El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Ibagué negó las pretensiones del Consorcio Presea, que reclamaba el pago de tres mil 500 millones de pesos al Ibal en el marco de la ejecución del contrato 081 de 2013 para la gestión comercial.

“El Tribunal de Arbitramento convocado para decidir las diferencias existentes entre consorcio Presea Ibagué, Presea S.A. E.S.P. y Operaciones Presea contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (…) resuelve negar las pretensiones de la demanda”, reza el fallo.

El Consorcio reclamaba dicho pago por el desarrollo de las actividades relacionadas con el catastro de usuarios, el componente variable de la remuneración sobre el diferencial positivo de ingresos del recaudo corriente frente a la línea base, suministro e instalación de medidores, la elaboración de facturas y con los descuentos en la remuneración, imputados al pago de IVA por servicios previstos en las resoluciones de costos de conexión.

“Se pudo demostrar con pruebas idóneas en el curso del proceso que el consorcio Presea Ibagué no cumplió con las obligaciones contractuales pactadas en el contrato No. 081 de 2013, lo que condujo a los árbitros a fallar a favor de la empresa”, refiere en un comunicado el Ibal.

No obstante, el árbitro, Hernando Toro Suárez, hizo salvamento parcial del voto en favor de Presea, en cuanto se debía reconocer al contratista la suma de $37 millones de pesos con base en la factura 53 del 29 de enero de 2015, que fue aprobada por la interventoría y no rechazada por el Ibal en el suministro de e instalación de medidores.

Es de recordar que del Consorcio Presea hacía parte Emdepa S.A. (Empresa de Desarrollo Participativo S.A.), que tenía relación con Aguazul Bogotá S.A.

La Contraloría municipal en auditoría en 2014 al Ibal, determinó la presunta violación de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, al haberse habilitado la propuesta de Presea, sin contar con la experiencia para la prestación del servicio.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, a menos de un mes de resultar electo en 2015, solicitó al exgerente del Ibal, Carlos José Corral, detener la liquidación del contrato con Presea, ya que se le pretendía reconocer una indemnización de mil 363 millones de pesos. Lo anterior, con base en un informe emitido por el entonces jefe financiero del instituto, José Ricardo Carrasco Bachiller, quien advertía que el contratista no había cumplido con el mínimo del recaudo anual.

“En dicho laudo arbitral se negó las pretensiones impetradas por el consorcio Presea y declaró probada la excepción interpuesta por el abogado de la empresa de la inexistencia de la obligación o responsabilidad del Ibal”, precisa el comunicado.