Según lo expuesto por la Administración, esta decisión se habría tomado con el ánimo de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, a la contradicción y a la defensa de el contratista.

Cabe recordar, que dicha polémica se desató debido al valor por la que se celebró este contrato cuya suma corresponde a los $2 mil 964 millones, así como a la modalidad de contratación que fue de manera directa con la sociedad, que en su momento aseguró era la única autorizada para traer a los artistas, particularmente a Vives.

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Carolina Barrios, luego de conocer dichos documentos, indicó que se encuentra analizando el tema con sus abogados para empezar a tomar decisiones.

Por su parte desde el equipo jurídico de la Administración, se indicó que se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte de la empresaria, respetando el debido proceso, toda vez que tiene dos días hábiles para realizar ante quien ejerce la ordenación del gasto, las consideraciones pertinentes.

En su momento, el presidente del Concejo, Juan Pablo Salazar, indicó que este contrato debía ser liquidado, luego de una serie de irregularidades que se hallaron en el informe que brindó la Secretaría de Cultura al Cabildo, en la etapa contractual y en los costos del mismo.

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Asimismo, la Personería municipal anunció la investigación disciplinaria a la jefe de cartera de Cultura, Cristina Prada, al considerar de igual manera una serie de falencias que podrían afectar los principios de contratación estatal, concretamente el de economía, planeación, y selección objetiva, al usarse una contratación directa para presuntamente evadir un proceso licitatorio, así como un posible sobrecosto en el servicio que contrató la Administración municipal.