Consorcio Atria 2015 denunció en la Fiscalía a Secretaria de Medio Ambiente

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
El contratista aseguró que en la obra la responsabilidad también es del Municipio y que cuenta con toda la documentación para demostrar el incumplimiento por parte de la Administración.

El Consorcio Atria 2015, encargado de la construcción y obras del tanque de la zona Industrial, denunció y recusó ante la Fiscalía, a la secretaria de Medio Ambiente, Amparo Cortés, así como al abogado Asesor, Diego López, por presuntas irregularidades del Municipio en un proceso sancionatorio contractual.

Según explicó Jorge Triana, representante legal del Consorcio, la Administración vulneró derechos y garantías del debido proceso, por lo que se acusa a los funcionarios del Municipio por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y abuso de Función Pública.

El Consorcio Atria 2015, fue el contratista que ganó el proceso de licitación que comprendía el suministro e instalación de la línea de conducción desde la calle 29 hasta la Fiscalía, al igual que de la Fiscalía a Mirolindo y a Picaleña, así como la construcción del tanque de almacenamiento, el cual tenía como tiempo de ejecución un período de cinco meses y en la actualidad, a punto de completar cuatro años, no ha sido culminado.

 

“Consorcio no incumplió”

Triana indicó que desde el primer momento quien ha incumplido es el Municipio, que no entregó los permisos ambientales y de servidumbres, incluso aseguró que algunos habrían sido adelantados por el mismo Consorcio.

“Las obras no se han podido adelantar principalmente por falta de permisos, por todos los trámites que se han tenido que realizar, que le correspondían al Municipio y que al contratista le tocó asumir, tanto así que el permiso de Cortolima que ha debido salir a nombre del Municipio, salió fue a nombre del consorcio”, indicó el representante.

Aseguró que el compromiso del consorcio siempre ha sido quedarse hasta que sea terminada la obra, que en la actualidad presenta un 62% de ejecución, pero que, al parecer, sería la Administración la que no quiere que se haga.

 

Proceso de incumplimiento

El contratista sostuvo que desde el inicio de obra en 2015 el contrato ha tenido cinco suspensiones, en la última se llegó a un acuerdo para que se invirtieran nuevos recursos para la obra, algo que no sucedió.

Hasta el momento, el Municipio habría desembolsado los recursos de cinco actas, un poco más de $5 mil millones.

Triana además sostuvo que para el 4 de abril estaba previsto culminara la última suspensión a la que se le solicitó una prórroga, pues se pretendía hacer la terminación del contrato; sin embargo, no se allegó ningún documento y por el contrario se ordenó reiniciar el contrato, pese a que para esa fecha se vencía, así como la interventoría.

“El Municipio como el 4 de abril no arrancamos obra, nos está haciendo un proceso de presunto incumplimiento, que es un poco incoherente con esta situación”, aseveró el representante legal.

Y agregó: “Por la ineficiencia de los funcionarios, nos quieren hacer responsables de que no entregamos una obra a la comunidad de Ibagué”.

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