Se enrarece el panorama con el contratista que ejecuta la etapa I de la fase Dos del Acueducto Complementario tras la salida de Incsas S.A.S que acreditaba una participación del 25%, y el ingreso de la empresa JJ Incon S.A.S representada legalmente por Jorge Eduardo García Barrera, quien es integrante del consorcio.

En un escueto comunicado el recién posesionado gerente del Ibal, Carlos Fernando Gutiérrez, precisa que esta cesión no se dio a un mismo integrante del consorcio, lo cual iría en contravía del pliego de condiciones y del acta consorcial, y que la salida de Incsas se debe a amenazas que habría recibido el consorcio.

“No es cierto que los integrantes del Consorcio Acueducto Ibagué 2017 hayan cedido su participación a integrante alguno del consorcio; la cesión se dio en particular por la salida del consorciado Incsas SAS, ante las amenazas sufridas por el consorcio, y la validación por parte del comité evaluador de las condiciones de la firma JJ Ingeniería y construcciones SAS de los requisitos habilitantes, de conformidad con el pliego”, reza el comunicado.

Pese a los esfuerzos para que Gutiérrez explicara en qué consistían dichas amenazas, el directivo guardó silencio al igual que el alcalde Guillermo A. Jaramillo quien fue contactado a través de whatsApp.

Para el abogado Luis Felipe Aranzales, lo de las amenazas puede llegar a ser un móvil del integrante para tener la intención de retirarse, pero para esto están los sistemas de protección del Estado.

“Eso no debería afectar los contratos, máxime cuando es una sociedad con una persona jurídica que podría operar con su personal”, aseveró.

Para el abogado, dichas amenazas no son un factor que a primera vista no permita la operación comercial del consorcio máxime si se tiene en cuenta la magnitud del proyecto que ejecuta.

El consorcio Acueducto Complementario 2017 lo integran Consical, Ingenieros GF S.A.S y Conequipos cada una con un 25% de participación y ahora JJ Incon.

Lo que genera suspicacias es el hecho de que Jorge Eduardo García Barrera no solo es el representante de Consical y a su vez de JJ Incon, sino que registra como accionista en el acta de constitución de ambas empresas, registra.

Para Aranzales si bien la cesión a una persona jurídica diferente a los consorciados es legal, la realidad es que los socios de Consical S.A. y los del cesionario JJ Incon son los mismos.

Sin embargo, advierte que al ser JJ una SAS no lleva libro de socios ante la Cámara de Comercio, sino que su libro es de uso privado, lo que podría llevar a que se indique que los socios son otras personas.

Aranzales expone también que la nueva empresa podría funcionar como una subsidiaria de Consical y por es razón estaría en una causal de inhabilidad e incompatibilidad que establece la ley 80.

“Podría pensarse que posiblemente estén bajo la figura de un grupo empresarial no reportado, donde existe control y unidad de propósito, requisitos para que se considere un grupo empresarial, que el Consejo de Estado dejó claro en Concepto Sala de Consulta C.E. 1346 de 2001”.

En la jurisprudencia se señala que cuando se presentan esos casos de matrices y controlantes, “la sociedad propuesta para la cesión no es en realidad de verdad, un tercero, al cual válidamente se le pudiera traspasar el contrato, puesto que se trataría de otra sociedad subordinada a la misma matriz, la cual por su dominio jurídico o económico sobre ella, le podría imponer sus decisiones y su criterio sobre el manejo y la ejecución del contrato”.

Según Aranzales, al tener los mismos socios, no se tendría una representación del 25% sino del 50% en el consorcio, pues la voluntad de ambas empresas es la misma, generando lo que se pretendió prohibir con el artículo 9 de la ley 80, que advierte que “en ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal”.

“Existe un escenario oscuro, pues estamos frente a dos empresas que quieren parecer diferentes, pero que sus socios son los mismos y que posiblemente, aunque sean dos personas jurídicas diferentes, con motivo en que sus socios son iguales, generaría que se considere un grupo empresarial no reportado. Si se llegare a probar las condiciones de grupo empresarial estarían frente a una irregularidad y un quebrantamiento a la ley y al pliego de condiciones.

Es de resaltar que el 13 de septiembre José Alberto Girón, como gerente del Ibal, aprobó la cesión, la cual no fue dada a conocer a la opinión pública.