El objeto era la construcción de las obras de conexión para los vertimientos de aguas residuales de los barrios Villa del Río y Baltazar parte baja y suscrito con el ingeniero Mario Gabriel Jiménez Martínez.

La cuantía inicial fue de $383 millones 794 mil y adicionado en 191 millones 389 mil pesos.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General se pagó un mayor valor por $97 millones 109 mil, en favor del contratista.

Para el órgano de control hubo un incremento injustificado en la utilidad del contratista por la suma de $76 millones; un mayor valor pagado por el diseño de un viaducto por una cuantía de $15 millones cuando solo se pagó a un tercero un millón de pesos; además del reconocimiento de $6 millones 802 mil por excavación de roca que se pagó como ítem no previsto cuando existía el ítem para saldar la cuenta.

Así mismo, advirtió que “el beneficio económico justo a pagar al contratista no puede aumentar a voluntad de este y que el equilibrio contractual no solo puede romper en detrimento del privado, sino que también de la entidad contratante”.

Refiere la Contraloría General que los costos directos, imprevistos y utilidad fueron reconocidos en su totalidad en los pagos efectuados por Cortolima, por lo que el contratista no podía reclamar una utilidad adicional a la pactada inicialmente en el contrato.

Por otro lado, se hace claridad que el contrato fue producto del convenio 019 suscrito entre Cortolima y el Ibal donde la empresa entregó los estudios previos y diseños a detalle de las obras y que sirvió de insumo para la ejecución del proyecto.

Es de destacar que la Procuraduría Segunda Delegada vinculó a la investigación a Nelsy Lidia Cruz como interventora del contrato.

Para la Contraloría hubo falta de seguimiento por parte de la interventoría y la supervisión de incorrectas decisiones del contratista.