El Concejo de Ibagué aprobó ayer por unanimidad, el proyecto de acuerdo que regula la base de liquidación del impuesto predial con un incremento del tres por ciento para esta vigencia.

El proyecto permite, por una única vez, tomar la base gravable del año anterior para la liquidación del tributo.

Los argumentos de la comisión de ponentes, integrada por los concejales Camilo Delgado, William Santiago y Linda Perdomo, tuvo sustento en el respeto por el principio de equidad tributaria, afectado con la adopción parcial de la actualización catastral.

También, se autoriza como estímulo tributario, por pronto pago, un descuento del 10% hasta el 30 de abril y del 5% hasta el 30 de junio.

“Fue una iniciativa apoyada por unanimidad por los 19 concejales en concertación con el señor Alcalde, la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Hacienda, para que no quede duda de la legalidad de esta iniciativa, que muy seguramente los enemigos u opositores políticos de este gobierno la demandarán, pero que tenemos la certeza de que acudimos a unos principios y a unos derechos constitucionales del contribuyente que le dan la fuerza para que este acuerdo quede incólume”, dijo Delgado.

A su vez, resaltó que fueron disipadas las versiones emitidas a través de algunos medios de comunicación, sobre la probabilidad de que fuera modificada la iniciativa.

“Era totalmente falso que existiera una propuesta orientada a boicotear o modificar el proyecto como fue aprobado por la Comisión de Presupuesto, y que generó zozobra, generó miedo y hubo gente que llegó al recinto con rabia, porque se iba a modificar lo aprobado”, resaltó Delgado.

¿Discursos populistas?

Durante la intervención en el Concejo, algunos concejales no perdieron oportunidad para hacerse notar ante la comunidad, que de manera puntual asistió al inicio del debate. Así mismo, ante los medios que transmitían en vivo la sesión.

“Nosotros aquí somos los defensores, no los codefensores de la comunidad”, dijo la concejal Linda Perdomo, alocución que fue seguida de una serie de arengas por parte de las personas del común.

Los ánimos avivaron cuando Perdomo dijo: “quiero decir públicamente que prefiero que me investiguen por hacer lo correcto y no asumir una posición pasiva, donde es tan fácil asumir aquí una posición pasiva, pero en campaña salir a decirle mentiras a la gente a los barrios”, dijo.

La concejal fue la primera en manifestar que la comisión se mantenía firme en no modificar la propuesta.

“No me vayan a salir hoy, con conceptos de que estamos esperando a lo que diga el Ministerio Hacienda, me decía esta mañana un concejal: ‘vamos a ver si el Ministerio nos da permiso’, y le respondí, ¿cómo así?, y otra vez, dijo, ‘vamos a incluir un parágrafo, a lo que dije que no aceptábamos ningún tipo de modificación. Honorables concejales el que tenga la propuestica por ahí en el escritorio, le pido el favor que la guarde”, enfatizó Perdomo.

A su vez el concejal Humberto Quintero, insistió que Planeación municipal solo recibió hasta el 14 de febrero la base catastral que el Igac remitió a Hacienda el 5 de enero, hecho que consideró una irregularidad.

No obstante, apeló ante la comunidad: “Hoy el pueblo de Ibagué sentó un precedente histórico, que sí se pueden reclamar las cosas cuando se unen todos y ese es el llamado que hago, para que toda la ciudad se pronuncie y se una no solo a esta causa, sino a todas las causas que ustedes deben reclamar por sus respectivos derechos”, refirió el concejal

Por su parte, el concejal Oswaldo Rubio, tuvo un lapsus al votar negativo el proyecto, pero tras escuchar las molestias y chiflidos de los asistentes, se reivindicó y aseguró que su respuesta se había dado por el ruido generado desde las barras y luego votó positivo para que no se efectuara el pago del impuesto.

El concejal Jorge Bolívar aludió en su favor el haber votado negativo todos los proyectos de acuerdo que tienen que ver con impuestos o con más tributos .

“Esto es solo un paso porque el convenio (con el Igac) está vigente y la administración tiene miedo, saben ¿por qué?, porque aprobar este proyecto significa una prueba de facto en la cual se está demostrando que ese convenio está lleno de irregularidades, está demostrando que se gastaron cuatro mil 500 millones de adelanto no se sabe en qué. Hoy ratifico mi compromiso con la ciudad de Ibagué y no con esta administración, para seguir defendiendo sus derechos”, puntualizó.

“Resolución es ilegal”

Los asistentes corearon desde las gradas del Concejo, la renuncia del secretario de Hacienda, Juan Espinosa. Pero, en su intervención, el funcionario resaltó que la Administración ha escuchado a la comunidad y por esta razón el proyecto fue radicado y concertado.

“Es nuestra obligación escuchar a la comunidad, así nos digan lo que no queremos escuchar, pararse aquí con la comunidad en contra de lo que hicimos y lo que estamos haciendo no es tarea fácil, pero es nuestro deber escucharlos y es nuestro deber decidir, y eso fue lo que hizo el señor Alcalde con el proyecto de acuerdo a expensas de unas demandas que muy seguramente van a llegar por no acatar una decisión administrativa”, dijo Hacienda.

Espinosa precisó que la resolución del Igac, emitida el 22 de diciembre, quedó mal expedida al no coincidir con la resolución de apertura del proceso.

“Hemos encontrado que la resolución que se expidió no tiene apego a la ley y no tiene apego a la ley porque acude a unos precios de unas zonas homogéneas del año 2012 cuando debían tomar la resolución del año 2017, y segundo, porque lo que establece la ley y la resolución 70 de 2011, es que las resoluciones son de clausura de los procesos de actualización catastral, es decir, se tenía que haber clausurado el proceso y eso solo se puede hacer cuando se termine la actualización catastral en un 100%”, dijo Espinosa.

La Administración radicaría ayer ante el Igac, el documento por el cual se exponen los argumentos del por qué no se adopta el acto administrativo que impone la nueva actualización catastral.

Apertura de investigación

 El personero, Juan Felipe Arbeláez, anunció al término de la sesión la apertura de indagación preliminar contra la Administración municipal, en cabeza de los secretarios de Hacienda, Juan Espinosa y de Planeación, Héctor Cervera, quienes fueron designados mediante resolución del 16 de junio como supervisores del convenio suscrito con el Igac.

El representante del Ministerio Público precisó que se deberá dar claridad frente al por qué se adoptó la actualización catastral cuando los resultados fueron allegados el 5 de enero de este año. A su vez, por qué se acató la resolución sin que Planeación evaluara los resultados de los avalúos.

Por último dijo: “una cosa es clara, la actualización catastral sí hay que hacerla conforme a la ley y las normas que regulan la materia, pero se debe aplicar en 2019. No nos creamos el cuento de que no se va a hacer y no se va a aplicar, Ibagué la necesita, pero de forma mesurada y consciente”, puntualizó Arbeláez.

Opine

Wilson Leal

 “La posibilidad de que se puedan generar demandas no está cerrada nunca, pero los principios de equidad y progresividad que están en la Constitución son desarrollados en este acuerdo, estamos solucionando una problemática sentida a través de instrumentos, que no diría que son novedosos, pero sí por lo menos, implican un grado de elaboración excepcional del Concejo, porque no hay precedentes habituales en la legislación en relación con medidas de estas.

Encuentro que hubo valentía por parte del Concejo al asumir la responsabilidad de entregarle soluciones a la comunidad y esa valentía está respaldada en pronunciamientos de la Corte Constitucional que nos hacen pensar que esta solución no solo era la más conveniente, sino ajustada a la ley”.