Expectativa ha generado la inclusión del abogado Augusto Alfonso Ocampo Camacho, en el equipo del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pues su función sería la de combatir los posibles actos de corrupción al interior del Gobierno.

El alcalde Jaramillo dijo hace dos semanas de manera pública, haber dado total maniobrabilidad al abogado para “investigar a todas las personas de la Administración” que no cumplan de manera “correcta” con su trabajo.

Mediante el contrato 1520 del 26 de enero y a través de la Secretaría de Apoyo a la Gestión, se vinculó a Ocampo para asesorar y apoyar los procesos para la gestión y prevención de la corrupción en Ibagué.

Dentro del contrato se incluye que este deberá: “desempeñar e implementar una estrategia de recepción de denuncias de posibles actos de corrupción”.

También, “realizar un plan de sensibilización para los empleados de la Administración municipal sobre la importancia de la transparencia. De igual manera, participar para el fortalecimiento de los procesos de veeduría ciudadana, y organizar un foro en el municipio sobre la lucha anticorrupción, entre otras”.

Pero a su vez, se fijó dentro de las obligaciones, la de prestar asesoría jurídica al despacho del secretario de Hacienda, Juan Espinosa.

El plazo de ejecución de este contrato es de ocho meses y su salario es de siete millones de pesos mensuales.

¿‘Auditar al jefe’?

Para el concejal Humberto Quintero, el nuevo ‘Zar Anticorrupción’, deberá escudriñar en las denuncias formuladas en el marco del convenio suscrito con el Igac y en la labor de los supervisores, que recayó en los voceros de Planeación y Hacienda. Pero, lo anterior podría configurar un posible conflicto de intereses, puesto que dentro del contrato suscrito, la supervisión la ejercería el Secretario de Hacienda, quien fungiría como su jefe inmediato.

No obstante, es de resaltar que Ocampo tiene a su hija laborando en esta misma dependencia a través del Grupo de Tesorería.

La joven es tecnóloga y devengaría un salario de un millón 200 mil pesos con un plazo de nueve meses.

Por otra parte, Quintero añade que la funciones contenidas en el contrato, podrían considerarse ‘triviales’, si se tiene en cuenta que la recepción de denuncias es una acción que viene desarrollando la Oficina de Control Interno y la Contraloría municipal.

“Las funciones son muy superficiales, no son realmente concretas, se pensaba que iba a hacer un trabajo más específico dentro de las actividades a realizar en el contrato. Lo que va a hacer él, simplemente lo puede hacer la misma Oficina de Control Interno y la Contraloría, que es la que debe estar haciendo seguimiento a las inversiones y todos los hallazgos que resulten”, acotó Quintero.

El concejal Carlos Andrés Portela, ha hecho hincapié que la labor de este contratista es solo “una cortina de humo”.

“Se está hablando de una figura que no está funcionando para absolutamente nada (...) incluso, se puede llegar a pensar que es para el tape tape, para colocar a sonar una serie de irregularidades que ellos mismos conocen”, resaltó.

¿“Pagando favores”?

Augusto Alfonso Ocampo Camacho, es abogado de la Universidad Católica y especialista en Investigación Criminal. Ejerció labores como juez penal de circuito y magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.

Durante tres años, fungió como director Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General en la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro, hoy candidato a la Presidencia de la República. Posteriormente, estuvo vinculado a la Empresa de Energía de Bogotá.

Fue vinculado en julio del año pasado, a la Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Gobierno. Desde allí debía realizar seguimiento a los procesos relacionados con los vendedores informales, prestar asesoría a la Dirección de Espacio Público y en la formulación de una Ley Antidiscriminación.

Devengó cuatro millones 500 mil pesos mensuales y fue hasta el 15 de enero de 2018.

De acuerdo con el concejal Humberto Quintero, el actual contrato suscrito por Ocampo, podría considerar como un posible detrimento.

“Es un contrato más, para seguir pagando favores, para mí es eso. No le veo ninguna función y ningún resultado. Habrá que revisar cuántas denuncias trasladará a la Procuraduría, cuántas denuncias pasará a la Fiscalía y los productos de entrega, que ya debió allegar de su primer informe”, puntualizó el cabildante.