La Contraloría General en informe de auditoría a la ejecución a los recursos del SGP vigencia 2016, estableció 21 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen incidencia fiscal por $212 millones 476 mil pesos y 14 con presunta incidencia disciplinaria. Así mismo, se constituyeron tres beneficios de auditoría por $417 millones 318 mil pesos.

En Educación, se resalta el pago de servicios no prestados y la utilización indebida de los recursos en actividades fuera del marco legal.

En salud, la inadecuada utilización de los dineros e inobservancia de los principios presupuestales; así como en agua potable y en primera infancia, ya que no se utilizaron de los recursos asignados a pesar de tener trazados programas y disponibilidad de recursos financieros. 

Hallazgos en salud

Según la Contraloría, en materia de salud, se apropiaron 61 mil 393 millones 189 pesos, de los cuales se incorporaron al régimen subsidiado $52 mil 63 millones, en prestación del servicio tres mil 413 millones 869 y en Salud Pública, cinco mil 915 millones 404 mil pesos. 

Se establecieron compromisos por $59 mil 718 millones y se obligó presupuestalmente $58 mil 333 millones, quedando un saldo sin ejecutar por tres mil 60 millones 166 mil pesos.

Dentro de los hallazgos, en el componente de régimen subsidiado, se detectaron 198 afiliados que no acreditan derecho a pertenecer a este régimen por contar con capacidad de pago al ser declarantes del impuesto sobre la renta los años 2013, 2014 y 2015. 

La Contraloría General estimó que el Municipio pagó $178 millones 824 mil pesos a las EPS por estas personas.
“Estos pagos fueron realizados mediante las liquidaciones mensuales de afiliados de la vigencia 2016; debido a deficiencias en la depuración y validación de la base de datos de afiliados al régimen subsidiado (BDUA) de parte de la administración municipal, lo que podría generar detrimento patrimonial en los recursos del régimen subsidiado”, resalta el informe.

Programa PIC con la USI 

La Contraloría General auditó dos contratos de los 85 suscritos para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas para el municipio y suscritos con la Unidad de Salud de Ibagué, por tres mil 455 millones y que representaron el 92.12% de las obligaciones adquiridas durante la vigencia. 

De esta revisión, se concluyó que se efectuaron pagos de manera indebida por actividades no soportadas y se evidenció un mayor valor cancelado por error en la suma de algunos ítems pagados a la entidad y que fueron subcontratados con otros operadores. 

Igualmente, la compra de insumos por valores representativos y que después de 10 meses aún se encontraban almacenados, sin que su entrega se encontrara articulada con alguna actividad del PIC, y que permitiera generar impacto en la comunidad. 

El primer contrato correspondió al 280 de 2016, suscrito entre el Municipio y la USI, cuyo objeto era el desarrollo de acciones de promoción y prevención, vigilancia y control en los programas de zoonosis y vectores en el municipio. 

El valor del convenio fue de mil 794 millones 43 mil pesos y se pagó de manera indebida 29 millones 931 mil pesos, debido a las diferencias halladas entre los valores pagados por la Alcaldía a la USI y los pagados por esta en contratos suscritos con terceros. 

Lo anterior, para la adquisición de 140 mil bolsas plásticas, divulgación y entrega de información y control biológico. 

De igual manera, el ente de control fiscal adiciona un presunto detrimento de 10 millones 689 mil pesos por la adición efectuada al contrato interadministrativo. 

“Lo anterior debido a una incorrecta decisión de las partes y a deficiencias en el control, seguimiento y supervisión de la Secretaria de Salud del Municipio, lo que generó uso ineficiente de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector salud y detrimento patrimonial de $39 millones 327 mil, de igual forma, presunto detrimento patrimonial por $1.293.022, que se traslada a la Contraloría Municipal para lo de su competencia”, concluye el informe.

Por otro lado, en cuanto a los insumos, se precisa que se efectuó una inversión por 197 millones 205 mil 750 pesos de los cuales solamente, con corte a octubre, se habían entregado unos pocos y los restantes reposaban en bolsas plásticas en bodega de la Secretaría de Salud. 

Entre estos, dos mil 178 repelentes de uso tópico, 50 trampas para mosquitos, nueve mil 889 kits de limpieza de albercas y 188 toldillos con insecticida para el control de mosquitos. 

Es de resaltar que la semana pasada, la Secretaría de Salud hizo entrega de algunos kits en el sector del Jardín y el cual constaba de un cepillo de mano, una bolsa de detergente y una pasta de cloro, aunque en el contrato se especifican dos.   

La Contraloría concluye y resalta la falta de planeación por parte de la Secretaría de Salud Municipal, para que las acciones en materia de salud pública se den como parte de proyectos que articulen diversas intervenciones del PIC y que genere un uso ineficaz de los recursos. 
Además, del incumplimiento de los artículos 11 y 21 de la Resolución 518 de 2015, que trata de las responsabilidades de los municipios en la ejecución, monitoreo y evaluación del PIC. 

Convenio 1481 

La Contraloría determina como hallazgo con presunto alcance disciplinario la suscripción del contrato 1481 de septiembre de 2016 para la ejecución de actividades de inspección, vigilancia, control de las enfermedades generales dentro de las condiciones  transmisibles. 

Según el ente de control, se suscribió de manera tardía, desatendiendo la comunidad durante los primeros nueve meses del año.

Primera Infancia

La Contraloría General precisa que para primera infancia se tenían disponibles mil 816 millones,  pero no se registraron contablemente al ingreso de la asignación especial ni se invirtieron los recursos de este componente, a pesar de tener trazados programas y alta disponibilidad de recursos financieros.

Educación 

Se dejaron de ejecutar 13 mil 217 millones del SGP de una apropiación de 192 mil 855  millones de pesos. 

En alimentación escolar se precisa que se realizaron pagos en convenio interinstitucional que no se pactaron en el contrato principal ni en los adicionales.

Se deja hallazgo fiscal por la suscripción del contrato de conectividad con Emtel por $152 millones y con Asortol, para brindarla atención a los estudiantes con discapacidad de tipo auditiva por $17 millones.

Así mismo, se determinó hallazgo por tres millones 232 mil pesos por la no entrega de 886 textos de lenguaje para las instituciones educativas. En total se compraron 10 mil 646 textos por 39 millones de pesos. 

Agua Potable

Se efectuaron pagos por mayor valor de subsidios de Acueducto y Alcantarillado a los realmente aplicados y generados por los respectivos operadores, según SUI (Sistema Único de Información de Servicios Públicos).

El Municipio, pagó indebidamente $261 millones 360 mil pesos, al reconocer un mayor valor por subsidios de acueducto y alcantarillado entre enero y agosto de 2016. 
Según la Contraloría, debido a falta de control y seguimiento por parte de las secretarías de Desarrollo Rural y Hacienda e incorrecta decisión del Ibal al no reembolsar los mayores valores una vez reajustadas las correspondientes facturas. 

El  hallazgo se constituyó en beneficio de auditoría por el reintegro de los dineros.