Lo anterior en cumplimiento a un fallo de una acción popular de 2003, interpuesta por Gloria Amparo Ballén, quien desde 2001 solicitaba garantizar el suministro de agua potable al sector.

El 13 de julio de 2017 el Tribunal ordenó tramitar el incidente de desacato en contra del Alcalde, al advertir que aún cuando la planta de tratamiento del sector se encuentra en operación, no se suministraba agua potable a los habitantes.

Y aunque el Municipio allegó los descargos, alegando la realización de los trámites administrativos para detectar y corregir “inmediatamente” las anormalidades, y a su vez, los resultados físicoquímicos y microbiológicos al agua, los argumentos no fueron validados por la autoridad.

Así, el Tribunal Administrativo en septiembre de 2017 confirmó la acción de desacato en contra del Alcalde y el pago de su propio peculio de una multa equivalente a 10 SMMLV.

El Tribunal dejó expuesta la inconformidad, alegando que en más de 11 años no se había dado cumplimiento a la acción popular y la única “excusa propuesta” para ello, era que se venían realizando los trámites administrativos.

Por esta razón, el 17 de diciembre del año pasado, la Sección Primera del Consejo de Estado halló adecuada y proporcional la sanción en contra del Alcalde, y derivada de la acción de desacato dejando en firme la decisión del Tribunal Administrativo.