Según el funcionario “es la mejor decisión que hay en favor de la gente y de la ciudad”, pues debe primar el interés general y la ciudad “no puede darse ese lujo de que se incrementen los riesgos por salud pública”.

“Es evidente que probablemente algunos constructores se van a ver afectados con la decisión del decreto, pero es un decreto que se basa fundamentalmente en la defensa del bien general y del bien público. Lo que le estamos diciendo es: ustedes quieren construir en donde quieran, no hay ningún inconveniente, pero demuestren que tienen agua potable, sino tienen, pues no pueden construir porque es un atentando contra la gente, eso es así de fácil”, aseveró Molina.

El ingeniero Félix García Motta, expresidente de Camacol Tolima anticipó que el decreto dejaría cerca del 25% del área de la ciudad sin posibilidades para desarrollar proyectos, hecho podría generar pérdidas de empleo en el sector.

La Administración municipal a través del decreto 194 del 3 de abril de 2018, obliga a las constructoras a certificar la disponibilidad de agua potable al momento de solicitar licencias.

Según Molina, la decisión no es una invención de la Administración sino el cumplimiento de la Ley 142.

“Estamos aplicando la Ley que algunos constructores por la decisión que hayan querido, fueron y compraron lotes carísimos en esas zonas; lo sentimos mucho pero no les vamos a permitir que construyan mientras eso implique que van a entregar construcciones sin agua potable. Vamos a proteger a la gente, vamos a proteger a la ciudad, a los compradores, los niños y al capital de la ciudad”, sentenció el funcionario.