Tensión en comunicación entre el Concejo y la Alcaldía

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Al parecer, los cuestionamientos hechos a algunos secretarios de despacho por parte de los concejales, ha llevado a la Administración a tomar una actitud defensiva frente a los llamados de la corporación.

Frustrado y, por segunda vez consecutiva, quedó el segundo debate al proyecto de acuerdo 014 que amplía hasta julio el plazo para el pago de Industria y Comercio a profesionales independientes y personas que ejerzan alguna actividad y obtengan remuneración económica.

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, y la jefe Jurídica del Municipio, Gloria Esperanza Millán, no hicieron presencia el jueves ni ayer en el recinto del Concejo. La sesión estaba programada para las 8 a.m. y los funcionarios no se presentaron.

El presidente de la corporación, William Rosas, indicó que aunque se ha intentado establecer un diálogo con la Administración para aclarar dudas con respecto al proyecto, ha sido “infructuosa” dicha labor.

“Creo que uno se hace responsable de lo que se dice y no de lo que otro entiende y yo podría haberme hecho responsable de lo que pudieran comunicarme, así sea por señas, hablado, escrito o de manera oral, pero que lo hagan; pero no se han manifestado ni siquiera a través de las proposiciones para poder solucionar este mar de dudas con la aplicación de artículo 345 del cobro de Ica a profesiones liberales”, expuso Rosas.

De acuerdo con el concejal son diversas las inquietudes que tienen las personas que deben pagar este impuesto “que no saben si están en mora o no, que si van a pagar o no, que sí se va a aplicar y que se tienen que solucionar por parte de la Administración, y no el Concejo, dando la cara por una extemporaneidad de la Administración municipal”, reprochó Rosas.

 

“No escurro el bulto”

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, dio respuesta frente a los cuestionamientos de posiblemente querer evadir el debate.

“Eso no es cierto, el Secretario de Hacienda nunca le escurre el bulto a un debate, al contrario, ahí siempre he estado”, recalcó.

El funcionario explicó que el jueves, la citación solo les fue allegada sobre las 10:30 a.m., cuando la sesión estaba programada para las 8 a.m., por consiguiente solo se tuvo conocimiento de la misma de forma posterior.

El jueves sobre las 4:30 p.m., el presidente del Concejo, William Rosas, allegó otro oficio para adelantar la sesión ayer, pero fue pospuesta en el recinto para el lunes.

“Si le pedimos al Presidente del Concejo y a su área administrativa que si requieren que la Administración haga presencia, al menos dentro de los términos del reglamento del Concejo, ellos tendrían que invitarnos cinco día antes de la citación. Nunca le he pedido al Concejo que me cite cinco días antes, a veces me invitan el día anterior, me invitan a través del whatsapp y asisto, pero que no digan que nosotros no quisimos asistir”, recriminó Espinosa.

 

Posición radical

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, se ratificó en la posición de la Administración de no avalar la exoneración total a las personas que incluyó la ley 1819, aunque sí de beneficiar a los de más bajos ingresos.

Según Espinosa, “exonerar el año 2017 sería ampliamente ilegal”, porque ya cerró y está causado. Por esta razón, los contribuyentes están en la obligación de declarar lo correspondiente a dicho periodo.

Por otro lado, Espinosa dio respuesta a la solicitud formulada por los ponentes William Rosas y Linda Perdomo, con respecto a que se debe modificar el estatuto tributario para incorporar el cobro de acuerdo con lo establecido por la ley 1819.

“Tenemos claro desde 2017 que no es necesario modificar el estatuto tributario y la razón es que no han cambiado los tributos, no han cambiado las tarifas, no ha cambiado el servicio y ningún componente del impuesto, excepto que la ley 1819 incluyó a las personas naturales como responsables del impuesto de Industria y Comercio”.

Y continuó “como es una ley, automáticamente al cambiar la definición del servicio y quienes son los que están gravados, todos los estatutos municipales automáticamente cambian la definición del servicio, pero no es necesario modificar un acuerdo para poder hacer que el servicio sea gravable”, puntualizó Espinosa.

La Administración continúa en su tesis que la exoneración se debe aplicar a las personas que no devenguen más de 60 smmlv anuales y que se aplicaría a partir de 2019.

Credito
IBAGUÉ

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