El director de la Veeduría Nacional Recursos Sagrados, Juan Carlos Calderón España, a través de un documento solicitará al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el traslado a Bogotá del proceso contra el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por la presunta comisión del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos.

Calderón argumenta no existir garantías procesales por parte de la Fiscalía Seccional en cabeza de la fiscal 22, Claudia Chalarca Cediel y sobre quien recae la responsabilidad del caso.

“Pediremos que se traslade el proceso que se le sigue al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo en la ciudad de Ibagué, en la Fiscalía Seccional y cuya responsable es la fiscal Claudia Chalarca por cuanto no hay garantías; y le solicitaré al Fiscal General que investigue a esta fiscal por cuanto ha dilatado su asistencia a las tres citaciones de imputación que se le han hecho al Alcalde”, dijo Calderón España.

Señaló que la funcionaria no ha presentado excusa ni ha manifestado el porqué no ha podido asistir a las audiencias.

Por esta misma razón, solicitará al Consejo Superior de Judicatura indagar y establecer si pueden existir posibles omisiones en las tareas de la funcionaria.

“Uno puede aceptar que la primera vez, ella no vaya, pero la segunda y la tercera vez no, en derecho penal eso se llama que están dilatando el proceso y eso el fiscal General, Néstor Humberto Martínez lo ha venido castigando en todos los procesos que se llevan a cabo”, reafirmó el Veedor.

No obstante, como segunda alternativa solicitará que se envíe un Fiscal de Bogotá para que revise el proceso y “le pregunte a la Fiscal por qué no ha ido a las tres audiencias. Estamos en la ciudad de Ibagué y no puede decir que hay trancones porque ese es el trabajo de un fiscal y para eso le pagan, para que asista a las audiencias, o si no que renuncie”, alegó Calderón España.

El abogado Rodolfo Salas Figueroa, apoderado del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió el pasado 10 de marzo aplazar la diligencia programada ante el Juez Sexto Penal con Función de Control de Garantías y quien pidió a la Fiscalía el archivo de la investigación penal, pues consideró que el tema obedece a un proceso que conoce la Procuraduría.

De acuerdo con el argumento de la defensa, “no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan la caracterización como delito en cuanto al dolo, puesto que no existe ni siquiera un detrimento patrimonial. Se trata es de una discusión jurídica - administrativa de si se debía haber hecho por licitación o por convenio. Cuestión que suele determinarse ante la Procuraduría General”.

Sobre el tema, Juan Carlos Calderón España, afirma que la falta puede tener la doble tipicidad tanto la penal como la disciplinaria. Sin embargo, ya se está en la etapa en que solo procede realizar la imputación y no descarta que la solicitud sea una forma para ganar tiempo.

“Respeto las actuaciones del abogado, pero aquí ya no se puede hacer nada, ya estamos es en una imputación. Lo único que se debe surtir es la audiencia de imputación. La celebración indebida de contratos es un delito que se castiga en lo penal como disciplinariamente. Podría ser una maniobra dilatoria por parte del abogado, pero aquí la que ha fallado es la Fiscal quien no ha asistido a las audiencias”, concluyó el Veedor Calderón España.