La organización de las elecciones que le fue entregada a empresaria del pan

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
A solo dos días de las elecciones al Congreso, la Alcaldía adjudicó a la representante de la Panadería Dulima la logística de los comicios.

Hace cinco días (13 de marzo) fue publicado en el Secop, el contrato 1709 suscrito por la Alcaldía de Ibagué para delegar la coordinación de la logística de los comicios para el Congreso y las Presidenciales. Lo anterior, no generaría mayor interés sino fuera por el hecho que el contrato fue adjudicado a Liliana Ramírez López, empresaria que se ha dedicado desde hace 12 años al comercio de pan en la ciudad.

Este contrato que ascendió a los 239 millones de pesos, contempla entre otras obligaciones, el transporte de material electoral a los puestos de votación. Para esto, la contratista debía disponer del alquiler de 35 vehículos tipo camioneta doble cabina y furgón. Sin embargo, fuentes allegadas a esta redacción manifestaron algunos de los tropiezos presentados el día de las elecciones parlamentarias.

Según las denuncias, al parecer, se habrían pagado hasta ‘taxis’ para el transporte del material, elementos que debían ser custodiados por la Policía para garantizar la mayor transparencia en el proceso.

Así mismo, que al cierre de la jornada se solicitó el apoyo de camionetas de la Policía para trasladar el material para el reconteo de votos.

El registrador delegado para el Tolima, Henry Peralta, confirmó a este medio de comunicación que efectivamente sí hubo inconvenientes con el transporte “ya al finalizar la jornada, pero que no pasó a mayores”.

El funcionario no pudo ampliar la información ya que alegó que ese tema fue manejado por los registradores especiales y aún no tenía el informe escrito sobre la mesa.

 

¿Falta de planeación?

Los registradores especiales Luiyen Barrero y Marcelo Lozada, solicitaron apoyo y enviaron a la Alcaldía de Ibagué el listado de bienes y servicios requeridos por la Registraduría, para asegurar la logística de las elecciones. Lo anterior a través de oficios radicados los días 19 y 30 de enero de 2018, es decir, a un mes y 11 días de las elecciones.

Sin embargo, la Secretaría Administrativa adjudicó el proceso de manera directa el 8 de marzo, a tres días de los comicios, y lo publica en el Secop el 13 de marzo.

Dentro del contrato, la Alcaldía de Ibagué manifiesta que el Consejo de Estado ha señalado que el proceso electoral hace parte de la defensa de la seguridad del Estado e incluye como excepción la contratación directa para adelantar este tipo de procesos.

El director de Recursos Físicos, Édgar Augusto Barrera Martínez, suscribió el contrato como secretario Administrativo en calidad de encargo. Pero lo que llama la atención es que fue nombrado ese mismo día mediante decreto 145 del 8 de marzo y ejerciendo labores como ordenador del gasto.

EL NUEVO DÍA se comunicó con Barrera quien argumentó en su favor el haber solicitado varias cotizaciones, aunque no recordó el nombre de alguna de las empresas consultadas.

Así mismo, adujo que desde el 17 de enero sostuvo reuniones con personal de la Registraduría y lo que se estaba solicitando costaba alrededor de los 700 millones de pesos.

“Yo pedí cotizaciones y la gente no quería meterse en eso (...) como los pedidos de la Registraduría eran tantos: las cajas triclaves y todo eso, más la logística, muchos decían que ellos podían hacer lo uno, pero no lo otro. Ese fue el principal problema que yo tuve para tratar de conseguir quién me pudiera hacer todo el paquete que estaba pidiendo la Registraduría, porque ellos hicieron un pedido grande que por ley me tocaba dárselo”, refirió el secretario Administrativo (e).

 

De hacer panes a elecciones

Liliana Ramírez López es la propietaria de la Panadería Dulima, cuyo establecimiento de comercio fue registrado en 2005. Según el registro mercantil, las actividades que desarrolla esta empresa y que desempeña esta como persona natural, se enmarcan en la elaboración de productos de panadería, suministro de comidas para eventos, otras actividades para la realización de espectáculos en vivo y la organización de convenciones y eventos comerciales.

No obstante, no deja de llamar la atención que el mismo Secretario Administrativo (e) expidió el 8 de marzo una constancia en la que se especifica que Ramírez López cuenta con la “idoneidad requerida”, pues “acredita la experiencia necesaria” al haber ejecutado cuatro contratos con esta administración entre 2016 y 2017.

De igual manera, por aportar dos certificaciones obtenidas del sector privado y que le validan cada una tres años de experiencia. Estas fueron otorgadas por la Distribuidora Mercatol, por una cuantía de 44 millones y por el Hotel Ámbalá, por valor de 39 millones 538 mil pesos, sin hacer específicas las labores que le eran certificadas.

“Ellos son contratistas idóneos y fueron los únicos en pocas palabras que se atrevieron a hacerlo. Ellos tienen todo lo de Cámara y Comercio para la logística, ellos tienen cuatro códigos, fuera de eso me pasaron cuatro cotizaciones que suman más de lo que nosotros contratábamos. Que tenga el nombre de la panadería Dulima es una cosa, pero ellos tienen todos los permisos”, adujo Barrera Martínez.

Por otro lado, revisados los contratos mencionados en la certificación expedida por el funcionario, las cuantías no superan los 50 millones de pesos.

El contrato 1978 de 2016, por 26 millones 162 mil pesos, tuvo como plazo de ejecución 12 días y las labores desempeñadas se limitaron al suministro de alimentos consistentes en mil refrigerios, 400 desayunos, 400 almuerzos y 400 cenas en el marco del desarrollo de la estrategia seguridad vial adelantada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El contrato 1351, tuvo un valor de nueve millones 160 mil pesos y su objeto era el de prestar apoyo logístico a los programas del adulto mayor, comunidad Lgbti y habitante de calle en el marco de la celebración del Festival Folclórico y Día del Orgullo gay. El plazo de ejecución fue de 11 días.

El tercer contrato fue el 2164, adjudicado para que realizara la logística de la consulta Liberal y que comprometió una cuantía 41 millones de pesos.

No obstante, el contrato en cuestión fue suscrito el viernes 17 de noviembre por la ordenadora del gasto, María Antonia Sandoval Gamboa, y delegando como supervisor a Barrera Martínez.

Al día siguiente, ambos funcionarios junto con Ramírez suscribieron el acta de inicio, y a su vez el acta modificatoria del contrato en la cual se le deja exenta a la contratista de la compra de la póliza de garantías, requisito previo para la legalización del contrato.

Según la solicitud radicada por Ramírez, al ser el sábado un día hábil para Alcaldía y no para las aseguradoras le fue imposible adquirir la póliza.

Sin embargo, esta alega que la ley permite no estipularlas cuando el presupuesto de la cuantía sea inferior al 10 %.

 

Culpa al Registrador

El secretario Administrativo (e), Édgar Augusto Barrera Martínez, corroboró que el sábado, día anterior a la jornada electoral, fueron inmovilizados entre tres y cuatro de las camionetas contratadas para el transporte del material electoral a las sedes educativas.

Según el funcionario, aunque estos vehículos tenían un permiso especial, la Policía levantó los vehículos y fueron llevados a los patios.

“El impase fue responsabilidad del Registrador, porque ellos tenían un permiso especial para poder parquear en unas zonas y no se los dio a los conductores que estaban dando la logística. A mí me tocó llamar después, pedir el favor (del apoyo) y luego sacaron las camionetas de los patios”, dijo.

La Administración solicitó el apoyo de vehículos a la Policía para trasladar el material electoral a los centros de votación.

 

Dato

La Alcaldía de Ibagué solo hizo público el contrato para coordinar la logística de las elecciones el 13 de marzo, dos días después de los comicios del 11 de marzo. 

Credito
EL NUEVO DÍA

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