Las cuentas de lo pagado por la remoción de tierra del Parque Deportivo y La 42 con Quinta, según Revisar

ARCHIVO – EL NUEVO DÍA
La veeduría Revisar, con base en la revisión de las actas parciales por parte del Imdri, advierte que se pagaron mil 389 millones de pesos por la excavación, retiro, cargue y descargue en favor de la finca El Encanto, del exsenador Mauricio Jaramillo.

La Red de Veedurías del Tolima (Revisar), con base en la revisión y análisis de las actas de obra pagadas por parte del Imdri a la Unión Temporal Parque Deportivo 2015 y al consorcio Unidad Deportiva 2015, advierte que en total se cancelaron mil 389 millones de pesos por la excavación, retiro, cargue y descargue de la tierra “presuntamente seleccionada” y que fue a parar a la finca El Encanto, propiedad de los exsenadores Mauricio Jaramillo Martínez y Gabriel Camargo.

Según la Veeduría, la sumatoria total de la tierra proveniente del Parque Deportivo y de la Unidad Deportiva de la calle 42 a “sitio aprobado” correspondió a 92 mil 90 metros cúbicos.

“Las cifras muestran que por los trabajos de excavación mecánica, cargue y transporte de materiales en las obras del Parque Deportivo, se movilizaron 79.508,96 metros cúbicos de tierra presuntamente seleccionada, depositada en el sitio aprobado, posiblemente entre el Imdri y los contratistas”, precisa la Red de Veedurías.

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Y continúa: “en las obras realizadas en el complejo de la Unidad Deportiva calle 42, se movilizaron - según los soportes – 12.581,26 metros cúbicos, lo que nos da un gran total en las dos obras contratadas de 92.090,22 metros cúbicos de tierra, cantidad que serviría o sería suficiente para rellenar un hueco de 150 metros de largo y ancho, por 4.10 metros de profundidad, y que fue a parar a los predios de los exsenadores Mauricio Jaramillo Martínez y Gabriel Camargo Salamanca, habilitados por Cortolima, y en posible detrimento de los intereses de la comunidad y del Municipio”, precisa Revisar.

De acuerdo con el informe, el volumen de tierra descargado en el “sitio aprobado” equivale a seis mil 140 viajes de volqueta dobletroque de 15 M³ cada una.

Se resalta que las actas de recibo de obra están firmadas por el representante legal del contratista, el ingeniero director de obra, la interventoría, la gerencia del Imdri y por el supervisor del contrato, “lo que evidencia que existió estricto control en el envió de esta tierra. Es decir, se trató de un posible complot, en beneficio de particulares y en perjuicio de los intereses de la ciudad y del Municipio”, advierte Revisar.

“Sitio aprobado”

Revisar hace énfasis en la expresión “sitio aprobado”, porque al revisarse el portal de contratación Secop, en los pliegos de condiciones y en las actas de recibo de obras para el pago de excavación mecánica resalta “un detalle muy particular” y es que no se especifica el lugar para el descargue del material.

“En los documentos previos y posteriores a la contratación, se evidencia que se habla de un sitio preestablecido (...) y curiosamente, la distancia medida desde los sitios de las obras al depósito final preacordado, coinciden con el precio pagado al sitio aprobado (ver descripción del ítem en las actas de recibo de obra), y al predio ‘El Encanto’, de propiedad de los exsenadores Camargo y Jaramillo, quienes resultaron posiblemente favorecidos por Cortolima, entidad que habilitó el inmueble para depositar tierra de las excavaciones, tal como se había previsto en los pliegos de condiciones de la contratación pública fallida, porque después se realizó mediante contratación directa”, precisa la veeduría Revisar.

Además, recuerda que Jorge Alexánder Pérez Torres (‘El Chatarrero’) en declaraciones a la Fiscalía 22 seccional, y dadas a conocer durante la audiencia de imputación contra el exalcalde Luis H. Rodríguez (12 de noviembre de 2017), indicó que “en cuanto a los escombros quiero enfatizar que esto fue un negocio que estableció el exsenador Mauricio Jaramillo con Arturo Giraldo, quienes se apropiaron del recebo y todo lo saliente del movimiento de tierras, así se benefició él por tener el manejo en Cortolima”.

También que fue Pérez, quien afirmó que “ellos se quedaron con más del 50 por ciento del movimiento de tierra... Estamos hablando por ahí de unos mil 500 millones de pesos”, sin desligar a Orlando Arciniegas y a Luis H. Rodríguez.

Sin embargo, Revisar advierte que hay versiones contradictorias y fue Giraldo, en declaración entregada al diario EL NUEVO DÍA, y publicada el 14 de noviembre de 2017, quien desmintió la anterior aseveración al expresar que “yo no quiero entrar en cifras, pero no fue más de 100 millones de pesos (...) no son los mil quinientos millones de pesos que el señor está diciendo, pero nosotros le facturamos fue a Almodena”.

Cabe resaltar que según Revisar, Giraldo fue “el gran beneficiado con la casi totalidad de los contratos de excavación proveniente de las obras por más de tres mil millones y una suma superior a $250 millones para el Estadio Murillo Toro”.

¿’El Encanto’, la gran beneficiada?

Para la Veeduría, la mención hecha por ‘El Chatarrero’ con respecto al exsenador Jaramillo ante la Fiscalía, “no solo lo enreda por haber posiblemente recibido altas sumas de dinero del mayor caso de corrupción en la historia del Tolima, sino por el enorme beneficio que tanto él como el también exsenador y actual propietario del Deportes Tolima, Gabriel Camargo Salamanca, recibieron al depositarse en sus predios tierra presuntamente seleccionada, que sin ningún costo, utilizaron para nivelar el predio ‘El Encanto’, en el que Camargo compró 13 hectáreas y donde construyó seis canchas de fútbol idénticas en dimensión a la del estadio Manuel Murillo Toro, cinco con grama natural especial y una con grama sintética”.

Sin embargo, advierte que ante los medios de comunicación y mediante rueda de prensa previamente convocada, Jaramillo acompañado de “sus torres y alfiles liberales”, desmintió la sindicación de Pérez Torres, a quien dijo haber denunciado penalmente por injuria y calumnia, y atribuyó su dicho a una retaliación contra él por la actuación de su hermano - el Alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez - como liquidador de los contratos adjudicados a dedo en el Gobierno de Luis H. Rodríguez”.

No obstante, para Revisar “fue peor el remedio que la enfermedad, porque la Administración actual, ha sido al parecer omisa, probablemente encubridora y negligente para que no se sancionen a los responsables, entre estos actos tenemos: no se declararon caducidades, no se hicieron efectivas las pólizas, no se aplicaron multas y se continuó con un equipo de trabajo reducido, inexperto y posiblemente sumiso, para que probablemente no se adentrara en una verdadera investigación, sanciones y alertas (...) se conformó un equipo muy inferior y con las mismas delegaciones que Luis H. Rodríguez había asignado a un equipo mediocre y que tenía solo el fin de hacer posiblemente lo convenido”.

Por último, advierte que aunque la última palabra la tiene la Fiscalía que investiga los hechos de corrupción, la pregunta a formular es “por qué razón la Fiscalía General de la Nación mantiene en el olvido las múltiples evidencias que marcan una línea investigativa hacia la clase política regional y nacional, que aunque ha sido de manera tenue mencionada, se mantiene sin vinculación judicial (...) todo indica que a la clase política regional y nacional, la mano de la justicia no llegará”

DATOS

* Como Red de Veedurías quisimos profundizar y contrastar las versiones de algunos protagonistas que hablan de una millonaria vena rota de recursos que bajo la figura de “excavación, cargue, transporte y disposición de tierra en sitio aprobado y escombros”, se pagaron en las tres grandes obras contratadas (Parque Deportivo, escenarios Calle 42 y estadio de fútbol Manuel Murillo Toro), en posible favor a personas en particular y en detrimento del erario del Municipio. 

* La última acta de recibo de obra fue suscrita por Jaime Humberto Rivera Cuéllar, representante de la UT Parque Deportivo 2015; Alexandra Borrero, firma interventora; Carlos Heberto Ángel, gerente del Imdri, Juan Pablo Córdoba, director de Obra; Diego Fonseca, interventoría y Mauricio Campos Del Cairo, supervisor de contratos del Imdri. 

Credito
EL NUEVO DÍA

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