de dominio por decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión y confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá en decisión del 31 de julio de 2006.

Así mismo, como lo certificó en octubre la Secretaría de Planeación municipal ante proposición del concejal Humberto Quintero, el lote se encuentra en zona rural: el 60% corresponde a área de expansión urbana y el 40% es compatible para la explotación agrícola y ganadera.

El gerente comercial de la SAE, Diego Fernando Rubiano, en comunicación del 24 de abril de 2017 a la Gestora Urbana, advierte que de acuerdo con la ley 1708 de 2014, los predios rurales sobre los que recaiga la acción de extinción de dominio (por ser producto del narcotráfico), serán destinados a los programas de acceso a tierras del Gobierno nacional y pasarán a la Agencia Nacional de Tierras, para que hagan parte del fondo, y de manera posterior ser distribuidos a campesinos. En otras palabras, de acuerdo con la norma, tiene una destinación específica que no es otra, que la de garantizar el trabajo y seguridad alimentaria del país y de la población vulnerable.

Pero además, el otro 50% del lote se encuentra en un proceso ordinario de sucesión de Blanca Helena Trujillo de Trujillo, que está en común y proindiviso.

La exjefe de contratación del banco mobiliario, Ana María Caro, en concepto emitido el pasado 11 de mayo y remitido a la gerente de la Gestora urbana, Sandra Meneses, advierte que esta situación podría poner en alto riego a la administración de sostener litigios de largo aliento, además, de los gastos administrativos que el proceso puede conllevar, con el agravante que los recursos de la compra corresponderían a recursos públicos.

Así mismo, señala que “el dueño de un común y proindiviso puede vender, pero se debe tener en cuenta unos riesgos potenciales, siendo el más delicado el no poder llegar a un acuerdo con el resto de copropietarios”.

Por otro lado, añade que para integrar la zona de expansión como urbana se requiere de un plan parcial y para la fecha no se conocía de la existencia del mismo.

De igual manera, señala que el predio no se encuentra saneado no solo porque se adeuda impuesto predial, sino porque parte del lote se encontraba siendo objeto de procesos policivos de recuperación por ocupación irregular de personas, y que se rehusaban a salir del inmueble. “Su saneamiento puede acarrear más gastos y tiempo del previsto”, sentencia la exjefe de Contratación.

Por último, resalta que en virtud del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo “no se recomienda realizar la compra del predio Pista El salado” en las condiciones actuales (...) en su lugar se invita a analizar la posibilidad de realizar el proyecto Parque de La Paz en otro predio del mismo sector, en caso de lo más favorable que resultare ser la ubicación del lote”.

Es de resaltar que la abogada especializada, Sandra Janneth Mahecha Ospina, asesora externa de la Gestora Urbana, en oficio dirigido a Meneses y a la Oficina Jurídica del municipio, manifestó que por la magnitud de la obra y la concordancia con el posconflicto y el proceso de paz no es recomendable la adquisición del predio denominado la Pista El Salado, ya que no está claramente definida la situación jurídica del predio, además parte del inmueble se encuentra arrendado a terceros y las implicaciones que se pueden generar pueden ser heredar pleitos que no concuerdan con el nombre que llevará la obra.

Avalúos no cuadran

El concejal Humberto Quintero llama la atención por el avalúo comercial del inmueble, pues según documento allegado por la SAE, este correspondía a dos mil 562 millones 731 mil pesos y el Municipio prevé comprarlo en dos mil 860 millones de pesos. Sin embargo, es de resaltar que el avalúo aportado por la SAE corresponde a fecha del 28 julio de 2016 y cuyos valores serían actualizados por la Lonja Precooperativa de Avaluadores y Servicios Profesionales.

Así mismo, adeuda 708 millones de pesos por impuesto predial. La SAE adeuda al municipio cerca de $200 millones por este concepto.

Los concejales Carlos Andrés Portela y Jorge Bolívar, quienes hacen parte de la comisión de Presupuesto, cuestionaron que el Ejecutivo pretenda que se le otorgue facultades para condonar dicho impuesto a los propietarios del bien. Además, por la cuantiosa inversión que se requiere para ejecutar el proyecto cuando no se tienen los recursos para culminar los ya destruidos Parque Deportivo y Calle 42.

“Queremos subsanarle a un ibaguereño que le debe al municipio $700 millones, le queremos limpiar esa deuda con este tipo de compras de terrenos con el pretexto de hacer un Parque de la Paz, cuando tenemos en ruinas el Parque de Deportivo, el coliseo de la 42, la cancha del Maracaná y la cancha de la Ciudadela Simón Bolívar”, cuestionó Portela.

Por su parte, Bolívar llamó la atención sobre el aspecto legal, pues el Municipio prevé efectuar una compra sin que este cuente con el paz y salvo en materia de impuestos. 

“La norma es clara y yo no la puedo interpretar diferente para beneficio propio. Si usted le pregunta a cualquier parroquiano de esta ciudad que haya tenido un bien inmueble, la regla es solo una: usted tiene que estar a paz y salvo con el Municipio para que se le adelante la escritura ante una notaría. Ahora resulta que como el Municipio es el comprador no van a necesitar ese paz y salvo, o, abruptamente tendría el Municipio que darle ese paz y salvo antes de la escritura y a mí me parece que ahí hay una violación flagrante de la norma”, espetó.

Ambos concejales cuestionaron las acciones administrativas que ha emprendido Hacienda municipal contra los propietarios del lote y se cancelará lo adeudado por predial. 

“No hay ninguna medida cautelar, no hay ningún tipo de embargo, ningún tipo de acción para obligarle a ese ciudadano a que le pague al municipio esos valores, pero sí hay muchas acciones en contra de ciudadanos de estratos Uno, Dos y Tres que le adeudan al municipio pírricas sumas y ya les tienen embargados sus predios en muchos de los barrios de Ibagué”, criticó Portela.

Dato

El Parque de la Paz consta de cuatro fases: la primera, compra del predio; la segunda, cerramiento y adecuación básica para darlo al servicio a $1.000; la tercera, construcción de caminos e infraestructura básica por $18 mil millones y, la última, construcción de escenarios deportivos y recreativos con una inversión de $35 mil millones.Los gastos de funcionamiento y mantenimiento en fase Uno ascenderían a los $654 millones anuales que incluye gastos por vigilancia y mantenimiento. 

Dato

Según el concejal Humberto Quintero, la Gestora Urbana solo disponía de mil 281 millones 365 mil pesos del Fondo de Cesiones para la compra del predio. En tres oportunidades fue presentado a la Junta Directiva del banco de tierras para autorizar la compra, pero fue negada por los conceptos entregados de las abogadas Ana María Caro y Sandra Mahecha. 

Dato

La Comisión de Presupuesto la integran los concejales afines al Gobierno: William Rosas (presidente), Martha Ruiz, Carlos Castro, Marco Tulio Quiroga, Pedro Mora y los de la oposición, Carlos Portela y Jorge Bolívar. Los ponentes son: Linda Perdomo, Ernesto Ortiz y Víctor Julio Ariza.