Según el documento admitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, además de devolver los $3 mil 200 millones del costo de la inversión, se solicita ordenar el pago de la cláusula penal pecuniaria, correspondiente al 10% del valor que aportó el Ministerio, es decir $320 millones.

Con respecto a este proceso, Ismael Molina, director del grupo de POT de Ibagué, comentó que los recursos fueron destinados al barrio Las Delicias y que dichos mejoramientos ya están terminados.

“Cuando nosotros llegamos ya estaban los contratos firmados, entonces le dimos viabilidad y se hizo el seguimiento para que se cumplieran, pero ahí hay un problema de tiempos y es por eso que el Ministerio dice que los contratos se hicieron a destiempo”.

En lo que respecta a los plazos, Minvivienda especificó que a finales de 2013 se empezaron a dar las prórrogas en tiempo, inicialmente de 10 meses, pasado dicho lapso de tiempo, las partes procedieron a firmar un nuevo plazo, este iba hasta el 31 de diciembre de 2015 y se adicionaron al convenio mil millones de pesos.

Es decir, que se pasó de $4 mil millones a $5 mil millones.

Y aunque se hizo una supervisión por parte del Ministerio, el Municipio seguía mostrando falta de una adecuada planeación.

Muestra de ello es que en junio de 2015 después de haberse establecido un tiempo de ejecución de ocho meses, se pasó a modificarlo tres meses.

“Era un contrato que estaba desde el 2013 y lo pusieron en marcha al final del Gobierno anterior, con el agravante que firmaron un contrato, en donde, si nosotros lo echábamos atrás, el contratista iría a demandar y se ganaría la plata sin hacer las obras”, añadió Molina.

Al continuar las obras, el riesgo que se tenía era que el Gobierno nacional procediera a solicitar el reintegro de los recursos porque se incumplieron los plazos.

Se busca la conciliación

Ante el cobro de Minvivienda, el funcionario contó que se está en diálogo para buscar una salida, ya que finalmente se logró formalizar el barrio Las Delicias e intervenir varias de sus necesidades.

“Ahora tenemos una conversación con el Ministerio lo más amigablemente posible, para resolver la situación. De pronto encontramos la solución en el Ministerio, sino, le tocará al Municipio pagar esa plata, pero las obras ya están hechas”.

Cifra

$320 millones es el monto a pagar por la cláusula penal establecida en el contrato.