Los hechos tienen relación con la visita realizada por el candidato presidencial, Gustavo Petro, el pasado 9 de abril a la ciudad y donde efectuó una intervención pública en la plaza Manuel Murillo Toro.

La funcionaria y el contratista, Diego Romero, habrían estado al tanto de la logística del evento protagonizado por Petro.

La indagación por parte del Ministerio Público se da con base en la publicación de una información y unas fotos por parte de un medio de comunicación digital.

“El contratista es un particular”

Justo ayer, el personero municipal, Camilo Ernesto Ossa, remitió al Comité Electoral un concepto donde manifiesta que el contratista, siendo un particular, no le son aplicables las restricciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Garantías como sí a los empleados públicos.

“El contratista de prestación de servicios, al conservar su calidad de particular al contratar con el Estado, no le aplican las prohibiciones o restricciones contempladas en la normativa para la participación en política por parte de los servidores públicos”, advierte Ossa en el concepto.

No obstante, Ossa aclaró que no pueden ejercer estas actividades mientras se encuentren en una entidad pública o, que empleen elementos oficiales para estas labores.

“Si ellos han terminado la labor para lo cual fueron contratados y se dedican a hacer proselitismo, pues no habría ningún problema. Los funcionarios públicos en ningún espacio de tiempo pueden participar en política. Al funcionario sí le está prohibido participar en política y hacemos un llamado de que se abstengan de participar en política, ya que está prohibido tanto por la ley como por la misma Constitución política”.