El ‘jalón de orejas’ del Tribunal Administrativo a la Alcaldía

HÉLMER PARRA – EL NUEVO DÍA
El magistrado Andrés Rojas Villa pidió allegar los procesos disciplinarios seguidos contra funcionarios que desde 2010 han desatendido la orden judicial de reubicar a las personas que viven en la ronda hídrica de la quebrada Hato de la Virgen y las medidas cautelares ejecutadas por Cortolima.

El magistrado Andrés Rojas Villa, en audiencia de verificación a la sentencia del Consejo de Estado y en adición al proferido por el del Tribunal Administrativo sobre la acción popular que ordenó la reubicación de las familias asentadas ilegalmente en zona de ronda hídrica de la quebrada Hato de la Virgen, y la recuperación del afluente, hizo un fuerte llamado de atención por el incumplimiento a esta orden.

El magistrado reconoció que aunque se ha dado respuesta a algunos preceptos, el problema de reubicación “definitivamente no se ha cumplido ni se ha empezado a cumplir”.

A la audiencia asistió el gerente del Ibal, José Alberto Girón, delegado por el alcalde Jaramillo, el procurador Ambiental y Agrario, Daniel Rubio, y la subdirectora Administrativa de Cortolima, María Eugenia Saavedra Manrique y demás abogados.

Girón recalcó que el Municipio ha logrado la reubicación de 39 familias y se tiene proyectadas 53 adicionales en el sector de Nazareth.

“Qué tenemos nosotros previsto, porque obviamente las viviendas no brotan de la tierra, estamos con los constructores impulsando la construcción de unas viviendas en el sector de Nazareth, ya presentamos el año pasado (el proyecto) al Fondo de Vivienda para iniciar con 53 unidades y poder reubicar esas personas allí y que quieran ayudarnos a cumplir ese fallo”, destacó el directivo.

El Gerente del Ibal alegó que algunas de estas personas traen a sus familiares antes de la entrega de la vivienda para volver a invadir nuevamente el espacio.

El magistrado Rojas Villa, le recordó a Girón “que la reubicación ya debió darse porque esta orden no es de hace 15 días o hace un mes” y sugirió realizar un censo de la comunidad que habita estos lugares y detectar y verificar si la construcción es antigua o de hace un mes.

“La solución para la reubicación no puede estar sino diferida a máximo un mes, que fue cuando estuvimos en el sector, con eso eliminamos la posibilidad de entender que haya una confianza legítima propiciada por la negligencia de ustedes y que genere una reubicación de las personas que allí están, ¿Entendemos cómo es el tema de la reubicación del espacio público? Así vamos a tono con la doctrina de la Corte Constitucional en el sentido que la invasión del espacio público tiene una explicación en la necesidades sociales como elemento objetivo y activo, pero también tiene una explicación en la negligencia estatal como elemento objetivo y pasivo”.

 

“Un desfase desproporcionado”

El procurador Ambiental y Agrario, Daniel Rubio, informó que según informe realizado por Cortolima, con respecto al número de asentamientos subnormales, existen 639 viviendas en el área de influencia de la cuenca y de las cuales 568 se deben reubicar.

Además, que las cargas contaminantes sobre la quebrada por parte de estos no supera el 5% de los arrojados por el Municipio y el Ibal.

“Hay que tener en cuenta la magnitud y el porcentaje de avance de las 39 familias objeto de reubicación y de las 529 que se deben reubicar (...) además para Cortolima el principal contaminador de la cuenca Hato de la Virgen es el Ibal y el Municipio, solamente en tres puntos de vertimientos Cortolima pudo medir con pruebas de laboratorio que la quebrada recibe al año 514 toneladas de sólidos suspendidos totales en los puntos: El Tunal, Tulio Varón, y Topacio”, expuso el Procurador Ambiental.

Y agregó que aunque en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por Cortolima, mediante la resolución 025 de enero de 2016, fijó como derrotero que para enero de este año se debía haber dado solución a dos de estos vertimientos, no se ha dado cumplimiento.

 

En cintura

A su turno, el magistrado Andrés Rojas Villa aunque reconoció que la orden impartida con respecto a la reubicación fue algo “etérea”, dicha tarea “debió “ser emprendida por parte del alcalde que el 2 febrero de 2010 regentaba los destinos municipales y los Alcaldes posteriores”.

El magistrado solicitó a la Procuraduría allegar para el 4 de julio el informe de los procesos disciplinarios seguidos en contra de los exservidores públicos que han hecho caso omiso a esta situación.

“El procurador Ambiental y Agrario nos rendirá un informe de los procesos disciplinarios porque hay dos delitos que se llaman fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión y se predica del alcalde que recibió la primera orden, sea decir, el alcalde que estaba en funciones el 2 de febrero de 2010 y los alcaldes que sucesivamente han venido ejerciendo el cargo hasta el día de hoy, con los de Cortolima, los gerentes del Ibal, los secretarios a los que posiblemente se aludió la sentencia.

“Ese reporte de asuntos disciplinarios es de vital importancia para que no haya más reuniones estériles, actos simbólicos, sino acciones afirmativas del ente de control que tiene a su cargo la imposición de responsabilidades disciplinarias”, hizo énfasis el Magistrado.

Así mismo, destacó que si la información emitida por la CAR es válida, ya deben existir los correspondientes procesos sancionatorios en contra del Municipio y el Ibal. Por esta razón solicitó allegarlos pero resaltando las medidas cautelares que se han ejecutado y no dictado.

“Se van a privilegiar los procesos sancionatorios y quiero mirar las medidas cautelares de tipo administrativo al amparo del principio de precaución ambiental para que dentro de 10 años no sigamos haciendo ‘cositas’”, precisó Rojas Villa.

 

“Estamos haciendo nuestro trabajo”

El gerente del Ibal, José Alberto Girón, dijo después de la audiencia del Comité de Moralización llevado a cabo el viernes en la Gerencia de la Contraloría General, que se ha cumplido con la acción popular.

“Es un balance muy positivo porque se ha demostrado con documentos, evidencias, reportes fílmicos, fotográficos y estadísticos que la Administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y los entes descentralizados hemos trabajado para darle cumplimiento a esta acción popular, encaminada a descontaminar la fuente hídrica de 5.2 km, a generar conciencia ciudadana en el manejo de los residuos sólidos, es decir aquí hemos mostrado con evidencias contundentes todo lo que hemos hecho. Nos falta sí, y mucho y lo hemos reconocido”, dijo el gerente del Ibal, José Alberto Girón.

El directivo reconoció que se han controlado los vertimientos: 14 para 2016, tres en 2017, y 17 que es esperan en esta vigencia.

 

Dato

La audiencia se llevó a cabo el pasado martes en el Palacio de Justicia. El 18 de julio el magistrado Andrés Rojas Villa y el gerente del Ibal, José Alberto Girón, recorrerán el sector conocido como Jardín Diamante. 

 

Frase

"Como ustedes dieron lugar a que los asentamientos subnormales siguieran creciendo allí, pues ustedes son responsables de ese incumplimiento y ustedes tienen que solucionar la temática", Magistrado Andrés Rojas Villa.

Credito
EL NUEVO DÍA

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