La Auditoría General de la República en vigilancia a la gestión de la Contraloría municipal, estableció 16 hallazgos administrativos y dos con alcance disciplinario para la vigencia 2017.

Dentro de los hallazgos resalta la demora en el traslado de una situación presuntamente irregular a la Procuraduría General y que tiene relación con la prescripción de un proceso de responsabilidad fiscal por 350 millones 725 mil pesos en contra del Ibal.

La prescripción se dio el primero de junio de 2017 cuando ostentaba el cargo el contralor (e) Diego Visash.

No obstante, en el auto se ordenaba dar traslado de los hechos ante las autoridades disciplinarias con el fin de que se investigara a los funcionarios que actuaron en el proceso, a fin de establecer su responsabilidad en cuanto a la prescripción.

Pero este traslado solo se hizo efectivo el 3 de marzo de este año, es decir, alrededor de nueve meses después de quedar ejecutoriada la decisión y cuya responsabilidad directa recaía en el contralor (e) Julio César Vásquez, que tomó posesión del cargo en julio de 2017.

Para la Auditoría General, la tardía remisión a la Procuraduría General “evidencia la falta de control, y desconoce el principio de celeridad de la función pública, que podría generar posibles prescripciones de la conducta disciplinable” en favor de los funcionarios que intervinieron en el proceso.

¿Y cuál era el expediente?

Coincidencialmente, se trata del proceso RF No. 112-0841-013 que fue conocido en primera instancia por la Contraloría departamental del Tolima y por el cual habría sido sancionado el gerente del Ibal, José Alberto Girón, días antes de posesionarse en este cargo en 2016.

Sin embargo, es de resaltar que Girón canceló el monto de la sanción y argumentó no haber sido notificado de la decisión. La segunda instancia, se le asignó a la Contraloría municipal que declaró la prescripción.

Por otra parte, la Auditoría General estableció que en la revisión de cuatro procesos de fallo de responsabilidad, la Contraloría dejó que transcurrieran entre cuatro y siete meses para expedir la decisión de fondo, cuando la ley establece que dicho trámite no debe sobrepasar los 20 días.

Gestión

La AGR calificó de regular la gestión de la Contraloría municipal para 2017, pues se realizaron 69 auditorías en 34 entidades, lo que equivale a una cobertura del 49%. Además, se revisaron 886 contratos por valor de $82 mil 663 millones, que corresponde al 8.1%, respecto al total del presupuesto sujeto de control de $984 mil 417 millones.