La Secretaría de Salud municipal puso la alerta ante el posible incumplimiento en que estaría inmersa la Secretaría de Salud del Tolima, la cual tiene bajo su tutela el laboratorio de Salud Pública del Departamento.

Lo anterior, por restringir la realización de los análisis físico químicos y microbiológicos mensuales a las muestras de agua de los acueductos comunitarios de la ciudad y que incluye al Ibal.

Estos resultados permiten conocer el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca) y reportarlos al Sistema de Vigilancia (Sivicap), que permite al Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Salud, hacer un monitoreo en la salud pública de las ciudades.

De acuerdo con Manuel Cuero Villegas, profesional universitario, adscrito a la Dirección de Salud Pública del Municipio, la Administración venía celebrando contratos interadministrativos con la Gobernación, para realizar el análisis de las muestras de agua.

Sin embargo, la Administración departamental se negó a suscribir el acto administrativo por estar en vigencia de la Ley de Garantías.

“Nosotros iniciamos un proceso de contrato interadministrativo entre la Secretaría de Salud municipal - la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación, ya que ellos cuentan con el laboratorio de salud pública del Departamento y nosotros debemos tomar esas muestras para que se realicen los análisis físico químicos y microbiológicos.

“Es decir, la Administración estaba pagando porque nos hicieran estos análisis. Resulta que en ese proceso, en la Gobernación nos dijeron que no firmaban, porque nos encontramos en Ley de Garantías y que esperáramos hasta mitad de año para poder iniciar ese proceso. Pero nosotros tenemos acciones populares encima, y tenemos que cumplir con todos esos fallos”, alegó.

A la fecha, el Municipio no tiene actualizado el reporte del Irca de los 32 acueductos comunitarios urbanos ni del sector rural.

El concepto del Minsalud

Por esta razón, la Secretaría de Salud solicitó al Ministerio de Salud remitir un concepto sobre la posibilidad de suscribir el contrato interadministrativo, pese a estar en vigencia la Ley de Garantías, pues los jurídicos de la entidad “habían dado una línea de que sí se podía” llevar a cabo.

De acuerdo con Cuero Villegas, el concepto es muy claro en advertir que el Municipio puede llevar las muestras sin tener que pagar por el análisis.

“En relación con lo que tiene que ver con la financiación de los exámenes de laboratorio y las fuentes de financiación pública departamental y el distrito capital del decreto 780 de 2016 se emite el siguiente concepto: Por lo anteriormente expuesto, se constituye una competencia legal de sus departamentos, la financiación y la prestación de los servicios de laboratorio de salud pública como soporte de la vigilancia de los entes de interés de salud pública y control sanitario, resultando improcedente jurídicamente, que en actividad de salud departamental pretenda cobrar a sus municipios por la realización de los análisis de laboratorio de interés en salud pública, vigilancia y control sanitario, que más que un servicio constituye una función de apoyo en cumplimiento de la competencia en cuestión y que le es propia al Departamento por disposición legal”, precisa el concepto allegado por el Minsalud.

Con base en el criterio expedido por el Minsalud, la Secretaría de Salud solicitó una reunión extraordinaria a la Gobernación para socializar el cronograma de toma de muestras.

“Lamentablemente no hubo presencia del Departamento, de la Secretaría de Salud Departamental. Posteriormente, oficiamos al Departamento con el cronograma y la semana pasada iniciamos, llevamos las muestras y nos dijeron en el laboratorio que solo nos iban a recibir acciones populares y una muestra por año, lo cual es gravísimo”, manifestó Cuero Villegas.

Las repercusiones a la construcción

El Director de Plan de Ordenamiento Territorial, Ismael Molina, indicó que es “muy sorprendente que la Gobernación le ponga trabas al cumplimiento de sus obligaciones legales”.

“La ciudad requiere los análisis del Irca. Esos análisis se venían haciendo desde hace mucho tiempo donde la Administración municipal le pagaba a la Secretaría de Salud departamental y con eso se producían los reportes del Irca de los 32 acueductos comunitarios, incluido el Ibal.

“El Minsalud determina que eso no se debe pagar, sino que debe hacerse como parte de las condiciones misionales de la Secretaría de Salud del Tolima y la respuesta es que la va hacer una vez al año cuando se requiere una vez al mes.

“Eso me parece que es jugar con la salud pública de Ibagué, pero particularmente con la salud pública de los sectores de más bajos ingresos de la ciudad, que son los que se proveen de agua de los acueductos comunitarios”, puntualizó Molina.

De acuerdo con estadísticas realizadas por la Secretaría de Salud municipal, las personas que beben agua de los acueductos comunitarios, tienen siete veces más riesgo de padecer enfermedades diarreicas.

Por otro lado, en cuanto al decreto 375 expedido para restringir la expedición de licencias de construcción que surten de los acueductos comunitarios, siempre que no garantice el suministro de agua potable, el Director de POT, adujo que con base en la decisión adoptada por la Gobernación, solo se podrían dar respuesta a las constructoras cada año.

“No vamos a poder estar haciendo el cambio del reporte trimestral sobre el Irca y en ese caso la Administración reafirmará el reporte que se le entregó en diciembre y eso conduce a que sólo una vez al año se pueda resolver el problema de las (licencias), si se hace trimestralmente en la medida que los acueductos comunitarios mejoren el servicio, podrán pedir las disponibilidades de agua potable, si no es así, nos veríamos en la obligación de reafirmar lo que nos permita hacer el reporte anualizado y se convertiría el reporte del todo el año”, aseveró Molina.

Dato

Las declaraciones de Manuel Cuero Villegas, profesional universitario, adscrito a la Dirección de Salud Pública, se dieron durante el Comité de Moralización, liderado por la Gerencia de la Contraloría General el pasado viernes.  

Frase

"Esto tiene un efecto gravísimo no solo por los procesos urbanísticos, sino por los daños en la salud, como lo demostró la Secretaría de Salud, el riesgo de enfermedades diarreicas, es siete veces mayor en los acueductos comunitarios que en el resto de la ciudad; es decir, a los pobres se les está quitando la posibilidad de siquiera manejar correctamente sus diagnósticos en salud pública y eso nos parece de inmensa gravedad para la ciudad y los sectores de bajos ingresos", Ismael Molina.