La Cámara de la Construcción en el Tolima (Camacol), sentó su posición con respecto al proyecto de acuerdo, radicado ante el Concejo, que busca reajustar la tarifa y la base gravable para el cobro del impuesto de delineamiento urbano.

A través de una misiva, Camacol, manifiesta su preocupación, dado que el alza proyectada es mayor al 100% del valor antes cobrado por este tributo.

Según el gremio constructor, al aplicar lo consignado en el proyecto, en un área construida mayor a 800 MT2, con la tarifa de 2010, daría que el impuesto en ese mismo año, con la norma actual, fue de 63 millones 074 mil 625 pesos. Para el 2018, con la misma norma, sería de $95 millones 682 mil 613, y, para este año, con la norma propuesta, el valor ascendería a los $255 millones 976 mil 814 pesos.

“Como podrá ver el incremento es desmesurado, lo que afecta altamente la actividad constructora legal en la ciudad”, resalta Camacol en la misiva radicada ante el presidente del Cabildo, William Rosas.

Según la entidad, el valor por MT2, que se emplearía con la propuesta, en áreas superiores a 800 MT2, sería de 17 mil 416 pesos.

Además, que ciudades similares a Ibagué como Pereira, Neiva y Villavicencio, el costo por MT2, según el estrato, es inferior a lo propuesto por la Administración municipal.

Además, en Tunja, cuya tarifa depende de los MT2 construidos, como se contemplaría en el proyecto actual, el valor cobrado es de solo mil 42 pesos.

Preocupación

El concejal Camilo Delgado, coordinador ponente de esta iniciativa, indicó que ya se formula por parte de la comisión, las modificaciones al proyecto.

Según el cabildante, la fórmula propuesta por parte del Ejecutivo, estaría “desconociendo los principios de progresividad y equidad”, contemplados en el acuerdo de 2009, que establecía la base gravable de acuerdo con el estrato socio económico al que perteneciera el inmueble.

Según Delgado, con el acuerdo de 2009, los estratos Uno y Dos, estaban excluidos del impuesto de delineación urbana, mientras, que los estratos Tres, Cuatro, Cinco y Seis, se les cobraba, en el caso específico del estrato Tres, una tarifa correspondiente del 5% del salario mínimo legal mensual; para los estratos Cuatro y Cinco del 20%, y para el estrato Seis del 25%.

“En la nueva iniciativa, causa bastante curiosidad, que se elimina el sistema de estratificación, que se debería haber mantenido en los términos del acuerdo anterior, además, que la base gravable oscila entre el 75% y 150% del SML, dependiendo del área construida, independientemente que sea de estrato Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y seis”, comentó.

Delgado, se mostró de acuerdo con lo planteado con Camacol en el sentido que con la nueva fórmula, “se afectarían los valores de cobro, pero con incrementos que pueden ser similares, en las proporciones a las que hoy, se están presentando con la actualización catastral”.

Los más afectados

El concejal Humberto Quintero, afirmó que no solo los grandes constructores se verían afectados, también las familias que pretendan realizar remodelaciones en sus casas y que no deja exentas a las VIS.

Pero además, señala que habría “un mico grandote”, porque se gravaría toda la licencia, es decir, sobre toda el área presentada y no por el área construida,

Quintero argumentó que de aprobarse este acto administrativo, conllevaría a “frenar la construcción, las remodelaciones de vivienda en todos los estratos sociales, y el traslado de ese cobro directamente al usuario”.

Y señaló que habría un alza en las construcciones ilegales, porque “no se va a tener con qué pagar tantas cargas impositivas, por estos procesos de impuestos que está presentando la iniciativa el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo”, anotó.

¿Ponencia negativa?

El concejal Camilo Delgado, señaló que la comisión de ponentes, propondrá al Ejecutivo la disminución de la tarifa de la base gravable y la inclusión en la fórmula de los estratos socioeconómicos, pero de sostenerse en la propuesta, la comisión podría tomar como determinación presentar una ponencia negativa al proyecto.

Delgado hizo énfasis en “queremos, más que proteger a un sector en específico, es ayudar a los eventuales compradores de vivienda de la ciudad, a quienes finalmente se les trasladará el costo de la liquidación de este impuesto de delineación urbana”.